La Casa Blanca abre una seria crisis constitucional
La Administración Trump asegura que el veto no afectará a los residentes legales pero no logra aclarar la confusión creada por la orden ejecutiva
Cristina F. Pereda
Corresponsal en Estados Unidos
Washington, El País
Tras las numerosas protestas en contra de la prohibición de entrar en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de naciones de mayoría musulmana, el presidente Donald Trump ha desplegado a los principales miembros de su equipo para defender su orden ejecutiva más agresiva de los último días. A última hora del sábado, una juez federal de Nueva York suspendió partes clave del decreto migratorio a las pocas horas de entrar en vigor, pero el caos y la confusión siguen reinando en los aeropuertos dentro y fuera de EE UU ante las dudas de quién puede o no entrar en el país.
Mientras la Casa Blanca minimizaba el impacto, varios congresistas demócratas se desplazaron hasta los aeropuertos donde aún permanecen detenidos varios extranjeros a pesar de tener permiso para entrar en el país. El representante demócrata Don Beyer denunció la "crisis constitucional" provocada por la orden de Trump ya que los agentes fronterizos han negado el acceso de los abogados a sus clientes, detenidos a pesar de la orden judicial a su favor. Los legisladores acusan a los agentes de desacatar una sentencia legal, lo que tendría implicaciones graves.
Las críticas al veto de Trump han llegado a su propio partido. En un comunicado conjunto, los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain expresaron su temor a que el veto "ayude más a reclutar terroristas que a mejorar nuestra seguridad". Los dos legisladores afirman que la orden ejecutiva entró en vigor sin que la Casa Blanca consultase apenas con el Departamento de Defensa, de Estado ni de Justicia, a pesar de que todos ellos están involucrados en su puesta en funcionamiento.
Los fiscales generales de 16 estados emitieron este domingo una declaración conjunta en la que condenan el decreto presidencial. "Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump", afirman los fiscales, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania.
La Casa Blanca se defiende
El jefe de Gabinete del presidente, Rience Priebus, declaró este domingo que el Gobierno no descarta “llevar aún más lejos” la medida aprobada este viernes contra la inmigración y que la lista de siete países puede verse ampliada “a su debido tiempo”. Preguntado por el periodista de NBC acerca de los detalles de la orden ejecutiva, Priebus añadió después que el veto no afecta a quienes ya poseen un permiso de residencia legal en EE UU, conocido como Green Card. Sin embargo, después añadió que esas personas serán sometidas a “un mayor escrutinio” y que la veintena de afectados que aún están detenidos “podrán salir al exterior en pocas horas mientras no se demuestre que son mala gente".
Pese a que Priebus habló de una veintena de afectados, el Departamento de Seguridad Nacional informó que se negó la entrada a 109 personas que viajaban a EE UU cuando entró en vigor la orden y otras 173 fueron retenidas antes de embarcar el vuelo. El decreto sorprendió a muchos residentes legales que, a pesar de llevar décadas viviendo legalmente en EE UU, se encontraban en su país de origen y desconocen si podrán entrar nuevamente.
“Si eres un ciudadano estadounidense que no para de ir y venir de Libia, podrías acabar siendo objeto de aún más interrogatorios", declaró el jefe de Gabinete en NBC, aunque no terminó de explicar cómo afectará la restricción a los poseedores de una Green Card. “Es una medida a discreción de las autoridades aduaneras. No digo que esté en la orden, pero la autoridad aduanera tiene la capacidad de realizar preguntas a esta gente”.
La sentencia judicial
Este sábado, el dictamen de una juez federal en Nueva York añadió aún más confusión al caos provocado en aeropuertos de todo el país. En el extranjero, el decreto de Trump llevó a muchas aerolíneas a impedir que embarcasen pasajeros que iban a ser vetados a su llegada a EE UU a pesar de que contaban con los documentos en regla y aprobados incluso antes de que el presidente tomara posesión del cargo.
La juez federal ha suspendido la aplicación en todo el país de una parte del decreto: el Gobierno de Trump debe admitir a aquellos inmigrantes y refugiados con documentos en regla que ya estuvieran en el aeropuerto y a quienes la firma del decreto hubiera encontrado de camino a Estados Unidos. La magistrada se pronunció tras la demanda presentada por varias organizaciones de derechos civiles para impedir que los dos primeros iraquíes detenidos en el aeropuerto de Nueva York no fueran deportados a su país.
La norma, sin embargo, sigue en vigor y aquellos que aún no hubieran iniciado el viaje no podrán cruzar la frontera estadounidense, como ha indicado el Departamento de Seguridad Nacional este domingo. “Las órdenes ejecutivas de Trump siguen en vigor. La prohibición de viajar se mantiene y el Gobierno de EE UU conserva su derecho de revocar visados si así lo requiere la seguridad nacional”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de aplicar las medidas migratorias. “Aplicaremos todos los decretos del presidente de manera que garantice la seguridad de todo el pueblo americano”.
La Administración Trump ha defendido desde este sábado que estaban “totalmente preparados” para aplicar el decreto presidencial y que, según Priebus, ha funcionado “con normalidad”. La medida fue recibida sin embargo por numerosas protestas en todo el país para rechazar el cierre de las fronteras a los refugiados y la exclusión de inmigrantes musulmanes. En los principales aeropuertos de todo el país se citaron desde ciudadanos anónimos hasta abogados voluntarios para ayudar a los detenidos y legisladores demócratas que condenaron públicamente el decreto de Trump.
Los afectados por la orden ejecutiva de Trump
Los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Irak, Irán, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen) no podrán entrar en EE UU durante 90 días desde la firma de la orden, el 27 de enero
Residentes legales en EE UU que hayan nacido en uno de esos siete países deben dirigirse al consulado estadounidense para ser sometidos al “veto extremo” impuesto por Trump. Los funcionarios de la Embajada decidirán si pueden viajar analizando “caso por caso”
Los refugiados sirios tienen prohibida la entrada en EE UU de manera indefinida
Los refugiados de otros países están vetados durante 120 días desde la entrada en vigor de la orden
Corresponsal en Estados Unidos
Washington, El País
Tras las numerosas protestas en contra de la prohibición de entrar en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de naciones de mayoría musulmana, el presidente Donald Trump ha desplegado a los principales miembros de su equipo para defender su orden ejecutiva más agresiva de los último días. A última hora del sábado, una juez federal de Nueva York suspendió partes clave del decreto migratorio a las pocas horas de entrar en vigor, pero el caos y la confusión siguen reinando en los aeropuertos dentro y fuera de EE UU ante las dudas de quién puede o no entrar en el país.
Mientras la Casa Blanca minimizaba el impacto, varios congresistas demócratas se desplazaron hasta los aeropuertos donde aún permanecen detenidos varios extranjeros a pesar de tener permiso para entrar en el país. El representante demócrata Don Beyer denunció la "crisis constitucional" provocada por la orden de Trump ya que los agentes fronterizos han negado el acceso de los abogados a sus clientes, detenidos a pesar de la orden judicial a su favor. Los legisladores acusan a los agentes de desacatar una sentencia legal, lo que tendría implicaciones graves.
Las críticas al veto de Trump han llegado a su propio partido. En un comunicado conjunto, los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain expresaron su temor a que el veto "ayude más a reclutar terroristas que a mejorar nuestra seguridad". Los dos legisladores afirman que la orden ejecutiva entró en vigor sin que la Casa Blanca consultase apenas con el Departamento de Defensa, de Estado ni de Justicia, a pesar de que todos ellos están involucrados en su puesta en funcionamiento.
Los fiscales generales de 16 estados emitieron este domingo una declaración conjunta en la que condenan el decreto presidencial. "Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump", afirman los fiscales, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania.
La Casa Blanca se defiende
El jefe de Gabinete del presidente, Rience Priebus, declaró este domingo que el Gobierno no descarta “llevar aún más lejos” la medida aprobada este viernes contra la inmigración y que la lista de siete países puede verse ampliada “a su debido tiempo”. Preguntado por el periodista de NBC acerca de los detalles de la orden ejecutiva, Priebus añadió después que el veto no afecta a quienes ya poseen un permiso de residencia legal en EE UU, conocido como Green Card. Sin embargo, después añadió que esas personas serán sometidas a “un mayor escrutinio” y que la veintena de afectados que aún están detenidos “podrán salir al exterior en pocas horas mientras no se demuestre que son mala gente".
Pese a que Priebus habló de una veintena de afectados, el Departamento de Seguridad Nacional informó que se negó la entrada a 109 personas que viajaban a EE UU cuando entró en vigor la orden y otras 173 fueron retenidas antes de embarcar el vuelo. El decreto sorprendió a muchos residentes legales que, a pesar de llevar décadas viviendo legalmente en EE UU, se encontraban en su país de origen y desconocen si podrán entrar nuevamente.
“Si eres un ciudadano estadounidense que no para de ir y venir de Libia, podrías acabar siendo objeto de aún más interrogatorios", declaró el jefe de Gabinete en NBC, aunque no terminó de explicar cómo afectará la restricción a los poseedores de una Green Card. “Es una medida a discreción de las autoridades aduaneras. No digo que esté en la orden, pero la autoridad aduanera tiene la capacidad de realizar preguntas a esta gente”.
La sentencia judicial
Este sábado, el dictamen de una juez federal en Nueva York añadió aún más confusión al caos provocado en aeropuertos de todo el país. En el extranjero, el decreto de Trump llevó a muchas aerolíneas a impedir que embarcasen pasajeros que iban a ser vetados a su llegada a EE UU a pesar de que contaban con los documentos en regla y aprobados incluso antes de que el presidente tomara posesión del cargo.
La juez federal ha suspendido la aplicación en todo el país de una parte del decreto: el Gobierno de Trump debe admitir a aquellos inmigrantes y refugiados con documentos en regla que ya estuvieran en el aeropuerto y a quienes la firma del decreto hubiera encontrado de camino a Estados Unidos. La magistrada se pronunció tras la demanda presentada por varias organizaciones de derechos civiles para impedir que los dos primeros iraquíes detenidos en el aeropuerto de Nueva York no fueran deportados a su país.
La norma, sin embargo, sigue en vigor y aquellos que aún no hubieran iniciado el viaje no podrán cruzar la frontera estadounidense, como ha indicado el Departamento de Seguridad Nacional este domingo. “Las órdenes ejecutivas de Trump siguen en vigor. La prohibición de viajar se mantiene y el Gobierno de EE UU conserva su derecho de revocar visados si así lo requiere la seguridad nacional”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de aplicar las medidas migratorias. “Aplicaremos todos los decretos del presidente de manera que garantice la seguridad de todo el pueblo americano”.
La Administración Trump ha defendido desde este sábado que estaban “totalmente preparados” para aplicar el decreto presidencial y que, según Priebus, ha funcionado “con normalidad”. La medida fue recibida sin embargo por numerosas protestas en todo el país para rechazar el cierre de las fronteras a los refugiados y la exclusión de inmigrantes musulmanes. En los principales aeropuertos de todo el país se citaron desde ciudadanos anónimos hasta abogados voluntarios para ayudar a los detenidos y legisladores demócratas que condenaron públicamente el decreto de Trump.
Los afectados por la orden ejecutiva de Trump
Los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Irak, Irán, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen) no podrán entrar en EE UU durante 90 días desde la firma de la orden, el 27 de enero
Residentes legales en EE UU que hayan nacido en uno de esos siete países deben dirigirse al consulado estadounidense para ser sometidos al “veto extremo” impuesto por Trump. Los funcionarios de la Embajada decidirán si pueden viajar analizando “caso por caso”
Los refugiados sirios tienen prohibida la entrada en EE UU de manera indefinida
Los refugiados de otros países están vetados durante 120 días desde la entrada en vigor de la orden
