El deshielo dispara el éxodo cubano
Las llegadas de ciudadanos de la isla a EE UU baten récords por el miedo a un cambio en la ley de residencia
Silvia Ayuso
Miami, El País
La cara de Felipe G. se ilumina con una sonrisa al recordar el momento en que tocó tierra estadounidense. Fue en la madrugada del 18 de julio, cuando él y los otros ocho jóvenes que se habían lanzado al mar seis días antes desde una playa de la provincia cubana de Ciego de Ávila en una frágil embarcación de madera, llegaron al muelle de una casa abandonada en la costa de Florida.
“Ahí todos nos abrazamos, se nos saltaron las lágrimas. Habíamos llegado al país de la libertad”, cuenta el joven de 26 años delante del almacén de compraventa de electrodomésticos que tienen sus tíos en Hialeah, en las afueras de Miami. Por ahora, Felipe solo “ayuda” en el negocio familiar, porque oficialmente no puede trabajar. Pero confía en que pronto tendrá los papeles. Pide no ser identificado por su apellido para no entorpecer el proceso.
Millones de inmigrantes latinoamericanos viven y trabajan en EE UU ilegalmente porque regularizar su situación puede llevarles años, si es que lo consiguen. No es el caso de los cubanos. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 garantiza que todo cubano que llegue al país podrá obtener la residencia al año y un día de poner pie en territorio norteamericano. Muchos pueden trabajar antes, en cuanto reciben un permiso temporal.
La normalización de las relaciones entre Washington y La Habana anunciada en diciembre de 2014 fue muy celebrada en Cuba. Pero, a la vez, trajo la preocupación de que esta excepción migratoria que tantas ventajas reporta a los cubanos tenga los días contados. Temeroso de provocar una oleada de migración masiva, el Gobierno estadounidense ha asegurado que no derogará por ahora la normativa. No ha servido. Las cifras de cubanos que llegan a EE UU no paran de romper marcas. En 2015, fueron 43.159, un 78% más que en 2014. Y en lo que va de 2016, ya son 46.000. Además del tradicional método de “tirarse”, como le llaman los cubanos a lanzarse al mar en precarias embarcaciones que, como la de Felipe, suelen construir ellos mismos, miles de cubanos han intentado en el último año y medio llegar por tierra. “El temor a que se acabe la Ley de Ajuste Cubano es un factor que está haciendo que se tire mucho más el cubano por mar, por tierra, por cualquier vía”, dice Felipe, que logró llegar al segundo intento.
Su caso es uno de muchos. Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia de Miami, muestra en su teléfono una lista con entradas idénticas: las siglas BG, una cifra y un nombre con un número de teléfono. Cada entrada corresponde a un grupo de balseros (BG); cuántos son y el nombre y teléfono del familiar que alertó cuando se perdió el rastro del grupo. Las llamadas llegan “a todas horas”, asegura. Unos reaparecen. A otros se los traga el mar. Felipe casi pasa a engrosar la lista de desaparecidos. Pero aunque conocía los riesgos, asegura que no dudó en volver a intentarlo. La promesa de una vida mejor era demasiado tentadora. En Cuba, como informático cobraba 24 dólares al mes (21,5 euros). Comprarse un pantalón podía costarle todo su salario.
226 dólares en comida
Nada más llegar, Felipe recibió una tarjeta para comida con 226 dólares y otros 190 en efectivo. Además, disfrutará de sanidad gratuita durante ocho meses. Es parte del paquete de ayudas que reciben los cubanos para poder empezar su nueva vida. Políticos como el congresista republicano de origen cubano Carlos Curbelo han propuesto que se modifiquen estas ayudas pensadas, inicialmente, para ayudar a isleños que huían por motivos políticos, no económicos como son ahora la mayoría de los casos.
Sánchez lo considera una “mezquindad”. “Es como si empieza un fuego en una sala llena, yo encuentro la puerta de salida y, después que salgo, la cierro y digo no, yo ya me liberé, ustedes quémense ahí dentro”, critica. También desestima las quejas de La Habana, que califica la Ley de Ajuste Cubano de “asesina” por alentar, dice, la emigración ilegal. Según el activista, la isla aprovecha la legislación norteamericana como una válvula de escape para aliviar el descontento interno. “El régimen sabe muy bien que si llega a pasar que quiten la ley, las presiones sociales en Cuba no tendrán por dónde escapar”.
Miami, El País
La cara de Felipe G. se ilumina con una sonrisa al recordar el momento en que tocó tierra estadounidense. Fue en la madrugada del 18 de julio, cuando él y los otros ocho jóvenes que se habían lanzado al mar seis días antes desde una playa de la provincia cubana de Ciego de Ávila en una frágil embarcación de madera, llegaron al muelle de una casa abandonada en la costa de Florida.
“Ahí todos nos abrazamos, se nos saltaron las lágrimas. Habíamos llegado al país de la libertad”, cuenta el joven de 26 años delante del almacén de compraventa de electrodomésticos que tienen sus tíos en Hialeah, en las afueras de Miami. Por ahora, Felipe solo “ayuda” en el negocio familiar, porque oficialmente no puede trabajar. Pero confía en que pronto tendrá los papeles. Pide no ser identificado por su apellido para no entorpecer el proceso.
Millones de inmigrantes latinoamericanos viven y trabajan en EE UU ilegalmente porque regularizar su situación puede llevarles años, si es que lo consiguen. No es el caso de los cubanos. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 garantiza que todo cubano que llegue al país podrá obtener la residencia al año y un día de poner pie en territorio norteamericano. Muchos pueden trabajar antes, en cuanto reciben un permiso temporal.
La normalización de las relaciones entre Washington y La Habana anunciada en diciembre de 2014 fue muy celebrada en Cuba. Pero, a la vez, trajo la preocupación de que esta excepción migratoria que tantas ventajas reporta a los cubanos tenga los días contados. Temeroso de provocar una oleada de migración masiva, el Gobierno estadounidense ha asegurado que no derogará por ahora la normativa. No ha servido. Las cifras de cubanos que llegan a EE UU no paran de romper marcas. En 2015, fueron 43.159, un 78% más que en 2014. Y en lo que va de 2016, ya son 46.000. Además del tradicional método de “tirarse”, como le llaman los cubanos a lanzarse al mar en precarias embarcaciones que, como la de Felipe, suelen construir ellos mismos, miles de cubanos han intentado en el último año y medio llegar por tierra. “El temor a que se acabe la Ley de Ajuste Cubano es un factor que está haciendo que se tire mucho más el cubano por mar, por tierra, por cualquier vía”, dice Felipe, que logró llegar al segundo intento.
Su caso es uno de muchos. Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia de Miami, muestra en su teléfono una lista con entradas idénticas: las siglas BG, una cifra y un nombre con un número de teléfono. Cada entrada corresponde a un grupo de balseros (BG); cuántos son y el nombre y teléfono del familiar que alertó cuando se perdió el rastro del grupo. Las llamadas llegan “a todas horas”, asegura. Unos reaparecen. A otros se los traga el mar. Felipe casi pasa a engrosar la lista de desaparecidos. Pero aunque conocía los riesgos, asegura que no dudó en volver a intentarlo. La promesa de una vida mejor era demasiado tentadora. En Cuba, como informático cobraba 24 dólares al mes (21,5 euros). Comprarse un pantalón podía costarle todo su salario.
226 dólares en comida
Nada más llegar, Felipe recibió una tarjeta para comida con 226 dólares y otros 190 en efectivo. Además, disfrutará de sanidad gratuita durante ocho meses. Es parte del paquete de ayudas que reciben los cubanos para poder empezar su nueva vida. Políticos como el congresista republicano de origen cubano Carlos Curbelo han propuesto que se modifiquen estas ayudas pensadas, inicialmente, para ayudar a isleños que huían por motivos políticos, no económicos como son ahora la mayoría de los casos.
Sánchez lo considera una “mezquindad”. “Es como si empieza un fuego en una sala llena, yo encuentro la puerta de salida y, después que salgo, la cierro y digo no, yo ya me liberé, ustedes quémense ahí dentro”, critica. También desestima las quejas de La Habana, que califica la Ley de Ajuste Cubano de “asesina” por alentar, dice, la emigración ilegal. Según el activista, la isla aprovecha la legislación norteamericana como una válvula de escape para aliviar el descontento interno. “El régimen sabe muy bien que si llega a pasar que quiten la ley, las presiones sociales en Cuba no tendrán por dónde escapar”.
