Perú marcha este sábado contra las agresiones sexuales a mujeres
Bajo el lema ‘Ni una menos’, el país manifiesta el hartazgo contra los abusos que sufren las mujeres. Según informes, las menores, sobre todo indígenas, se llevan la peor parte
Jacqueline Fowks
Lima, El País
El movimiento ‘Ni una menos’, surgido a fines de julio en Perú, ha logrado sensibilizar a la sociedad sobre una gran cantidad de casos de mujeres adultas asesinadas, golpeadas o violadas. Este sábado, el movimiento y sus simpatizantes marcharán del centro de Lima al Palacio de Justicia, en una muestra del hartazgo de la sociedad peruana ante este tipo de abusos. Se espera que acudan miles de ciudadanos.
Un estudio encargado por el Ministerio de Educación peruano revela que el acceso a la justicia para las menores indígenas que sufren violencia sexual es complicado. Según el informe, están expuestas a sus agresores en todas las instancias de su vida: en la escuela -el maestro suele ser agresor-, o en la casa y el barrio cuando los padres salen a trabajar la tierra. Por otro lado, según datos recientes del Ministerio de la Mujer, de 3.123 casos de violación sexual atendidos este año en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), el 46,7% correspondió a adolescentes de 12 a 17 años y el 25% a niñas de 6 a 11 años.
El estudio ‘Rutas de acceso a la justicia en casos de violencia sexual en zonas rurales y multiculturales de la provincia de Condorcanqui, Amazonas’ revela que cambios sociales ocurridos en las comunidades indígenas amazónicas -como la mayor densidad de las familias, los espacios de convivencia mixtos, y la autoridad de los letrados o los que tienen dinero- son factores a favor de los agresores, quienes suelen ser padrastros, familiares o maestros de las víctimas menores de edad.
La investigación encontró que “las condiciones de discriminación, subordinación y exclusión (de las familias indígenas) agravan los casos, especialmente cuando no hay comisarías, fiscalías o Centros de Emergencia Mujer en el lugar de residencia”.
La mayor parte de los delitos de violencia sexual registrados por la Fiscalía entre 2013 y 2015 son cometidos a menores y se concentran en las menores de 14 años. “Casi la mitad del total corresponde a violaciones sexuales en este segmento etario”, indica el reporte.
Los tipos de agresión sexual son registrados por diversas entidades públicas y varían en las cifras: la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) reporta 91 casos entre 2013 y 2015 para la jurisdicción estudiada, mientras que la Fiscalía tiene aproximadamente 80 expedientes. En cambio los CEM solo atendieron 20 casos en 2015.
Luego de entrevistar a parientes de las víctimas, los investigadores hallaron que las familias han perdido las esperanzas en la justicia ordinaria debido a las etapas y procedimientos burocráticos que no les fueron explicados, y a los espacios y especialistas del mundo mestizo con quienes tienen que relacionarse. Otro obstáculo es la falta de dinero para abogados o para los viajes y diligencias.
El informe indica además que, en las comunidades, quienes quedan a cargo de los niños o “los miembros de la familia extensa no ejercen vigilancia relevante en cuanto a la prevención de agresiones sexuales a menores de edad”. Una falta de alerta similar ocurre con los maestros, auxiliares o directores de escuela, quienes aprovechan la relación de autoridad y el acceso a ciertos espacios compartidos con las víctimas.
En espacios urbanos
Por otro lado, en un artículo reciente en la revista de Victimología, el antropólogo peruano Jaris Mujica sostiene que en Perú el 93% de denuncias de violación tienen víctimas mujeres, “y dentro de esa población, una concentración de más del 75% de la victimización en adolescentes”, es decir, en cuatro de cada cinco denuncias la víctima es menor de 18 años.
Las investigaciones previas de Mujica refieren que el agresor procede del entorno de residencia o tránsito de las víctimas debido a que “las adolescentes tienen círculos sociales más reducidos que las personas adultas”.
La comunidad en Facebook ‘Ni una menos Perú: tocan a una, tocan a todas’ ha logrado en tres semanas la adhesión de más de 103.000 personas. La caminata que se realizará este sábado por el centro de Lima hacia el Palacio de Justicia convocará a miles de ciudadanos de a pie, y a representantes de entidades públicas y privadas. Réplicas del colectivo en el resto del país han organizado marchas similares a la misma hora, y las comunidades de peruanos en el extranjero preparan sus plantones al menos en diez ciudades de América y Europa.
Este jueves, ante la fuerza que ha cobrado el movimiento ‘Ni una Menos’, el Poder Judicial anunció que los jueces estarán obligados a llevar una capacitación para “conocer adecuadamente, prevenir y atender de manera integral los casos de violencia de género”.
Lima, El País
El movimiento ‘Ni una menos’, surgido a fines de julio en Perú, ha logrado sensibilizar a la sociedad sobre una gran cantidad de casos de mujeres adultas asesinadas, golpeadas o violadas. Este sábado, el movimiento y sus simpatizantes marcharán del centro de Lima al Palacio de Justicia, en una muestra del hartazgo de la sociedad peruana ante este tipo de abusos. Se espera que acudan miles de ciudadanos.
Un estudio encargado por el Ministerio de Educación peruano revela que el acceso a la justicia para las menores indígenas que sufren violencia sexual es complicado. Según el informe, están expuestas a sus agresores en todas las instancias de su vida: en la escuela -el maestro suele ser agresor-, o en la casa y el barrio cuando los padres salen a trabajar la tierra. Por otro lado, según datos recientes del Ministerio de la Mujer, de 3.123 casos de violación sexual atendidos este año en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), el 46,7% correspondió a adolescentes de 12 a 17 años y el 25% a niñas de 6 a 11 años.
El estudio ‘Rutas de acceso a la justicia en casos de violencia sexual en zonas rurales y multiculturales de la provincia de Condorcanqui, Amazonas’ revela que cambios sociales ocurridos en las comunidades indígenas amazónicas -como la mayor densidad de las familias, los espacios de convivencia mixtos, y la autoridad de los letrados o los que tienen dinero- son factores a favor de los agresores, quienes suelen ser padrastros, familiares o maestros de las víctimas menores de edad.
La investigación encontró que “las condiciones de discriminación, subordinación y exclusión (de las familias indígenas) agravan los casos, especialmente cuando no hay comisarías, fiscalías o Centros de Emergencia Mujer en el lugar de residencia”.
La mayor parte de los delitos de violencia sexual registrados por la Fiscalía entre 2013 y 2015 son cometidos a menores y se concentran en las menores de 14 años. “Casi la mitad del total corresponde a violaciones sexuales en este segmento etario”, indica el reporte.
Los tipos de agresión sexual son registrados por diversas entidades públicas y varían en las cifras: la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) reporta 91 casos entre 2013 y 2015 para la jurisdicción estudiada, mientras que la Fiscalía tiene aproximadamente 80 expedientes. En cambio los CEM solo atendieron 20 casos en 2015.
Luego de entrevistar a parientes de las víctimas, los investigadores hallaron que las familias han perdido las esperanzas en la justicia ordinaria debido a las etapas y procedimientos burocráticos que no les fueron explicados, y a los espacios y especialistas del mundo mestizo con quienes tienen que relacionarse. Otro obstáculo es la falta de dinero para abogados o para los viajes y diligencias.
El informe indica además que, en las comunidades, quienes quedan a cargo de los niños o “los miembros de la familia extensa no ejercen vigilancia relevante en cuanto a la prevención de agresiones sexuales a menores de edad”. Una falta de alerta similar ocurre con los maestros, auxiliares o directores de escuela, quienes aprovechan la relación de autoridad y el acceso a ciertos espacios compartidos con las víctimas.
En espacios urbanos
Por otro lado, en un artículo reciente en la revista de Victimología, el antropólogo peruano Jaris Mujica sostiene que en Perú el 93% de denuncias de violación tienen víctimas mujeres, “y dentro de esa población, una concentración de más del 75% de la victimización en adolescentes”, es decir, en cuatro de cada cinco denuncias la víctima es menor de 18 años.
Las investigaciones previas de Mujica refieren que el agresor procede del entorno de residencia o tránsito de las víctimas debido a que “las adolescentes tienen círculos sociales más reducidos que las personas adultas”.
La comunidad en Facebook ‘Ni una menos Perú: tocan a una, tocan a todas’ ha logrado en tres semanas la adhesión de más de 103.000 personas. La caminata que se realizará este sábado por el centro de Lima hacia el Palacio de Justicia convocará a miles de ciudadanos de a pie, y a representantes de entidades públicas y privadas. Réplicas del colectivo en el resto del país han organizado marchas similares a la misma hora, y las comunidades de peruanos en el extranjero preparan sus plantones al menos en diez ciudades de América y Europa.
Este jueves, ante la fuerza que ha cobrado el movimiento ‘Ni una Menos’, el Poder Judicial anunció que los jueces estarán obligados a llevar una capacitación para “conocer adecuadamente, prevenir y atender de manera integral los casos de violencia de género”.
