El Gobierno prevé la incorporación de 100 mil cooperativistas a Ley General del Trabajo
Hasta ahora, la alianza entre cooperativistas y Gobierno les había permitido a los primeros gozar de beneficios, como no aceptar la sindicalización, pagar menos impuestos e incumplir con normas medioambientales.
Página Siete Digital / La Paz
El Gobierno previó hoy que al menos cien mil trabajadores cooperativistas serán incorporados a la Ley General de Trabajo, después que el jueves el presidente Evo Morales emitiera el Decreto Supremo 2892 para beneficiar a empleados de las cooperativas mineras que hasta entonces sus derechos laborales y sociales no estaban reconocidos por el Estado.
"Yo quiero escucharle al compañero Guido Mitma (principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), qué opina usted de estos decretos, fundamentalmente de este decreto que otorga derechos labores a más de 100.0000 trabajadores de las cooperativas mineras”, dijo el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, en entrevista con medios estatales.
Aseguró que la incorporación de los asalariados de las cooperativas mineras a la Ley General del Trabajo permitirá corregir una injusticia social. "Yo creo que aquí se está corrigiendo una injusticia histórica, una injusticia social que no podíamos seguir manteniendo en el tiempo (...) es un derecho de los trabajadores el sindicalizarse, es un derecho universal”, añadió.
En el país hay 1.700 cooperativas y el pasado 29 de agosto, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Luis Pereira, informó que actualmente existen menos de 90 personas registradas en el Ministerio de Trabajo como cooperativistas con dependencia laboral, lo que advierte el estado de "precariedad” en el que trabajan los asalariados que contrata ese sector, tomando en cuenta que no tienen regulación estatal que defienda sus derechos.
Rada precisó que el decreto de sindicalización de los asalariados que trabajan en las cooperativas era necesario porque al crecer esas entidades incorporaron mano de obra, en un hecho que "rompe el concepto mismo del cooperativismo", tomando en cuenta que al incorporar mano de obra empiezan a surgir patrones, que contratan cuadrillas, que trabajan dentro de la mina, pero no tienen los mismos derechos que los socios fundadores.
Rada remarcó que mediante la normativa el Gobierno incorporará a asalariados de las cooperativas a fin de garantizar sus derechos laborales que habían sido vulnerados por ese sector.
"Todas las personas que sin ser socias prestan servicios a cooperativas mineras, independientemente de la modalidad de remuneración, se encuentran protegidas por la Ley General del Trabajo", establece el decreto.
Hasta ahora, la alianza entre cooperativistas y el Gobierno les había permitido a los primeros gozar de beneficios, como no aceptar la sindicalización, pagar menos impuestos ni cumplir con las normas medioambientales. Tras el conflicto, el Gobierno emitió cinco decretos para anular aquello.
El Gobierno previó hoy que al menos cien mil trabajadores cooperativistas serán incorporados a la Ley General de Trabajo, después que el jueves el presidente Evo Morales emitiera el Decreto Supremo 2892 para beneficiar a empleados de las cooperativas mineras que hasta entonces sus derechos laborales y sociales no estaban reconocidos por el Estado.
"Yo quiero escucharle al compañero Guido Mitma (principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), qué opina usted de estos decretos, fundamentalmente de este decreto que otorga derechos labores a más de 100.0000 trabajadores de las cooperativas mineras”, dijo el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, en entrevista con medios estatales.
Aseguró que la incorporación de los asalariados de las cooperativas mineras a la Ley General del Trabajo permitirá corregir una injusticia social. "Yo creo que aquí se está corrigiendo una injusticia histórica, una injusticia social que no podíamos seguir manteniendo en el tiempo (...) es un derecho de los trabajadores el sindicalizarse, es un derecho universal”, añadió.
En el país hay 1.700 cooperativas y el pasado 29 de agosto, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Luis Pereira, informó que actualmente existen menos de 90 personas registradas en el Ministerio de Trabajo como cooperativistas con dependencia laboral, lo que advierte el estado de "precariedad” en el que trabajan los asalariados que contrata ese sector, tomando en cuenta que no tienen regulación estatal que defienda sus derechos.
Rada precisó que el decreto de sindicalización de los asalariados que trabajan en las cooperativas era necesario porque al crecer esas entidades incorporaron mano de obra, en un hecho que "rompe el concepto mismo del cooperativismo", tomando en cuenta que al incorporar mano de obra empiezan a surgir patrones, que contratan cuadrillas, que trabajan dentro de la mina, pero no tienen los mismos derechos que los socios fundadores.
Rada remarcó que mediante la normativa el Gobierno incorporará a asalariados de las cooperativas a fin de garantizar sus derechos laborales que habían sido vulnerados por ese sector.
"Todas las personas que sin ser socias prestan servicios a cooperativas mineras, independientemente de la modalidad de remuneración, se encuentran protegidas por la Ley General del Trabajo", establece el decreto.
Hasta ahora, la alianza entre cooperativistas y el Gobierno les había permitido a los primeros gozar de beneficios, como no aceptar la sindicalización, pagar menos impuestos ni cumplir con las normas medioambientales. Tras el conflicto, el Gobierno emitió cinco decretos para anular aquello.
