El chavismo entorpece el camino de la oposición hacia las elecciones
El Gobierno de Maduro impuso a los partidos la obligación de renovar sus registros, so pena de quedar fuera de la ley.
Ewald Scharfenberg
Caracas, El País
En su última sesión del martes, los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aprobaron el procedimiento de renovación de las nóminas de los partidos políticos. La resolución busca dar cumplimiento a una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también dominado por el oficialismo, según la cual los partidos que no participaron con sus señas en los dos últimos procesos electorales o que, habiendo participado, no hayan alcanzado el 1% de los sufragios en 12 de las 24 circunscripciones regionales, deberían volver a registrar a sus militantes ante el organismo.
La medida afectaría a 59 organizaciones políticas y, entre ellas, a una veintena de partidos que en las pasadas elecciones se presentaron bajo la marca colectiva de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), dejando a un lado sus propias insignias.
El CNE ha dispuesto 10 fines de semana, desde el próximo 18 de febrero y hasta el 23 de abril, para que los partidos políticos consignen sus listados de militantes, en número no menor al 0,5% de la población, y que estos acudan a unos 300 puntos en todo el país para ratificar su voluntad de seguir inscritos en esas nóminas. A efectos prácticos, esto deja menos de dos días, de siete horas laborales cada uno, para que los partidos completen la gestión. Según distintos expertos, el calendario ha sido diseñado para que no se cumpla.
“El régimen chavomadurista prepara elecciones a la nicaragüense sin partidos opositores y falsos candidatos opositores escogidos por el Gobierno”, denunció en su cuenta en Twitter el expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) y líder del partido Acción Democrática (AD) —uno de los obligados a participar en el nuevo registro—, Henry Ramos Allup.
El exrepresentante de la oposición entre los rectores del CNE, Vicente Díaz, afirmó que la iniciativa busca “perfilar una democracia sin partidos” al sopesar que “no todo el mundo tiene la capacidad económica y física de ir a los centros electorales que estime el CNE”.
El caso nicaragüense
Las alusiones a Nicaragua refieren a las recientes elecciones presidenciales de ese país el pasado noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega fue ratificado sin la competencia de los partidos opositores de mayor peso, intervenidos o descalificados con anterioridad a través de subterfugios legales.
Si bien la alianza opositora MUD, como receptora de la mayoría de los votos en los últimos comicios, de elección de diputados a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, está exenta del nuevo empadronamiento, lleva sobre sí su propia espada de Damocles: una demanda ante el Supremo por el supuesto fraude cometido por la organización durante la recolección de firmas para solicitar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro el año pasado. Se espera que la acción, introducida en diciembre pasado por el oficialista alcalde del Municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, también expresidente del organismo electoral, prospere.
El Gobierno, en horas bajas de popularidad en medio de una grave crisis económica y de abastecimiento, no solo consiguió —gracias a su égida sobre el CNE— evitar el frustrado referéndum, sino que pospuso las elecciones de gobernadores y alcaldes, previstas en el calendario oficial para 2016. Pero no está claro que pueda seguir aplazando más citas en las urnas sin que corra el riesgo de perder la carta del respaldo popular, que legitima al régimen.
El número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, no tuvo empacho en revelar la estrategia oficialista en una declaración el 25 de enero: “Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido”, advirtió a los opositores. “La MUD, a pesar de estar registrada, le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”.
Caracas, El País
En su última sesión del martes, los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aprobaron el procedimiento de renovación de las nóminas de los partidos políticos. La resolución busca dar cumplimiento a una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también dominado por el oficialismo, según la cual los partidos que no participaron con sus señas en los dos últimos procesos electorales o que, habiendo participado, no hayan alcanzado el 1% de los sufragios en 12 de las 24 circunscripciones regionales, deberían volver a registrar a sus militantes ante el organismo.
La medida afectaría a 59 organizaciones políticas y, entre ellas, a una veintena de partidos que en las pasadas elecciones se presentaron bajo la marca colectiva de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), dejando a un lado sus propias insignias.
El CNE ha dispuesto 10 fines de semana, desde el próximo 18 de febrero y hasta el 23 de abril, para que los partidos políticos consignen sus listados de militantes, en número no menor al 0,5% de la población, y que estos acudan a unos 300 puntos en todo el país para ratificar su voluntad de seguir inscritos en esas nóminas. A efectos prácticos, esto deja menos de dos días, de siete horas laborales cada uno, para que los partidos completen la gestión. Según distintos expertos, el calendario ha sido diseñado para que no se cumpla.
“El régimen chavomadurista prepara elecciones a la nicaragüense sin partidos opositores y falsos candidatos opositores escogidos por el Gobierno”, denunció en su cuenta en Twitter el expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) y líder del partido Acción Democrática (AD) —uno de los obligados a participar en el nuevo registro—, Henry Ramos Allup.
El exrepresentante de la oposición entre los rectores del CNE, Vicente Díaz, afirmó que la iniciativa busca “perfilar una democracia sin partidos” al sopesar que “no todo el mundo tiene la capacidad económica y física de ir a los centros electorales que estime el CNE”.
El caso nicaragüense
Las alusiones a Nicaragua refieren a las recientes elecciones presidenciales de ese país el pasado noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega fue ratificado sin la competencia de los partidos opositores de mayor peso, intervenidos o descalificados con anterioridad a través de subterfugios legales.
Si bien la alianza opositora MUD, como receptora de la mayoría de los votos en los últimos comicios, de elección de diputados a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, está exenta del nuevo empadronamiento, lleva sobre sí su propia espada de Damocles: una demanda ante el Supremo por el supuesto fraude cometido por la organización durante la recolección de firmas para solicitar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro el año pasado. Se espera que la acción, introducida en diciembre pasado por el oficialista alcalde del Municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, también expresidente del organismo electoral, prospere.
El Gobierno, en horas bajas de popularidad en medio de una grave crisis económica y de abastecimiento, no solo consiguió —gracias a su égida sobre el CNE— evitar el frustrado referéndum, sino que pospuso las elecciones de gobernadores y alcaldes, previstas en el calendario oficial para 2016. Pero no está claro que pueda seguir aplazando más citas en las urnas sin que corra el riesgo de perder la carta del respaldo popular, que legitima al régimen.
El número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, no tuvo empacho en revelar la estrategia oficialista en una declaración el 25 de enero: “Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido”, advirtió a los opositores. “La MUD, a pesar de estar registrada, le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”.
