Primeras reversiones mineras en el cooperativismo afectarán 31 contratos
El proceso incluye a la Empresa Minera Manquiri. El Gobierno fijo este miércoles un ajuste al régimen minero cooperativo a través de la promulgación un paquete de cinco decretos y una resolución que fijan nuevas reglas para el sector. La transnacional, según el Ejecutivo, tiene rubricados siete contratos con cuentapropistas.
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
El Gobierno revertirá en primera instancia las 31 concesiones mineras otorgadas a cooperativistas y que fueron subarrendadas a empresas privadas nacionales o extranjeras, proceso que incluye siete contratos suscritos con la Empresa Minera Manquiri.
“ Inicialmente se ha identificado que 31 cooperativas sí establecieron contratos, de las cuales algunas están vigentes y otras no, pero ya establecieron contratos y generaron una situación de vulneración de la ley. En esta caso, serían las que irían inmediatamente (a la reversión)”, anunció esta mañana el ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien ayer participó de la reunión de gabinete de emergencia que dispuso ajustes al régimen cooperativista.
El Gobierno divulgó la semana pasada una nómina de 31 pactos de este tipo. Entre ellos se identificaron dos acuerdos de la Cooperativa Minera 27 de Marzo y la Cooperativa Minera Unificada Potosí que firmaron, por separado, contratos de riesgo compartido con Manquiri, filial boliviana de la estadounidense Coeur Mining Inc. Ambos contratos tiene un plazo de 25 años.
Sin embargo, el jueves en la noche, en una entrevista en la red PAT, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, desveló que Manquiri suscribió al menos siete contratos con cooperativas mineras potosinas.
“ Manquiri ha suscrito siete contratos con cooperativas mineras en Potosí, la cooperativa Unificada, la ComPotosí. Estas siete cooperativas involucran 7.000 personas entre socios activos, pasivos y trabajadores. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Minería, Manquiri obtiene ganancias de $us 200 millones por año”, sostuvo la autoridad.
La adminstración del presidente Evo Morales fijó este miércoles un ajuste al régimen minero cooperativo a través de la promulgación un paquete de cinco decretos y una resolución que fijan nuevas reglas para el sector.
Uno de los decretos establece que “ de manera expresa revierte a dominio de Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresa privadas nacionales o extranjeras”, según anunció el ministro de Minería, César Navarro.
Aguilar explicó que existen dos fases para este efecto. Las inmediatas, que involucran a los 31 contratos ya identificados, y una segunda que revisará e identificará de manera progresiva las asociaciones y la situación laboral de sus trabajadores.
“ Han ido socavando los recursos del Estado por la forma social de las cooperativas que les permitía a estos capitalistas enmascarados sacar una gran cantidad de utilidades utilizando los beneficios que se otorgaba al cooperativismo minero”, puntualizó Aguilar.
El proceso de fiscalización a más de 1.700 permisos que el Estado entregó a los cuentapropistas estará a cargo de la Autoridad de Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop).
“ Esta agencia que va a funcionar como mecanismo de control al trabajo cooperativo va a establecer los mecanismos de identificación de otros contratos de las cooperativas y partir de ello serán inmediatamente revertidas sus concesiones”, anticipó la autoridad.
El Gobierno revertirá en primera instancia las 31 concesiones mineras otorgadas a cooperativistas y que fueron subarrendadas a empresas privadas nacionales o extranjeras, proceso que incluye siete contratos suscritos con la Empresa Minera Manquiri.
“ Inicialmente se ha identificado que 31 cooperativas sí establecieron contratos, de las cuales algunas están vigentes y otras no, pero ya establecieron contratos y generaron una situación de vulneración de la ley. En esta caso, serían las que irían inmediatamente (a la reversión)”, anunció esta mañana el ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien ayer participó de la reunión de gabinete de emergencia que dispuso ajustes al régimen cooperativista.
El Gobierno divulgó la semana pasada una nómina de 31 pactos de este tipo. Entre ellos se identificaron dos acuerdos de la Cooperativa Minera 27 de Marzo y la Cooperativa Minera Unificada Potosí que firmaron, por separado, contratos de riesgo compartido con Manquiri, filial boliviana de la estadounidense Coeur Mining Inc. Ambos contratos tiene un plazo de 25 años.
Sin embargo, el jueves en la noche, en una entrevista en la red PAT, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, desveló que Manquiri suscribió al menos siete contratos con cooperativas mineras potosinas.
“ Manquiri ha suscrito siete contratos con cooperativas mineras en Potosí, la cooperativa Unificada, la ComPotosí. Estas siete cooperativas involucran 7.000 personas entre socios activos, pasivos y trabajadores. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Minería, Manquiri obtiene ganancias de $us 200 millones por año”, sostuvo la autoridad.
La adminstración del presidente Evo Morales fijó este miércoles un ajuste al régimen minero cooperativo a través de la promulgación un paquete de cinco decretos y una resolución que fijan nuevas reglas para el sector.
Uno de los decretos establece que “ de manera expresa revierte a dominio de Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresa privadas nacionales o extranjeras”, según anunció el ministro de Minería, César Navarro.
Aguilar explicó que existen dos fases para este efecto. Las inmediatas, que involucran a los 31 contratos ya identificados, y una segunda que revisará e identificará de manera progresiva las asociaciones y la situación laboral de sus trabajadores.
“ Han ido socavando los recursos del Estado por la forma social de las cooperativas que les permitía a estos capitalistas enmascarados sacar una gran cantidad de utilidades utilizando los beneficios que se otorgaba al cooperativismo minero”, puntualizó Aguilar.
El proceso de fiscalización a más de 1.700 permisos que el Estado entregó a los cuentapropistas estará a cargo de la Autoridad de Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop).
“ Esta agencia que va a funcionar como mecanismo de control al trabajo cooperativo va a establecer los mecanismos de identificación de otros contratos de las cooperativas y partir de ello serán inmediatamente revertidas sus concesiones”, anticipó la autoridad.
