Rusia sufre para pagar la política de Putin

La caída del precio del crudo y las sanciones merman la capacidad de sufragar subidas de sueldo o gastos militares

Pilar Bonet
Moscú, El País
La caída del precio del crudo merma los recursos financieros de Rusia, cuyos dirigentes hacen malabarismos para costear la política de su presidente, Vladímir Putin: desde las promesas de incrementos de sueldo para el desarrollo socio-económico del país a los gastos militares de un rumbo exterior neoimperial.


“No hay dinero”. La frase, que los rusos remedan con ironía, corresponde al jefe de Gobierno, Dmitri Medvédev, que, el pasado mayo en Crimea, replicó así a una mujer que le interpelaba sobre la prometida actualización de las pensiones. “Cuando encontremos dinero, las actualizaremos”, dijo Medvédev, y añadió: “Ustedes aguanten aquí, que les vaya bien, [les deseo] buen humor y salud”.

La anexión de Crimea y la intervención militar en el este de Ucrania en 2014 fueron el origen de las sanciones occidentales, que restringen a Moscú la importación de tecnología, el acceso a los créditos internacionales y la movilidad de altos cargos. Pero, según los expertos, estas sanciones, sumadas a las contramedidas adoptadas por Kremlin, influyen menos en la economía rusa que la caída del precio de los hidrocarburos, la principal mercancía exportadora del país. La inclusión de Crimea en el presupuesto supone nuevas partidas de gastos, entre ellos los destinados a acoger a alrededor de dos millones de personas más (a una población de 144,5 millones).

Rusia tiene 44 millones de jubilados. Sus pensiones, a tenor de la normativa legal, deben actualizarse con la inflación, lo que en 2016, equivaldría al 12,9% (la tasa inflación de 2015). Sin embargo, el incremento este año ha sido del 4% y sólo para los jubilados que dejaron el trabajo (las pensiones son tan bajas que hombres y mujeres siguen laborando después de cumplir 60 y 55 años, la edad oficial de retiro respectivamente). El Gobierno ha prometido que repartirá un cheque por 5.000 rublos (cerca de 70 euros), cuantía única, a todos los jubilados en compensación por lo que han dejado de percibir y que volverá a actualizar las pensiones en el futuro, confiando en que la inflación no pase del 6% este año.

El 7 de mayo de 2012, en vísperas de su última toma de posesión como presidente, Putin firmó los llamados decretos de mayo que, entre otras cosas, contemplaban la subida de los sueldos de funcionarios, incluidos maestros y médicos. Aquellos decretos, cuyo cumplimiento es importante para la campaña presidencial de 2018, transfirieron gastos antes asumidos por el presupuesto federal a las regiones, que han visto incrementados así sus gastos y también las diferencias entre las más ricas y las más pobres.

Para cumplir los decretos de mayo, los responsables de las finanzas públicas consideran fórmulas que van desde los despidos (para repartir los fondos salariales entre menos empleados) a manipular los datos y el resultado de estos malabarismos podrían ser servicios peor atendidos en educación o sanidad. Valentina Matvienko, la jefa de la Cámara alta del Parlamento, ha considerado la posibilidad de recortar los servicios médicos para los ciudadanos en paro. Por su parte, el pasado agosto, Medvédev dijo a un grupo de maestros quejosos que la enseñanza es “vocación” y que “si alguien quiere ganar dinero, hay un montón de empleos estupendos donde se puede hacer más deprisa y mejor”. A los sectores sociales que se quejan del deterioro del nivel de vida se han incorporado los granjeros y pequeños campesinos de las regiones del sur de Rusia (las más fértiles y productivas), que acusan a las administraciones de justicia locales de arrebatarles las tierras en provecho de los grandes monopolios agrícolas, vinculados a su vez a la Administración. En Krasnodar, Rostov y Voronesh, las autoridades han castigado a los granjeros y les han impedido venir a Moscú en una marcha de tractores para quejarse a Putin, señalaron esta semana un grupo de representantes en una rueda de prensa en la capital.

El umbral de la pobreza (la cantidad mínima vital) en la Federación Rusa ha pasado de 7.429 rublos en 2013 (cuarto trimestre) a 9.956 rublos a 2016 (segundo trimestre), lo que, considerando la devaluación del rublo, supone 177 euros y 142 euros, respectivamente. Según las estadísticas oficiales (sin Crimea), 19,1 millones de personas vivían en la pobreza el año pasado (en 2013 eran 15,5 millones).

Esta semana el Gobierno ultima el presupuesto, cuya aprobación corresponderá a la Duma Estatal resultante de las elecciones legislativas del 18 de septiembre. El Ministerio de Finanzas quiere recortar un 6% de promedio de todos los gastos, incluido el Ministerio de Defensa, en 2017 (en relación a 2016, cuando ya se recortó un promedio del 10%). El presupuesto se basará en un cálculo de 40 dólares por barril (para 2016 se basaba en 50 dólares por barril) y el Ministerio de Finanzas confía en poder mantener el déficit de 2017 en un 3%, mientras el ministerio de Desarrollo Económico espera un crecimiento del 0,7%-08% para 2017. Según el pronóstico oficial para 2016, el PIB de Rusia disminuirá entre el 0,5% y el 0,7% y para un crecimiento sostenido necesita entre el 3% y el 3,5% de incremento anual.

En 2014, los ingresos en concepto de crudo suponían el 53% del presupuesto ruso, pero descensieron al 43% en 2015 y al 36% en 2016, según el presidente Putin. La reducción del peso del petróleo podría interpretarse como un logro en la diversificación económica, si no fuera porque se debe sobre todo al descenso de los precios del crudo en el mercado, según el especialista energético Mijaíl Krutijin. “Rusia exporta hoy más petróleo que antes, pero sus ingresos ha descendido. La exportación de Gazprom se mantiene al mismo nivel, pero el consorcio vende gas a Europa incluso por debajo del precio de coste”, dice el especialista poniendo como ejemplo la Corriente del Norte, por la que Rusia exporta directamente a Alemania por el fondo Báltico.
La hora de la rebaja

Los grandes proyectos energéticos de Rusia han sufrido las consecuencias de la crisis. El desarrollo de los yacimientos en el Ártico o en lugares de difícil acceso padece las consecuencias de las sanciones, pero sobre todo están estancados por falta de rentabilidad, según el experto en energía Mijaíl Krutijin.

Un ejemplo fallido de la política rusa es Corriente del Sur, un proyecto de gasoducto que tenía que pasar por el mar Negro hacia Bulgaria, Serbia, Hungría, Eslovenia y Austria, en la que se gastaron 17.000 millones de dólares (15.00 millones de euros) sin haberlo concertado con la Unión Europea. Otro proyecto desinflado es abastecer gas desde la isla de Sajalín a Vladivostok para producir allí gas licuado. El gasoducto ya une la isla al continente, pero funciona a menos del 30% de lo previsto inicialmente. Y la fábrica de gas licuado no se ha llegado a construir. El proyecto “respondía a las ambiciones de allegados del presidente”, dice el experto, según el cual en Vladivostok “no hay ni gas, ni socios ni perspectiva de rentabilidad”.

Gazprom tampoco tiene ahora dinero para hacer el gasoducto Fuerza de Siberia, un proyecto de 2014, para llevar gas desde Yakutia a China, señala. Los chinos regatean recursos, porque pueden encontrar en el “mercado spot [al contado y con entrega inmediata]” gas a menos de la mitad de precio de lo que costaría el ruso suministrado por Fuerza de Siberia.

Entradas populares