El paramilitarismo repunta en Colombia tras el nuevo acuerdo de paz
Tres dirigentes de izquierda fueron asesinados y dos resultaron heridos graves durante el fin de semana
Javier Lafuente
Bogotá, El País
A Erley Monroy lo encontraron herido de muerte el pasado viernes en una vereda de San Vicente del Caguán. Las lesiones eran tan graves que, pocas horas después, murió en el hospital. Un día después, Hugo Cuéllar, fue atacado a la salida del entierro de Monroy. El atentado no acabó con su vida, aunque aún se encuentra en estado crítico. Cuéllar y Monroy tienen algo en común: ambos son líderes sociales vinculados a la izquierda. Y no han sido las únicas víctimas de las últimas horas. El cruento fantasma del paramilitarismo ha aflorado este fin de semana en Colombia con el asesinato de tres personas y el intento de acabar con dos más. Los ataques han sembrado el pánico las horas previas al acto en el que el presidente, Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, alias Timochenko, firmarán el nuevo acuerdo de paz. La ceremonia, cuyo lugar y día están aún por concretar, se celebrará esta semana, según fuentes conocedoras de las negociaciones. La cúpula de las FARC llegó este lunes por la tarde a Bogotá.
Un panfleto mal escrito, con el sello de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y un rifle, repartido por algunos de los municipios más golpeados por más de 50 años de conflicto, daba cuenta de la autoría de los crímenes de este fin de semana: “Somos las autodefensas de Colombia, llegamos al Caquetá y esta vez sí para quedarnos. Milicianos y testaferros de las FARC venimos a hacer limpieza”. Un informe publicado por el diario El Espectador aseguraba que durante este año 70 líderes sociales han sido asesinados, 28 fueron víctimas de atentados y 279 recibieron amenazas.
La sombra del genocidio a finales de los ochenta y principios de los noventa de más de 4.000 miembros da Unión Patriótica, la formación de izquierda surgida a raíz de los diálogos de paz con el expresidente Belisario Betancur y de la que formaban parte integrantes de las FARC, ha aflorado de nuevo. La guerrilla ha reclamado al presidente, Juan Manuel Santos, que actúe con firmeza ante los nuevos ataques: “Es muy dramática y preocupante la situación. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”, afirma un texto firmado por el secretariado de la guerrilla, la dirección de las FARC.
Los asesinatos de los líderes sociales, así como la muerte de dos miembros de la guerrilla la semana pasada en un ataque con el Ejército, han evidenciado la necesidad de que el nuevo acuerdo de paz, anunciado el pasado día 13, se implemente lo más rápido posible. No solo las FARC urgen a una consolidación del mismo. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, recalcaron durante el fin de semana la importancia de no demorar más este proceso. “Tres muertos más y se puede ir al piso [suelo] el proceso”, aseguraba Jaramillo en una entrevista El Espectador. “Olvidamos que hay un grupo de 7.000 o más señores en trance de dejar las armas. Una guerrilla no puede estarse quieta”, advirtió por su parte De la Calle en diario El Tiempo.
Las FARC y el Gobierno ultiman el mecanismo de refrendación del nuevo acuerdo, después del rechazo de los colombianos al viejo texto en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Santos ha dejado ver que no se celebrará una nueva consulta y que el pacto será tramitado a través del Congreso. A partir de entonces, se iniciará el proceso de desmovilización de la guerrilla y la entrega de las armas, que tendrá que concluir en un máximo de 180 días.
El Ejecutivo y la guerrilla quieren garantizarse que el nuevo acuerdo se implemente mediante el mecanismo de ‘fast track’, un trámite en el Congreso con menos debates de los que normalmente se necesitan para lograr sacar adelante una ley. De lo contrario, todo lo incluido en el texto, especialmente la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el se podría demorar hasta finales del año que viene y dificultar su implementación, un limbo, otro más, que cuenta con el rechazo frontal de la guerrilla.
Además de cerrar estos flecos, y a la espera de que se anuncie el día y el lugar del acto en el que Santos y Timochenko se volverán a estrechar la mano, está por ver también cuál será la postura oficial del expresidente Álvaro Uribe, abanderado del ‘no’ en el plebiscito, sobre el nuevo acuerdo. El hoy senador ha insinuado que los cambios realizados son mínimos y que los reclamos de los partidarios del ‘no’ permanecen en el texto. Quien sí se ha pronunciado ha sido el otro exmandatario partidario de rechazar el viejo acuerdo, Andrés Pastrana, quien criticó el nuevo pacto y pidió a Santos que lo refrende mediante otra consulta y no a través del Congreso.
Bogotá, El País
A Erley Monroy lo encontraron herido de muerte el pasado viernes en una vereda de San Vicente del Caguán. Las lesiones eran tan graves que, pocas horas después, murió en el hospital. Un día después, Hugo Cuéllar, fue atacado a la salida del entierro de Monroy. El atentado no acabó con su vida, aunque aún se encuentra en estado crítico. Cuéllar y Monroy tienen algo en común: ambos son líderes sociales vinculados a la izquierda. Y no han sido las únicas víctimas de las últimas horas. El cruento fantasma del paramilitarismo ha aflorado este fin de semana en Colombia con el asesinato de tres personas y el intento de acabar con dos más. Los ataques han sembrado el pánico las horas previas al acto en el que el presidente, Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, alias Timochenko, firmarán el nuevo acuerdo de paz. La ceremonia, cuyo lugar y día están aún por concretar, se celebrará esta semana, según fuentes conocedoras de las negociaciones. La cúpula de las FARC llegó este lunes por la tarde a Bogotá.
Un panfleto mal escrito, con el sello de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y un rifle, repartido por algunos de los municipios más golpeados por más de 50 años de conflicto, daba cuenta de la autoría de los crímenes de este fin de semana: “Somos las autodefensas de Colombia, llegamos al Caquetá y esta vez sí para quedarnos. Milicianos y testaferros de las FARC venimos a hacer limpieza”. Un informe publicado por el diario El Espectador aseguraba que durante este año 70 líderes sociales han sido asesinados, 28 fueron víctimas de atentados y 279 recibieron amenazas.
La sombra del genocidio a finales de los ochenta y principios de los noventa de más de 4.000 miembros da Unión Patriótica, la formación de izquierda surgida a raíz de los diálogos de paz con el expresidente Belisario Betancur y de la que formaban parte integrantes de las FARC, ha aflorado de nuevo. La guerrilla ha reclamado al presidente, Juan Manuel Santos, que actúe con firmeza ante los nuevos ataques: “Es muy dramática y preocupante la situación. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”, afirma un texto firmado por el secretariado de la guerrilla, la dirección de las FARC.
Los asesinatos de los líderes sociales, así como la muerte de dos miembros de la guerrilla la semana pasada en un ataque con el Ejército, han evidenciado la necesidad de que el nuevo acuerdo de paz, anunciado el pasado día 13, se implemente lo más rápido posible. No solo las FARC urgen a una consolidación del mismo. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, recalcaron durante el fin de semana la importancia de no demorar más este proceso. “Tres muertos más y se puede ir al piso [suelo] el proceso”, aseguraba Jaramillo en una entrevista El Espectador. “Olvidamos que hay un grupo de 7.000 o más señores en trance de dejar las armas. Una guerrilla no puede estarse quieta”, advirtió por su parte De la Calle en diario El Tiempo.
Las FARC y el Gobierno ultiman el mecanismo de refrendación del nuevo acuerdo, después del rechazo de los colombianos al viejo texto en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Santos ha dejado ver que no se celebrará una nueva consulta y que el pacto será tramitado a través del Congreso. A partir de entonces, se iniciará el proceso de desmovilización de la guerrilla y la entrega de las armas, que tendrá que concluir en un máximo de 180 días.
El Ejecutivo y la guerrilla quieren garantizarse que el nuevo acuerdo se implemente mediante el mecanismo de ‘fast track’, un trámite en el Congreso con menos debates de los que normalmente se necesitan para lograr sacar adelante una ley. De lo contrario, todo lo incluido en el texto, especialmente la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el se podría demorar hasta finales del año que viene y dificultar su implementación, un limbo, otro más, que cuenta con el rechazo frontal de la guerrilla.
Además de cerrar estos flecos, y a la espera de que se anuncie el día y el lugar del acto en el que Santos y Timochenko se volverán a estrechar la mano, está por ver también cuál será la postura oficial del expresidente Álvaro Uribe, abanderado del ‘no’ en el plebiscito, sobre el nuevo acuerdo. El hoy senador ha insinuado que los cambios realizados son mínimos y que los reclamos de los partidarios del ‘no’ permanecen en el texto. Quien sí se ha pronunciado ha sido el otro exmandatario partidario de rechazar el viejo acuerdo, Andrés Pastrana, quien criticó el nuevo pacto y pidió a Santos que lo refrende mediante otra consulta y no a través del Congreso.
