Un tribunal de Seúl deniega la detención del heredero de Samsung
Los fiscales habían pedido su arresto por cargos de soborno en el caso de la "Rasputina" surcoreana
Macarena Vidal Liy
Pekín, El País
Un tribunal de Seúl denegó este jueves la orden de arresto que solicitaba la Fiscalía especial contra el heredero del imperio Samsung, “Jay” Lee Jae-yong. Aunque Lee continúa siendo sospechoso en el caso de corrupción y tráfico de influencias que ha costado la destitución a la presidenta surcoreana Park Geun-hye, la corte decidió “a estas alturas de la investigación” no estaba justificado encarcelar a uno de los hombres más poderosos del país.
La decisión supone un alivio para el mayor conglomerado empresarial surcoreano y un revés para los fiscales que esperaban extender a otros poderosos “chaebol” (los grupos de empresas familiares ejes de la economía del país) la investigación sobre el mayor escándalo en la vida política de la nación en décadas.
Lee, que había pasado la noche en un centro de detención a la espera de que el tribunal del Distrito Central de Seúl se pronunciase, regresó a primeras horas de la mañana a su domicilio sin hacer declaraciones a la prensa. Un comunicado de Samsung ha expresado la satisfacción del grupo porque se pueda continuar adelante con el esclarecimiento del caso “sin necesidad de una detención”.
“Es lamentable la denegación de la orden de arresto”, ha declarado el portavoz de la Fiscalía especial, Lee Kyu-chul. Pese a todo, “continuaremos la investigación sin flaquear”, agregó.
Para los fiscales, Lee Jae-yong dio el visto bueno personalmente a que Samsung pagara cerca de 36 millones de dólares, en donaciones y contratos, a fundaciones y empresas bajo el control de Choi Soon-sil, la amiga de la presidenta Park que protagoniza el escándalo. Ese dinero tenía como fin, según la acusación, conseguir que el servicio nacional de pensiones, un accionista clave, diera el visto bueno a una controvertida fusión de dos de las empresas del grupo. Samsung necesitaba llevarla a cabo para que Lee consolidara su control del conglomerado. El fondo de pensiones estatal acabó aprobando la operación y el lunes el exministro de Sanidad Moon Hyung-pyo quedó formalmente acusado de haber presionado de manera indebida a sus funcionarios para que la facilitaran.
Choi, de 60 años y apodada la “Rasputina” surcoreana por su influencia sobre la jefa de Estado, se encuentra detenida desde noviembre como sospechosa de haberse aprovechado de su relación con Park para recibir, con la connivencia de la presidenta, cerca de 70 millones de dólares de las grandes empresas del país.
No es la primera vez que la Justicia surcoreana investiga a los gigantes empresariales del país. Pero aunque no es inusual que los directivos sean declarados culpables, sí lo es que acaben yendo a la cárcel. Dado su peso en la economía -solo Samsung representa una quinta parte del PIB nacional-, se les suele aplazar el cumplimiento de la pena y el jefe de Estado les concede un perdón especial.
Ese ha sido, en dos ocasiones, el caso del padre de Lee, Lee Kun-hee, el hombre más rico de Corea del Sur. El presidente de Samsung, hospitalizado desde 2014 a causa de un infarto, recibió una amnistía presidencial en dos ocasiones, en 1996 y 2008, tras ser condenado por soborno y evasión de impuestos.
El Partido Demócrata, el principal de la oposición, ha acusado al tribunal de haber tratado al vicepresidente de Samsung Electronics con guante de terciopelo. “La presidenta ha quedado inhabilitada y Choi está detenida… pero Samsung no tiene problemas”, indicó en un comunicado.
Los sucesivos gobiernos del país han prometido limitar la influencia de los “chaebol” y reducir su desmesurado peso en la economía, aunque nunca con éxito.
La Asamblea Nacional aprobó el 9 de diciembre la destitución de Park en un escándalo que ha generado manifestaciones masivas de protesta de los ciudadanos, asombrados de hasta qué punto Choi ejercía su influencia sobre la presidenta y tenía acceso a documentación clasificada.
El Tribunal Constitucional tiene hasta junio para decidir si la inhabilitación de la jefa de Estado es procedente. En caso afirmativo, Corea del Sur tendría que celebrar elecciones en un plazo de 60 días.
Pekín, El País
Un tribunal de Seúl denegó este jueves la orden de arresto que solicitaba la Fiscalía especial contra el heredero del imperio Samsung, “Jay” Lee Jae-yong. Aunque Lee continúa siendo sospechoso en el caso de corrupción y tráfico de influencias que ha costado la destitución a la presidenta surcoreana Park Geun-hye, la corte decidió “a estas alturas de la investigación” no estaba justificado encarcelar a uno de los hombres más poderosos del país.
La decisión supone un alivio para el mayor conglomerado empresarial surcoreano y un revés para los fiscales que esperaban extender a otros poderosos “chaebol” (los grupos de empresas familiares ejes de la economía del país) la investigación sobre el mayor escándalo en la vida política de la nación en décadas.
Lee, que había pasado la noche en un centro de detención a la espera de que el tribunal del Distrito Central de Seúl se pronunciase, regresó a primeras horas de la mañana a su domicilio sin hacer declaraciones a la prensa. Un comunicado de Samsung ha expresado la satisfacción del grupo porque se pueda continuar adelante con el esclarecimiento del caso “sin necesidad de una detención”.
“Es lamentable la denegación de la orden de arresto”, ha declarado el portavoz de la Fiscalía especial, Lee Kyu-chul. Pese a todo, “continuaremos la investigación sin flaquear”, agregó.
Para los fiscales, Lee Jae-yong dio el visto bueno personalmente a que Samsung pagara cerca de 36 millones de dólares, en donaciones y contratos, a fundaciones y empresas bajo el control de Choi Soon-sil, la amiga de la presidenta Park que protagoniza el escándalo. Ese dinero tenía como fin, según la acusación, conseguir que el servicio nacional de pensiones, un accionista clave, diera el visto bueno a una controvertida fusión de dos de las empresas del grupo. Samsung necesitaba llevarla a cabo para que Lee consolidara su control del conglomerado. El fondo de pensiones estatal acabó aprobando la operación y el lunes el exministro de Sanidad Moon Hyung-pyo quedó formalmente acusado de haber presionado de manera indebida a sus funcionarios para que la facilitaran.
Choi, de 60 años y apodada la “Rasputina” surcoreana por su influencia sobre la jefa de Estado, se encuentra detenida desde noviembre como sospechosa de haberse aprovechado de su relación con Park para recibir, con la connivencia de la presidenta, cerca de 70 millones de dólares de las grandes empresas del país.
No es la primera vez que la Justicia surcoreana investiga a los gigantes empresariales del país. Pero aunque no es inusual que los directivos sean declarados culpables, sí lo es que acaben yendo a la cárcel. Dado su peso en la economía -solo Samsung representa una quinta parte del PIB nacional-, se les suele aplazar el cumplimiento de la pena y el jefe de Estado les concede un perdón especial.
Ese ha sido, en dos ocasiones, el caso del padre de Lee, Lee Kun-hee, el hombre más rico de Corea del Sur. El presidente de Samsung, hospitalizado desde 2014 a causa de un infarto, recibió una amnistía presidencial en dos ocasiones, en 1996 y 2008, tras ser condenado por soborno y evasión de impuestos.
El Partido Demócrata, el principal de la oposición, ha acusado al tribunal de haber tratado al vicepresidente de Samsung Electronics con guante de terciopelo. “La presidenta ha quedado inhabilitada y Choi está detenida… pero Samsung no tiene problemas”, indicó en un comunicado.
Los sucesivos gobiernos del país han prometido limitar la influencia de los “chaebol” y reducir su desmesurado peso en la economía, aunque nunca con éxito.
La Asamblea Nacional aprobó el 9 de diciembre la destitución de Park en un escándalo que ha generado manifestaciones masivas de protesta de los ciudadanos, asombrados de hasta qué punto Choi ejercía su influencia sobre la presidenta y tenía acceso a documentación clasificada.
El Tribunal Constitucional tiene hasta junio para decidir si la inhabilitación de la jefa de Estado es procedente. En caso afirmativo, Corea del Sur tendría que celebrar elecciones en un plazo de 60 días.
