Italia teme que la mafia se infiltre en la reconstrucción
Un recorrido por las aldeas de Sommati, Cossito y Saletta muestra el fraude en las construcciones
Pablo Ordaz
María Salas Oraá
Sommati, El País
Italia afronta el difícil reto de la reconstrucción tras el terremoto de la semana pasada bajo la amenaza de la infiltración mafiosa. El fiscal jefe de la Dirección Nacional Antimafia, Franco Roberti, advierte de que, históricamente, el crimen organizado ha sacado partido del caudal de dinero público necesario para paliar los efectos de los seísmos. “Los beneficios de los clanes mafiosos comienzan justo cuando se derrumba el hormigón”, dice. Otro fiscal ya investiga si el elevado número de víctimas está relacionado con el fraude en la construcción.
De la misma forma que, en la sala de autopsias, la víctima de un crimen puede llegar a acusar a su asesino, las casas destruidas por el terremoto que golpeó el miércoles el centro de Italia ya están delatando a cielo abierto a los constructores que, por incapacidad o avaricia, utilizaron materiales y técnicas inadecuadas en una zona de alta actividad sísmica.
Giorivita Riba, de 60 años, cuenta que la dificultad tras el terremoto no es solo haber perdido la vivienda, sino también el riesgo que corren los vecinos de no poder continuar con sus trabajos, la mayoría de ellos en el campo. Ella posee un pequeño establo en Sommati, a pocos kilómetros de Amatrice y, aunque el seísmo la dejó sin casa, lo que más lamenta es que el cobertizo de sus ocho vacas se derrumbó. “No tengo nada; solo estas vacas. Tras el terremoto, temblaban de frío y las tapé con las mantas que me dieron para mí los voluntarios de Protección Civil”, recuerda Giorivita, que únicamente después de abrigar a sus vacas pensó en su propio frío y en el riesgo de que se agrave su reúma.
“Ahora las tengo que cuidar más que nunca”, explica. “Llevan cuatro días sin dar leche; están asustadas. En realidad, son como las personas, no hablan, pero nosotros las entendemos”. A pesar de todo —de dormir en su coche, de no tener ropa, agua ni luz y de vivir en una aldea reducida a escombros—, la señora Riba se muestra optimista, porque su familia sobrevivió al terremoto y su hijo Luca logró retirar los cascotes que cayeron sobre los animales y rescatar a todos con vida. “Estamos vivos y tenemos las vacas. Somos italianos, saldremos adelante”.
Un recorrido por las aldeas de Sommati, Cossito y Saletta —situadas en la periferia de Amatrice— sirve para confirmar las sospechas del fiscal jefe de Rieti, Giuseppe Saieva, quien ha denunciado que muchas de las casas que se han derrumbado habían sido construidas con más arena que cemento y con vigas demasiado endebles, incapaces de soportar los pesados techos de hormigón armado.
El fiscal Saieva investiga si varias constructoras pudieron incurrir en un posible delito de “desastre doloso” por su participación en la construcción de la escuela, reformada hace apenas cuatro años y que se ha desmoronado. Aunque el fiscal de Rieti también aprecia sospechas de fraude en otras obras ejecutadas en Amatrice —destaca el caso de un campanario que, a pesar de haber sido restaurado tres veces en los últimos tiempos, se desplomó causando la muerte de un niño de pocos meses—, el episodio más significativo es el de la escuela Capranica. “¿Qué habría pasado?”, siguen preguntándose los vecinos sin esconder su indignación, “¿si el terremoto se hubiese producido con los niños dentro?”.
La reconstrucción de la escuela de Amatrice esconde “varios misterios”, según una investigación del diario La Repubblica. Fue inaugurada en septiembre de 2012 después de una importante reestructuración, con una inversión de 700.000 euros para adecuarse a las normas sísmicas tras el seísmo que sufrió en 2009. Pero, a la vista de la montaña de ruinas que es ahora, no sirvió de nada.
Una empresa investigada
Lo extraño es que, a finales de 2015, la escuela necesitara nuevas obras, solo cuatro años después de las anteriores. La Superintendencia de Obras Públicas de Roma publicó el 22 de diciembre de 2015 una convocatoria para realizar “obras urgentes relacionadas con la prevención y la reducción del riesgo derivado de la vulnerabilidad de los elementos estructurales”, con una dotación de 172.000 euros. Participaron 10 empresas, pero la adjudicación fue para Carlo Cricchi, una compañía de construcción que ha trabajado con varios Ministerios de Italia y que ya construyó en Amatrice hace 10 años.
El siguiente misterio es por qué se optó por esta empresa cuando ya estaba inmersa en una investigación por corrupción relacionada con las obras posteriores al terremoto de L’Aquila en 2009. Se sospecha que dio una mordida de 10.000 euros para evitar que la Administración convocara un concurso público. Y por si todo ello fuera poco, la empresa Carlo Cricchi había sido acusada de delitos tributarios y falsificación, por haber falseado presuntamente la firma del cura de la iglesia de Santa Maria Paganica para autorizar el inicio de unas obras que requerían una inversión de 19 millones de euros. Y, a pesar de todos esos antecedentes, el Estado puso la seguridad de los niños de Amatrice en sus manos.
Ante ese y otros casos similares, el presidente del Senado, Pietro Grasso, ha puesto el grito en el cielo. “Si los primeros en caer son los edificios símbolo del Estado, como la escuela, el hospital, el cuartel de los carabinieri, quiere decir que somos un país incapaz de seguir las reglas”. Antes de presidir el Senado, Grasso fue el jefe de la Dirección Nacional Antimafia. Sabe por experiencia que una de las especialidades de las mafias —y en Italia campan las más poderosas del mundo— es aprovecharse de las debilidades del Estado. Unas debilidades —excesiva burocracia, falta de previsión— que han vuelto a quedar al descubierto tras el último terremoto.
María Salas Oraá
Sommati, El País
Italia afronta el difícil reto de la reconstrucción tras el terremoto de la semana pasada bajo la amenaza de la infiltración mafiosa. El fiscal jefe de la Dirección Nacional Antimafia, Franco Roberti, advierte de que, históricamente, el crimen organizado ha sacado partido del caudal de dinero público necesario para paliar los efectos de los seísmos. “Los beneficios de los clanes mafiosos comienzan justo cuando se derrumba el hormigón”, dice. Otro fiscal ya investiga si el elevado número de víctimas está relacionado con el fraude en la construcción.
De la misma forma que, en la sala de autopsias, la víctima de un crimen puede llegar a acusar a su asesino, las casas destruidas por el terremoto que golpeó el miércoles el centro de Italia ya están delatando a cielo abierto a los constructores que, por incapacidad o avaricia, utilizaron materiales y técnicas inadecuadas en una zona de alta actividad sísmica.
Giorivita Riba, de 60 años, cuenta que la dificultad tras el terremoto no es solo haber perdido la vivienda, sino también el riesgo que corren los vecinos de no poder continuar con sus trabajos, la mayoría de ellos en el campo. Ella posee un pequeño establo en Sommati, a pocos kilómetros de Amatrice y, aunque el seísmo la dejó sin casa, lo que más lamenta es que el cobertizo de sus ocho vacas se derrumbó. “No tengo nada; solo estas vacas. Tras el terremoto, temblaban de frío y las tapé con las mantas que me dieron para mí los voluntarios de Protección Civil”, recuerda Giorivita, que únicamente después de abrigar a sus vacas pensó en su propio frío y en el riesgo de que se agrave su reúma.
“Ahora las tengo que cuidar más que nunca”, explica. “Llevan cuatro días sin dar leche; están asustadas. En realidad, son como las personas, no hablan, pero nosotros las entendemos”. A pesar de todo —de dormir en su coche, de no tener ropa, agua ni luz y de vivir en una aldea reducida a escombros—, la señora Riba se muestra optimista, porque su familia sobrevivió al terremoto y su hijo Luca logró retirar los cascotes que cayeron sobre los animales y rescatar a todos con vida. “Estamos vivos y tenemos las vacas. Somos italianos, saldremos adelante”.
Un recorrido por las aldeas de Sommati, Cossito y Saletta —situadas en la periferia de Amatrice— sirve para confirmar las sospechas del fiscal jefe de Rieti, Giuseppe Saieva, quien ha denunciado que muchas de las casas que se han derrumbado habían sido construidas con más arena que cemento y con vigas demasiado endebles, incapaces de soportar los pesados techos de hormigón armado.
El fiscal Saieva investiga si varias constructoras pudieron incurrir en un posible delito de “desastre doloso” por su participación en la construcción de la escuela, reformada hace apenas cuatro años y que se ha desmoronado. Aunque el fiscal de Rieti también aprecia sospechas de fraude en otras obras ejecutadas en Amatrice —destaca el caso de un campanario que, a pesar de haber sido restaurado tres veces en los últimos tiempos, se desplomó causando la muerte de un niño de pocos meses—, el episodio más significativo es el de la escuela Capranica. “¿Qué habría pasado?”, siguen preguntándose los vecinos sin esconder su indignación, “¿si el terremoto se hubiese producido con los niños dentro?”.
La reconstrucción de la escuela de Amatrice esconde “varios misterios”, según una investigación del diario La Repubblica. Fue inaugurada en septiembre de 2012 después de una importante reestructuración, con una inversión de 700.000 euros para adecuarse a las normas sísmicas tras el seísmo que sufrió en 2009. Pero, a la vista de la montaña de ruinas que es ahora, no sirvió de nada.
Una empresa investigada
Lo extraño es que, a finales de 2015, la escuela necesitara nuevas obras, solo cuatro años después de las anteriores. La Superintendencia de Obras Públicas de Roma publicó el 22 de diciembre de 2015 una convocatoria para realizar “obras urgentes relacionadas con la prevención y la reducción del riesgo derivado de la vulnerabilidad de los elementos estructurales”, con una dotación de 172.000 euros. Participaron 10 empresas, pero la adjudicación fue para Carlo Cricchi, una compañía de construcción que ha trabajado con varios Ministerios de Italia y que ya construyó en Amatrice hace 10 años.
El siguiente misterio es por qué se optó por esta empresa cuando ya estaba inmersa en una investigación por corrupción relacionada con las obras posteriores al terremoto de L’Aquila en 2009. Se sospecha que dio una mordida de 10.000 euros para evitar que la Administración convocara un concurso público. Y por si todo ello fuera poco, la empresa Carlo Cricchi había sido acusada de delitos tributarios y falsificación, por haber falseado presuntamente la firma del cura de la iglesia de Santa Maria Paganica para autorizar el inicio de unas obras que requerían una inversión de 19 millones de euros. Y, a pesar de todos esos antecedentes, el Estado puso la seguridad de los niños de Amatrice en sus manos.
Ante ese y otros casos similares, el presidente del Senado, Pietro Grasso, ha puesto el grito en el cielo. “Si los primeros en caer son los edificios símbolo del Estado, como la escuela, el hospital, el cuartel de los carabinieri, quiere decir que somos un país incapaz de seguir las reglas”. Antes de presidir el Senado, Grasso fue el jefe de la Dirección Nacional Antimafia. Sabe por experiencia que una de las especialidades de las mafias —y en Italia campan las más poderosas del mundo— es aprovecharse de las debilidades del Estado. Unas debilidades —excesiva burocracia, falta de previsión— que han vuelto a quedar al descubierto tras el último terremoto.
