La Haya deja a China sin base legal para su expansionismo marítimo
La Haya deja a China sin base legal para su expansionismo marítimo
Macarena Vidal Liy
Isabel Ferrer
Pekín / La Haya, El País
Un poco conocido organismo judicial internacional, la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, propinó a China ayer una mayúscula bofetada jurídica. Cinco magistrados, o árbitros, debían decidir, a instancias de Filipinas, sobre la base técnica de las disputas territoriales en el mar del Sur de China. Y por unanimidad, en un fallo esperadísimo en capitales de todo el mundo, dieron la razón a Manila y negaron base legal a los argumentos de Pekín para atribuirse la soberanía del 90% de las aguas de ese mar.
El dictamen indica que “no hay fundamento legal para sustentar la reclamación de que China ostente derechos históricos sobre los recursos de las áreas marítimas”. Por contra, Pekín ha violado los derechos soberanos de Filipinas, estipulan los árbitros, con sus acciones en la zona. Ha perjudicado seriamente el medioambiente, ha entorpecido los derechos que los pescadores filipinos comparten con los chinos y ha enconado el conflicto bilateral, cuando debía haber colaborado para intentar resolverlo.
Esta decisión es uno de los grandes hitos del fallo de la Corte acerca del caso planteado por Filipinas hace tres años, dentro de las disputas de soberanía en las que también participan Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunei. Unas disputas que han acrecentado las tensiones en una zona vital para el comercio mundial —por sus rutas marítimas pasan cada año cerca de cinco billones de euros—, rica en recursos naturales y escenario de la creciente rivalidad geoestratégica entre China y Estados Unidos en Asia Pacífico.
Pero quizá el elemento más llamativo y menos esperado del fallo es la decisión de negar carácter de isla al islote de Itu Aba, o Taiping, bajo control taiwanés y que queda ahora definido como una simple “roca”. Para Pekín, esa negación representa un golpe adicional. Al no ser una isla, Itu Aba no genera derecho a una zona económica exclusiva (EEZ) de 200 millas marinas. La ley del mar concede derecho a los países a construir islas artificiales dentro de sus EEZ, y todas las que China ha creado en las islas Spratly se encuentran a menos de 200 millas del islote de Itu Aba.
Este elemento sienta un precedente con consecuencias más allá de la región. Los requisitos para conceder categoría de isla estipulan que el accidente geográfico debe tener vida económica y estar habitado. La Corte ha precisado que esa población debe ser permanente y estar formada por una comunidad, no únicamente por un destacamento militar. “Muchos países atribuyen carácter de isla a lo que claramente no lo es, de acuerdo con este estándar, y si quieren alinearse con [el tribunal] tendrán que reducir sus reclamaciones de zonas económicas exclusivas en torno a ellas”, precisa Thomas Eder, del centro de estudios alemán Merics.
Anticipándose a una sentencia contraria, Pekín había multiplicado en las últimas semanas sus críticas al tribunal. La decisión de la Corte Permanente de Arbitraje es vinculante para los países firmantes de la Convención de la ONU sobre la Ley del Mar (UNCLOS, en sus siglas en inglés). Pero China, que la firmó en 1996, “no la reconoce ni acepta”. Justo después del fallo, el Ministerio de Exteriores reiteró esta posición: “Los intereses y los derechos marítimos y de soberanía territorial de China en el mar del Sur no se verán afectados bajo ninguna circunstancia por esta sentencia. China se opone y nunca aceptará ninguna reclamación ni medida que se base en ella”.
Escalada de tensión
Pero, aunque deje claro su desacuerdo con la sentencia, es improbable que Pekín emprenda inmediatamente medidas drásticas. Esperará, por contra, a analizar la reacción de Manila y, sobre todo, la de Estados Unidos.
Por el momento, el país vecino ha reaccionado con una alegría contenida. “Es un hito que llama a la contención de todas las partes, y a Filipinas a reiterar su compromiso de lograr una solución pacífica a las disputas en la región”, dijo Perfecto Yasay, su titular de Exteriores. Su presidente, Rodrigo Duterte, que tomó posesión el 30 de junio y que se encuentra inmerso desde entonces en una violenta campaña interna contra la delincuencia y las drogas, ha expresado su disposición al diálogo y a la explotación conjunta de las zonas en disputa. Pero tampoco puede renunciar a explotar una victoria judicial que pocos anticipaban tan rotunda.
Washington expresó su satisfacción con el fallo, que considera “una importante contribución a la meta compartida de una solución pacífica” a las disputas territoriales en esa región. El fallo de la Corte “probablemente lleve a una mayor escalada de las tensiones”, opina Eder. Otros países reclamantes pueden verse tentados a seguir el camino de Filipinas. Además, con toda probabilidad Washington intentará presionar a China para que respete el fallo.
Isabel Ferrer
Pekín / La Haya, El País
Un poco conocido organismo judicial internacional, la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, propinó a China ayer una mayúscula bofetada jurídica. Cinco magistrados, o árbitros, debían decidir, a instancias de Filipinas, sobre la base técnica de las disputas territoriales en el mar del Sur de China. Y por unanimidad, en un fallo esperadísimo en capitales de todo el mundo, dieron la razón a Manila y negaron base legal a los argumentos de Pekín para atribuirse la soberanía del 90% de las aguas de ese mar.
El dictamen indica que “no hay fundamento legal para sustentar la reclamación de que China ostente derechos históricos sobre los recursos de las áreas marítimas”. Por contra, Pekín ha violado los derechos soberanos de Filipinas, estipulan los árbitros, con sus acciones en la zona. Ha perjudicado seriamente el medioambiente, ha entorpecido los derechos que los pescadores filipinos comparten con los chinos y ha enconado el conflicto bilateral, cuando debía haber colaborado para intentar resolverlo.
Esta decisión es uno de los grandes hitos del fallo de la Corte acerca del caso planteado por Filipinas hace tres años, dentro de las disputas de soberanía en las que también participan Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunei. Unas disputas que han acrecentado las tensiones en una zona vital para el comercio mundial —por sus rutas marítimas pasan cada año cerca de cinco billones de euros—, rica en recursos naturales y escenario de la creciente rivalidad geoestratégica entre China y Estados Unidos en Asia Pacífico.
Pero quizá el elemento más llamativo y menos esperado del fallo es la decisión de negar carácter de isla al islote de Itu Aba, o Taiping, bajo control taiwanés y que queda ahora definido como una simple “roca”. Para Pekín, esa negación representa un golpe adicional. Al no ser una isla, Itu Aba no genera derecho a una zona económica exclusiva (EEZ) de 200 millas marinas. La ley del mar concede derecho a los países a construir islas artificiales dentro de sus EEZ, y todas las que China ha creado en las islas Spratly se encuentran a menos de 200 millas del islote de Itu Aba.
Este elemento sienta un precedente con consecuencias más allá de la región. Los requisitos para conceder categoría de isla estipulan que el accidente geográfico debe tener vida económica y estar habitado. La Corte ha precisado que esa población debe ser permanente y estar formada por una comunidad, no únicamente por un destacamento militar. “Muchos países atribuyen carácter de isla a lo que claramente no lo es, de acuerdo con este estándar, y si quieren alinearse con [el tribunal] tendrán que reducir sus reclamaciones de zonas económicas exclusivas en torno a ellas”, precisa Thomas Eder, del centro de estudios alemán Merics.
Anticipándose a una sentencia contraria, Pekín había multiplicado en las últimas semanas sus críticas al tribunal. La decisión de la Corte Permanente de Arbitraje es vinculante para los países firmantes de la Convención de la ONU sobre la Ley del Mar (UNCLOS, en sus siglas en inglés). Pero China, que la firmó en 1996, “no la reconoce ni acepta”. Justo después del fallo, el Ministerio de Exteriores reiteró esta posición: “Los intereses y los derechos marítimos y de soberanía territorial de China en el mar del Sur no se verán afectados bajo ninguna circunstancia por esta sentencia. China se opone y nunca aceptará ninguna reclamación ni medida que se base en ella”.
Escalada de tensión
Pero, aunque deje claro su desacuerdo con la sentencia, es improbable que Pekín emprenda inmediatamente medidas drásticas. Esperará, por contra, a analizar la reacción de Manila y, sobre todo, la de Estados Unidos.
Por el momento, el país vecino ha reaccionado con una alegría contenida. “Es un hito que llama a la contención de todas las partes, y a Filipinas a reiterar su compromiso de lograr una solución pacífica a las disputas en la región”, dijo Perfecto Yasay, su titular de Exteriores. Su presidente, Rodrigo Duterte, que tomó posesión el 30 de junio y que se encuentra inmerso desde entonces en una violenta campaña interna contra la delincuencia y las drogas, ha expresado su disposición al diálogo y a la explotación conjunta de las zonas en disputa. Pero tampoco puede renunciar a explotar una victoria judicial que pocos anticipaban tan rotunda.
Washington expresó su satisfacción con el fallo, que considera “una importante contribución a la meta compartida de una solución pacífica” a las disputas territoriales en esa región. El fallo de la Corte “probablemente lleve a una mayor escalada de las tensiones”, opina Eder. Otros países reclamantes pueden verse tentados a seguir el camino de Filipinas. Además, con toda probabilidad Washington intentará presionar a China para que respete el fallo.
