La guerra contra la droga en Filipinas causa 1.900 muertes en apenas dos meses
La Policía defiende la campaña impulsada por el nuevo presidente, Rodrigo Duterte, frente a las críticas de Estados Unidos y la ONU
Xavier Fontdeglòria
Pekín, El País
El nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró durante su campaña electoral que acabaría con las drogas en seis meses "matando a los criminales si hace falta". Siete semanas después de su toma de posesión, su promesa empieza a materializarse. Desde el 1 de julio, unas 1.900 personas -entre presuntos narcotraficantes y consumidores- han muerto a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos de vigilancia que patrullan las calles de las ciudades del país. Tanto organizaciones en defensa de los derechos humanos como representantes de Naciones Unidas han criticado duramente esta particular guerra emprendida por el nuevo presidente, que no tiene visos de terminar pronto.
El jefe de la Policía de Filipinas, Ronald de la Rosa, compareció este martes ante el Senado del país asiático en una comisión de investigación sobre el caso. Según sus datos, las fuerzas de seguridad han abatido a 756 personas "que ofrecieron resistencia" durante varias operaciones antidroga. El resto de fallecidos, más de 1.100, son responsabilidad de las patrullas que realizan grupos informales de vigilancia y "están siendo investigadas". Solamente las muertes de los agentes oficiales multiplican por diez los registros entre enero y junio, antes de la llegada de Duterte al poder.
De la Rosa realizó una defensa acérrima de la campaña antidroga, que por el momento se ha saldado además con 11.000 detenciones y 670.000 personas entregándose voluntariamente a las autoridades. "No somos unos carniceros", aseguró a los senadores de la oposición, que ven en estas operaciones "una excusa para cometer asesinatos con impunidad". "La policía es más agresiva en la lucha contra la droga ahora con un presidente que da su apoyo", aseguró el responsable de las fuerzas de seguridad, informa Efe. También negó que se haya dado la orden explícita de matar a los narcotraficantes.
La organización Human Rights Watch (HRW) ya ha pedido al Gobierno filipino que rinda cuentas sobre este aumento exponencial de la violencia. El subdirector en Asia, Phelim Kine, señaló en un comunicado que estos asesinatos "sugieren que la retórica agresiva de Duterte, que aboga por soluciones violentas y extrajudiciales a la criminalidad, ha encontrado una audiencia receptiva". De hecho, el presidente filipino sigue contando con una tasa de aprobación de cerca el 90% después de arrasar en las elecciones celebradas en mayo.
A las críticas de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos se han sumado recientemente las de Estados Unidos -uno de los principales aliados de Filipinas-, que se ha mostrado "muy preocupado" por la situación en el país. Varios expertos de la ONU también han cuestionado los métodos de Duterte y alertado de posibles ejecuciones extrajudiciales de inocentes al otorgar a la policía "una licencia para matar". Sus detractores en Filipinas aseguran además que la campaña se centra en los pequeños repartidores de droga en vez de reunir esfuerzos contra los grandes narcotraficantes.
Pero el presidente filipino ha dejado claro que no piensa abandonar su cruzada contra la droga y la delincuencia, ni tampoco sus métodos. Con su habitual retórica agresiva y víctima de su incontinencia verbal, ha cargado contra todos sus críticos: a los legisladores les ha pedido que no interfieran en su campaña, advirtiéndoles de que "podrían ser asesinados si bloquean los esfuerzos destinados a mejorar el país"; a la ONU la tachó de "inútil" y hasta amenazó con sacar a Filipinas de la organización. El ministro de Asuntos Exteriores filipino tuvo que salir el día siguiente para reafirmar el compromiso del país con Naciones Unidas.
"Estados Unidos y la Unión Europea deben dejar claro a Duterte que incitar este tipo de violencia es algo inaceptable y que, más allá de los costes humanos, supondrá un grave perjuicio diplomático y económico", asegura Kine, de HRW. "De lo contrario, es difícil imaginar cuándo terminarán estos homicidios".
Pekín, El País
El nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró durante su campaña electoral que acabaría con las drogas en seis meses "matando a los criminales si hace falta". Siete semanas después de su toma de posesión, su promesa empieza a materializarse. Desde el 1 de julio, unas 1.900 personas -entre presuntos narcotraficantes y consumidores- han muerto a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos de vigilancia que patrullan las calles de las ciudades del país. Tanto organizaciones en defensa de los derechos humanos como representantes de Naciones Unidas han criticado duramente esta particular guerra emprendida por el nuevo presidente, que no tiene visos de terminar pronto.
El jefe de la Policía de Filipinas, Ronald de la Rosa, compareció este martes ante el Senado del país asiático en una comisión de investigación sobre el caso. Según sus datos, las fuerzas de seguridad han abatido a 756 personas "que ofrecieron resistencia" durante varias operaciones antidroga. El resto de fallecidos, más de 1.100, son responsabilidad de las patrullas que realizan grupos informales de vigilancia y "están siendo investigadas". Solamente las muertes de los agentes oficiales multiplican por diez los registros entre enero y junio, antes de la llegada de Duterte al poder.
De la Rosa realizó una defensa acérrima de la campaña antidroga, que por el momento se ha saldado además con 11.000 detenciones y 670.000 personas entregándose voluntariamente a las autoridades. "No somos unos carniceros", aseguró a los senadores de la oposición, que ven en estas operaciones "una excusa para cometer asesinatos con impunidad". "La policía es más agresiva en la lucha contra la droga ahora con un presidente que da su apoyo", aseguró el responsable de las fuerzas de seguridad, informa Efe. También negó que se haya dado la orden explícita de matar a los narcotraficantes.
La organización Human Rights Watch (HRW) ya ha pedido al Gobierno filipino que rinda cuentas sobre este aumento exponencial de la violencia. El subdirector en Asia, Phelim Kine, señaló en un comunicado que estos asesinatos "sugieren que la retórica agresiva de Duterte, que aboga por soluciones violentas y extrajudiciales a la criminalidad, ha encontrado una audiencia receptiva". De hecho, el presidente filipino sigue contando con una tasa de aprobación de cerca el 90% después de arrasar en las elecciones celebradas en mayo.
A las críticas de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos se han sumado recientemente las de Estados Unidos -uno de los principales aliados de Filipinas-, que se ha mostrado "muy preocupado" por la situación en el país. Varios expertos de la ONU también han cuestionado los métodos de Duterte y alertado de posibles ejecuciones extrajudiciales de inocentes al otorgar a la policía "una licencia para matar". Sus detractores en Filipinas aseguran además que la campaña se centra en los pequeños repartidores de droga en vez de reunir esfuerzos contra los grandes narcotraficantes.
Pero el presidente filipino ha dejado claro que no piensa abandonar su cruzada contra la droga y la delincuencia, ni tampoco sus métodos. Con su habitual retórica agresiva y víctima de su incontinencia verbal, ha cargado contra todos sus críticos: a los legisladores les ha pedido que no interfieran en su campaña, advirtiéndoles de que "podrían ser asesinados si bloquean los esfuerzos destinados a mejorar el país"; a la ONU la tachó de "inútil" y hasta amenazó con sacar a Filipinas de la organización. El ministro de Asuntos Exteriores filipino tuvo que salir el día siguiente para reafirmar el compromiso del país con Naciones Unidas.
"Estados Unidos y la Unión Europea deben dejar claro a Duterte que incitar este tipo de violencia es algo inaceptable y que, más allá de los costes humanos, supondrá un grave perjuicio diplomático y económico", asegura Kine, de HRW. "De lo contrario, es difícil imaginar cuándo terminarán estos homicidios".
