El Supremo argentino anula el tarifazo del gas del 1.000%
La justicia asesta un golpe al Gobierno de Macri en una medida clave y muy polémica
Carlos E. Cué
Buenos Aires, El País
Golpe durísimo de la justicia argentina al Gobierno de Mauricio Macri. La Corte Suprema de Justicia, el máximo organismo judicial, en una sentencia inapelable y definitiva, frenó el enorme aumento de las tarifas de gas -de hasta el 1.000%- decretado por el Gobierno de Mauricio Macri. Los cuatro integrantes del máximo tribunal dispusieron por unanimidad retrotraer las tarifas a los precios vigentes en marzo, antes de la subida para los usuarios residenciales, que consumen alrededor del 26% del total. La industria, la principal consumidora, sí sufrirá las subidas pero es probable que se abra un nuevo proceso judicial de resultado incierto. La decisión judicial supone un duro golpe al Ejecutivo en una medida clave para el desarrollo de su plan económico, pero que contaba con una importante oposición ciudadana.
La Corte tumba la subida del gas pero otras decretadas por Macri, como la luz, el agua, los transportes, también están sometidas a procesos judiciales. Argentina tiene unos precios muy altos de casi todo, los mayores de Latinoamérica, por culpa de la inflación. Pero la energía y el transporte estaban prácticamente congelados hace 15 años por una decisión política de los Kirchner que Macri quiere revertir para reducir el enorme coste de los subsidios.
La Corte Suprema le da una salida al Gobierno para el futuro, pero de momento anula todas las subidas de los hogares argentinos con efecto retroactivo. Los jueces, presididos por Ricardo Lorenzetti, que ha hecho gala una vez más de su independencia, señalan que el Gobierno subió las tarifas sin hacer audiencias públicas y eso es inconstitucional. Por eso la subida queda anulada. El Gobierno ahora tiene que empezar de cero y volver a intentar la subida con un proceso de audiencias públicas. El mensaje político es muy duro porque señala que el Ejecutivo, y en especial el cuestionado ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex consejero delegado de Shell, ha fallado técnicamente en su medida estrella y no pensó que podía llegarle una sentencia como esta.
Los jueces resolvieron que es de "cumplimiento obligatorio" la convocatoria de audiencias públicas antes de fijar el precio del gas, en la misma línea de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del mes pasado. Como el Gobierno omitió este paso, el tribunal consideró inválido el incremento tarifario. Aún así, la corte no se expidió sobre el precio que debe tener la energía, lo que deja abierta la puerta a futuras subidas siempre que se cumpla el requisito previo de convocar a audiencias públicas. Ahora se abrirá un proceso para que los ciudadanos recuperen lo que han pagado de más estos meses.
El fallo devuelve la pelota a manos del Gobierno, que deberá barajar y volver a empezar. En primer lugar, obliga al Ejecutivo a reorganizar las cuentas públicas. Con el cuadro tarifario invalidado, el Gobierno buscaba aliviar el costo de los subsidios que permitieron mantener prácticamente planchadas las tarifas energéticas durante el kirchnerismo (2003-20015). Sólo en gas, el cálculo había sido un ahorro de hasta 4.000 millones de dólares, equivalente al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB).
El tarifazo se había convertido en la medida más impopular de Macri. En los últimos meses se organizaron varios ruidazos (manifestaciones ruidosas) para exigir la anulación de las nuevas tarifas y los testimonios de personas de clases bajas y medias con graves dificultades para pagar la factura se multiplicaron en medios de comunicación y redes sociales. Las hipersubvencionadas tarifas energéticas -entre las más bajas del continente- permitían cuadrar las cuentas a muchas familias agobiadas por la inflación descontrolada, superior al 40%, y el elevado nivel de vida en Argentina, que está entre los más caros de América Latina en alimentos, ropa y alquileres, entre otros. El Gobierno había ya rectificado la subida inicial, limitándola a un máximo del 400%. Aunque la principal víctima de la ira popular es el ministro de Energía, Aranguren, la popularidad del presidente ha caído este mes por primera vez por debajo del 50%.
Ahora, con el fallo en la mano, los usuarios que habían pagado las facturas con aumento se verán beneficiados de descuentos en las siguientes, mientras que quienes optaron por no abonar el importe, recibirán una nueva factura en los próximos días.
Buenos Aires, El País
Golpe durísimo de la justicia argentina al Gobierno de Mauricio Macri. La Corte Suprema de Justicia, el máximo organismo judicial, en una sentencia inapelable y definitiva, frenó el enorme aumento de las tarifas de gas -de hasta el 1.000%- decretado por el Gobierno de Mauricio Macri. Los cuatro integrantes del máximo tribunal dispusieron por unanimidad retrotraer las tarifas a los precios vigentes en marzo, antes de la subida para los usuarios residenciales, que consumen alrededor del 26% del total. La industria, la principal consumidora, sí sufrirá las subidas pero es probable que se abra un nuevo proceso judicial de resultado incierto. La decisión judicial supone un duro golpe al Ejecutivo en una medida clave para el desarrollo de su plan económico, pero que contaba con una importante oposición ciudadana.
La Corte tumba la subida del gas pero otras decretadas por Macri, como la luz, el agua, los transportes, también están sometidas a procesos judiciales. Argentina tiene unos precios muy altos de casi todo, los mayores de Latinoamérica, por culpa de la inflación. Pero la energía y el transporte estaban prácticamente congelados hace 15 años por una decisión política de los Kirchner que Macri quiere revertir para reducir el enorme coste de los subsidios.
La Corte Suprema le da una salida al Gobierno para el futuro, pero de momento anula todas las subidas de los hogares argentinos con efecto retroactivo. Los jueces, presididos por Ricardo Lorenzetti, que ha hecho gala una vez más de su independencia, señalan que el Gobierno subió las tarifas sin hacer audiencias públicas y eso es inconstitucional. Por eso la subida queda anulada. El Gobierno ahora tiene que empezar de cero y volver a intentar la subida con un proceso de audiencias públicas. El mensaje político es muy duro porque señala que el Ejecutivo, y en especial el cuestionado ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex consejero delegado de Shell, ha fallado técnicamente en su medida estrella y no pensó que podía llegarle una sentencia como esta.
Los jueces resolvieron que es de "cumplimiento obligatorio" la convocatoria de audiencias públicas antes de fijar el precio del gas, en la misma línea de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del mes pasado. Como el Gobierno omitió este paso, el tribunal consideró inválido el incremento tarifario. Aún así, la corte no se expidió sobre el precio que debe tener la energía, lo que deja abierta la puerta a futuras subidas siempre que se cumpla el requisito previo de convocar a audiencias públicas. Ahora se abrirá un proceso para que los ciudadanos recuperen lo que han pagado de más estos meses.
El fallo devuelve la pelota a manos del Gobierno, que deberá barajar y volver a empezar. En primer lugar, obliga al Ejecutivo a reorganizar las cuentas públicas. Con el cuadro tarifario invalidado, el Gobierno buscaba aliviar el costo de los subsidios que permitieron mantener prácticamente planchadas las tarifas energéticas durante el kirchnerismo (2003-20015). Sólo en gas, el cálculo había sido un ahorro de hasta 4.000 millones de dólares, equivalente al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB).
El tarifazo se había convertido en la medida más impopular de Macri. En los últimos meses se organizaron varios ruidazos (manifestaciones ruidosas) para exigir la anulación de las nuevas tarifas y los testimonios de personas de clases bajas y medias con graves dificultades para pagar la factura se multiplicaron en medios de comunicación y redes sociales. Las hipersubvencionadas tarifas energéticas -entre las más bajas del continente- permitían cuadrar las cuentas a muchas familias agobiadas por la inflación descontrolada, superior al 40%, y el elevado nivel de vida en Argentina, que está entre los más caros de América Latina en alimentos, ropa y alquileres, entre otros. El Gobierno había ya rectificado la subida inicial, limitándola a un máximo del 400%. Aunque la principal víctima de la ira popular es el ministro de Energía, Aranguren, la popularidad del presidente ha caído este mes por primera vez por debajo del 50%.
Ahora, con el fallo en la mano, los usuarios que habían pagado las facturas con aumento se verán beneficiados de descuentos en las siguientes, mientras que quienes optaron por no abonar el importe, recibirán una nueva factura en los próximos días.
