La justicia británica establece que el Parlamento debe aprobar el ‘Brexit’
El fallo rechaza el argumento del Gobierno, que consideraba tener facultad para activar la salida
Pablo Guimón
Londres, El País
Solo el Parlamento británico tiene el poder de activar el proceso del Brexit. Así lo ha decidido el Tribunal Superior del Reino Unido, en respuesta a una demanda que exigía que la decisión de abandonar la Unión Europea pasara por aprobación legislativa. El dictamen, pronunciado esta mañana y que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo, establece que el Ejecutivo no tiene la competencia de activar por sí solo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso de ruptura, como defendía la primera ministra, Theresa May.
El fallo se produce después de que, hace poco menos de tres semanas, un grupo de opositores al Brexit encabezados por Gina Miller, filántropa de la City y propietaria de una start up de inversión, y Deir dos Santos, un peluquero, recurrieran a la justicia para tratar de que el Parlamento tenga una mayor participación en el proceso del Brexit. La primera ministra, Theresa May, había anunciado días antes que la desconexión empezaría antes del final de marzo de 2017.
De lo que se trataba era de determinar si es el Gobierno o el Parlamento el que tiene la autoridad para informar formalmente a Bruselas de que Reino Unido pretende abandonar la Unión Europea. El artículo 50 establece que cualquier Estado miembro puede salir “de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales”. La redacción del precepto, no desarrollado por la legislación nacional, deja abiertas ambas interpretaciones: la de Theresa May, que considera que la prerrogativa real otorga a la primera ministra el poder de informar a Bruselas, y la de los demandantes, que consideran que corresponde al Parlamento un papel mayor en las negociaciones. El magistrado que ha leído el fallo ha destacado que "la norma más fundamental de la legislación constitucional británica es la soberanía parlamentaria".
El dictamen judicial supone un duro varapalo a la primera ministra, en la medida en que le quita la razón en una asunto trascendental y, además, socava su autoridad en la gestión de las negociaciones con los demás Estados miembros. La decisión, si se convierte en firme, puede entorpecer y ralentizar el proceso de salida de Reino Unido, al someterse este a pleno escrutinio parlamentario.
Si se confirma que la aprobación parlamentaria es preceptiva, los diputados teóricamente podrían llegar a bloquear el Brexit, pero esto resulta improbable: aunque la mayoría de los legisladores se opone a la salida de la UE, pocos estarían dispuestos a revocar una decisión tomada por el pueblo británico en referéndum. Por otro lado, a pesar de que los diputados votaron mayoritariamente por la permanencia, las circunscripciones electorales que los eligieron (y a las que representan) lo hicieron por el Brexit. Lo que sí podrían hacer es tratar de de reconducir el proceso hacia una salida más limitada, la opción que se conoce como Brexit blando, que priorice el acceso al mercado único renunciando a la intransigencia con el control de fronteras. La prioridad del Gobierno de May, a juzgar por las cartas mostradas hasta la fecha, parece ser precisamente la contraria.
El fallo se adentra en un delicado terreno sin mapear de la constitución no escrita de los británicos. No está claro, por ejemplo, en qué deberá consistir la participación del Parlamento: si se circunscribiría a una mera aprobación (un sí o no) o si, por el contrario, se trataría de un verdadero proceso de legisación. En el primer caso, la votación podría ser rápida, respetando el compromiso de May de activar el artículo 50 antes del final de marzo de 2017; en el segundo, estaríamos ante un proceso lento, que incluiría probablemente a las dos Cámaras y con un debate potencialmente duro.
Un portavoz del Downing Street ha declarado esta mañana, tras conocer el fallo, que "el Gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal". "El país votó por abandonar la UE en un referéndum aprobado por el Parlamento, y el Gobierno está determinado a respetar el resultado del referéndum", ha dicho, antes de confirmar que recurrirán la sentencia.
Tras conocerse el fallo, libra esterlina ha registrado un ascenso de casi un 0,60% frente al euro, hasta 1,115 euros.
Londres, El País
Solo el Parlamento británico tiene el poder de activar el proceso del Brexit. Así lo ha decidido el Tribunal Superior del Reino Unido, en respuesta a una demanda que exigía que la decisión de abandonar la Unión Europea pasara por aprobación legislativa. El dictamen, pronunciado esta mañana y que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo, establece que el Ejecutivo no tiene la competencia de activar por sí solo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso de ruptura, como defendía la primera ministra, Theresa May.
El fallo se produce después de que, hace poco menos de tres semanas, un grupo de opositores al Brexit encabezados por Gina Miller, filántropa de la City y propietaria de una start up de inversión, y Deir dos Santos, un peluquero, recurrieran a la justicia para tratar de que el Parlamento tenga una mayor participación en el proceso del Brexit. La primera ministra, Theresa May, había anunciado días antes que la desconexión empezaría antes del final de marzo de 2017.
De lo que se trataba era de determinar si es el Gobierno o el Parlamento el que tiene la autoridad para informar formalmente a Bruselas de que Reino Unido pretende abandonar la Unión Europea. El artículo 50 establece que cualquier Estado miembro puede salir “de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales”. La redacción del precepto, no desarrollado por la legislación nacional, deja abiertas ambas interpretaciones: la de Theresa May, que considera que la prerrogativa real otorga a la primera ministra el poder de informar a Bruselas, y la de los demandantes, que consideran que corresponde al Parlamento un papel mayor en las negociaciones. El magistrado que ha leído el fallo ha destacado que "la norma más fundamental de la legislación constitucional británica es la soberanía parlamentaria".
El dictamen judicial supone un duro varapalo a la primera ministra, en la medida en que le quita la razón en una asunto trascendental y, además, socava su autoridad en la gestión de las negociaciones con los demás Estados miembros. La decisión, si se convierte en firme, puede entorpecer y ralentizar el proceso de salida de Reino Unido, al someterse este a pleno escrutinio parlamentario.
Si se confirma que la aprobación parlamentaria es preceptiva, los diputados teóricamente podrían llegar a bloquear el Brexit, pero esto resulta improbable: aunque la mayoría de los legisladores se opone a la salida de la UE, pocos estarían dispuestos a revocar una decisión tomada por el pueblo británico en referéndum. Por otro lado, a pesar de que los diputados votaron mayoritariamente por la permanencia, las circunscripciones electorales que los eligieron (y a las que representan) lo hicieron por el Brexit. Lo que sí podrían hacer es tratar de de reconducir el proceso hacia una salida más limitada, la opción que se conoce como Brexit blando, que priorice el acceso al mercado único renunciando a la intransigencia con el control de fronteras. La prioridad del Gobierno de May, a juzgar por las cartas mostradas hasta la fecha, parece ser precisamente la contraria.
El fallo se adentra en un delicado terreno sin mapear de la constitución no escrita de los británicos. No está claro, por ejemplo, en qué deberá consistir la participación del Parlamento: si se circunscribiría a una mera aprobación (un sí o no) o si, por el contrario, se trataría de un verdadero proceso de legisación. En el primer caso, la votación podría ser rápida, respetando el compromiso de May de activar el artículo 50 antes del final de marzo de 2017; en el segundo, estaríamos ante un proceso lento, que incluiría probablemente a las dos Cámaras y con un debate potencialmente duro.
Un portavoz del Downing Street ha declarado esta mañana, tras conocer el fallo, que "el Gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal". "El país votó por abandonar la UE en un referéndum aprobado por el Parlamento, y el Gobierno está determinado a respetar el resultado del referéndum", ha dicho, antes de confirmar que recurrirán la sentencia.
Tras conocerse el fallo, libra esterlina ha registrado un ascenso de casi un 0,60% frente al euro, hasta 1,115 euros.
