Sudáfrica anunció su retiro de la Corte Penal Internacional
Sudáfrica, AFP
Sudáfrica anunció este viernes su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) en una carta enviada a la ONU, tras la polémica que surgió el año pasado por negarse a arrestar al presidente sudanés Omar al Bashir.
Pretoria “anunció por escrito al secretario general de la ONU su retirada” de la CPI, declaró el ministro de justicia sudafricano, Michael Masutha, en una rueda de prensa.
Este tribunal “inhibe la capacidad de Sudáfrica para honrar sus obligaciones en materia de respeto de la inmunidad diplomática”, precisó.
Las autoridades sudafricanas siguen así al pie de la letra el proceso establecido en el Tratado de Roma, fundador de la CPI, el primer tribunal internacional que juzga a los presuntos autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
La retirada “será efectiva en un año, a partir de la fecha en la que el secretario general de la ONU reciba esta carta”, precisó el gobierno de Pretoria.
Según la misiva, difundida este viernes por la televisión pública SABC, Sudáfrica “considera que sus obligaciones respecto a la resolución pacífica de los conflictos son a veces incompatibles con la interpretación de la Corte Penal Internacional”.
Esta decisión se produce después de la polémica del año pasado cuando Sudáfrica permitió que el presidente sudanés Omar al Bashir viajara al país para participar en una cumbre de la Unión Africana, a pesar de la orden de arresto de la CPI que pesa sobre él.
Sudáfrica alegó que el dirigente tenía inmunidad como jefe de Estado.
La CPI acusa al presidente sudanés de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en el conflicto de la región de Darfur.
Es precisamente este caso el que justificó la decisión de Pretoria de abandonar el tribunal internacional.
“La aplicación del Estatuto de Roma entra en conflicto y en contradicción con la ley sobre la inmunidad diplomática” sudafricana de 2001, explicó el viernes el ministro de Justicia.
“Desprecio” por la justicia
El anuncio suscitó inmediatamente la indignación de los defensores de los derechos humanos.
La retirada del CPI “demuestra un alarmante desprecio por la justicia de parte de un país considerado durante mucho tiempo como líder mundial en materia de justicia para las víctimas de los crímenes más graves”, dijo la oenegé Human Rights Watchen en un comunicado.
“Es importante tanto para Sudáfrica como para la región que se reduzca este tren incontrolable y que el legado de Sudáfrica de tomar partido por las víctimas de las atrocidades en masa se restablezca”, añadió.
Esta decisión supone un desaire hacia el CPI, el segundo en varios días.
El martes, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, promulgó una ley que prevé que su país también se retire de la CPI. Para activar el proceso, sólo queda que las autoridades burundesas notifiquen su decisión a la ONU.
Otros países africanos, como Namibia y Kenia, también barajan esta posibilidad.
Varios gobiernos africanos acusan a la CPI de mostrar tendencias poscoloniales contra los líderes del continente.
Desde su creación en 2003, este tribunal, con sede en La Haya, abrió investigaciones en diez países, nueve de ellos en África.
Sudáfrica anunció este viernes su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) en una carta enviada a la ONU, tras la polémica que surgió el año pasado por negarse a arrestar al presidente sudanés Omar al Bashir.
Pretoria “anunció por escrito al secretario general de la ONU su retirada” de la CPI, declaró el ministro de justicia sudafricano, Michael Masutha, en una rueda de prensa.
Este tribunal “inhibe la capacidad de Sudáfrica para honrar sus obligaciones en materia de respeto de la inmunidad diplomática”, precisó.
Las autoridades sudafricanas siguen así al pie de la letra el proceso establecido en el Tratado de Roma, fundador de la CPI, el primer tribunal internacional que juzga a los presuntos autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
La retirada “será efectiva en un año, a partir de la fecha en la que el secretario general de la ONU reciba esta carta”, precisó el gobierno de Pretoria.
Según la misiva, difundida este viernes por la televisión pública SABC, Sudáfrica “considera que sus obligaciones respecto a la resolución pacífica de los conflictos son a veces incompatibles con la interpretación de la Corte Penal Internacional”.
Esta decisión se produce después de la polémica del año pasado cuando Sudáfrica permitió que el presidente sudanés Omar al Bashir viajara al país para participar en una cumbre de la Unión Africana, a pesar de la orden de arresto de la CPI que pesa sobre él.
Sudáfrica alegó que el dirigente tenía inmunidad como jefe de Estado.
La CPI acusa al presidente sudanés de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en el conflicto de la región de Darfur.
Es precisamente este caso el que justificó la decisión de Pretoria de abandonar el tribunal internacional.
“La aplicación del Estatuto de Roma entra en conflicto y en contradicción con la ley sobre la inmunidad diplomática” sudafricana de 2001, explicó el viernes el ministro de Justicia.
“Desprecio” por la justicia
El anuncio suscitó inmediatamente la indignación de los defensores de los derechos humanos.
La retirada del CPI “demuestra un alarmante desprecio por la justicia de parte de un país considerado durante mucho tiempo como líder mundial en materia de justicia para las víctimas de los crímenes más graves”, dijo la oenegé Human Rights Watchen en un comunicado.
“Es importante tanto para Sudáfrica como para la región que se reduzca este tren incontrolable y que el legado de Sudáfrica de tomar partido por las víctimas de las atrocidades en masa se restablezca”, añadió.
Esta decisión supone un desaire hacia el CPI, el segundo en varios días.
El martes, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, promulgó una ley que prevé que su país también se retire de la CPI. Para activar el proceso, sólo queda que las autoridades burundesas notifiquen su decisión a la ONU.
Otros países africanos, como Namibia y Kenia, también barajan esta posibilidad.
Varios gobiernos africanos acusan a la CPI de mostrar tendencias poscoloniales contra los líderes del continente.
Desde su creación en 2003, este tribunal, con sede en La Haya, abrió investigaciones en diez países, nueve de ellos en África.