Francia ha evitado 16 atentados yihadistas en tres años
El más importante estaba preparado para coincidir con la final de la Eurocopa
Carlos Yárnoz
París, El País
Francia, el país objetivo número uno de los ataques yihadistas, ha sufrido en año y medio tres matanzas que han costado la vida a 230 personas. Pero la cifra de víctimas podría haber sido muy superior porque, en los últimos tres años, se han evitado otros 16 atentados gracias a la policía o a errores de los terroristas. El listado de sospechosos de estar radicalizados incluye 12.000 nombres. Otros 1.700 han viajado a Siria e Irak y se desconoce cuántos han vuelto.
La amenaza sobre el país es “extremadamente elevada”, como insiste el primer ministro, Manuel Valls. Y es “multiforme y en constante evolución”: desde atentados con alarde logístico, como los de noviembre, hasta matanzas como la de Niza, cometida por un solo individuo.
El principal atentado evitado estaba listo para la Eurocopa, seguramente para la final, celebrada en París el día 10. En marzo, la policía detuvo cerca de París, a Reda Kriket, de 22 años, en posesión de un arsenal de armas y explosivos. Estaba conectado con la red yihadista de Bruselas.
Un año antes, en abril, fue detenido en París Sid Ahmed Ghlam, estudiante argelino de 24 años, con media docena de fusiles y listo para atacar dos iglesias. El último arresto se produjo el domingo cerca de la capital. Se trata de un chófer de transporte de viajeros, de 22 años, fichado como simpatizante yihadista, que tenía explosivos en su casa.
Son éxitos policiales que el Gobierno exhibe frente a las exigencias de la oposición de más mano dura. La batería de medidas contra el terror, asegura, ha dado frutos. Han sido expulsados 80 imanes violentos, se han cerrado diez mezquitas, se han fichado a 5.000 sospechosos de viajar a Siria o Irak denunciados por sus familias a través de un “teléfono verde” oficial, está a punto abrirse el primer centro de desradicalización y, en lo que va de año, han sido detenidas 160 personas.
Las leyes antiterroristas se han endurecido y, en paralelo, desde noviembre está vigente el estado de excepción, se reanudaron los controles fronterizos –se ha impedido la entrada a 28.000 personas- y se han dado poderes amplísimos a los servicios secretos, que tienen acceso a las comunicaciones y bases de datos con autorización del Ejecutivo, sin permiso judicial previo.
Creado en 2015, en el fichero S (de sospechosos yihadistas) hay ya 12.000 personas, si bien la cifra es demasiado alta para poder vigilarlos continuamente. A la vez, se ha prohibido salir al extranjero a 366 sospechosos de querer viajar a Siria o Irak, se han cerrado webs de contenido yihadista y se multa con hasta 30.000 euros la consulta reiterada a las mismas. Y a otros 317 sospechosos se les ha obligado a fijar residencia en áreas concretas y deben estar a disposición policial permanente.
De acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo, en tres años se han abierto 300 causas judiciales por terrorismo yihadista con 1.200 implicados. Desde que el presidente François Hollande llegó al Elíseo en mayo de 2012, hay 9.000 policías y gendarmes más, cuando el mandato previo de Nicolas Sarkozy (2007-2012) la plantilla se redujo en 12.000 personas.
Pese a estos datos, derecha y extrema derecha quien ampliar el arsenal legal y represivo. Incluso con iniciativas que sobrepasan la Constitución y las convenciones internacionales. El expresidente Nicolas Sarkozy quiere expulsar a los fichados S con doble nacionalidad y colocar brazaletes electrónicos al resto. La ultraderechista Marine Le Pen quiere la expulsión de todo sospechoso y de todo condenado por cualquier delito si tiene doble nacionalidad.
El presidente François Hollande dijo el 14 de julio antes de la matanza de Niza que su principal objetivo es proteger a los franceses. “Ser presidente es estar confrontado a la muerte, al drama”. Pero sin saltarse el Estado de derecho, advierte. Para la derecha radical, sin embargo, no hay límite a la hora de desatar el acoso al extranjero, que incluye a los cinco millones de musulmanes en Francia, la mayoría nacidos en el país.
Carlos Yárnoz
París, El País
Francia, el país objetivo número uno de los ataques yihadistas, ha sufrido en año y medio tres matanzas que han costado la vida a 230 personas. Pero la cifra de víctimas podría haber sido muy superior porque, en los últimos tres años, se han evitado otros 16 atentados gracias a la policía o a errores de los terroristas. El listado de sospechosos de estar radicalizados incluye 12.000 nombres. Otros 1.700 han viajado a Siria e Irak y se desconoce cuántos han vuelto.
La amenaza sobre el país es “extremadamente elevada”, como insiste el primer ministro, Manuel Valls. Y es “multiforme y en constante evolución”: desde atentados con alarde logístico, como los de noviembre, hasta matanzas como la de Niza, cometida por un solo individuo.
El principal atentado evitado estaba listo para la Eurocopa, seguramente para la final, celebrada en París el día 10. En marzo, la policía detuvo cerca de París, a Reda Kriket, de 22 años, en posesión de un arsenal de armas y explosivos. Estaba conectado con la red yihadista de Bruselas.
Un año antes, en abril, fue detenido en París Sid Ahmed Ghlam, estudiante argelino de 24 años, con media docena de fusiles y listo para atacar dos iglesias. El último arresto se produjo el domingo cerca de la capital. Se trata de un chófer de transporte de viajeros, de 22 años, fichado como simpatizante yihadista, que tenía explosivos en su casa.
Son éxitos policiales que el Gobierno exhibe frente a las exigencias de la oposición de más mano dura. La batería de medidas contra el terror, asegura, ha dado frutos. Han sido expulsados 80 imanes violentos, se han cerrado diez mezquitas, se han fichado a 5.000 sospechosos de viajar a Siria o Irak denunciados por sus familias a través de un “teléfono verde” oficial, está a punto abrirse el primer centro de desradicalización y, en lo que va de año, han sido detenidas 160 personas.
Las leyes antiterroristas se han endurecido y, en paralelo, desde noviembre está vigente el estado de excepción, se reanudaron los controles fronterizos –se ha impedido la entrada a 28.000 personas- y se han dado poderes amplísimos a los servicios secretos, que tienen acceso a las comunicaciones y bases de datos con autorización del Ejecutivo, sin permiso judicial previo.
Creado en 2015, en el fichero S (de sospechosos yihadistas) hay ya 12.000 personas, si bien la cifra es demasiado alta para poder vigilarlos continuamente. A la vez, se ha prohibido salir al extranjero a 366 sospechosos de querer viajar a Siria o Irak, se han cerrado webs de contenido yihadista y se multa con hasta 30.000 euros la consulta reiterada a las mismas. Y a otros 317 sospechosos se les ha obligado a fijar residencia en áreas concretas y deben estar a disposición policial permanente.
De acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo, en tres años se han abierto 300 causas judiciales por terrorismo yihadista con 1.200 implicados. Desde que el presidente François Hollande llegó al Elíseo en mayo de 2012, hay 9.000 policías y gendarmes más, cuando el mandato previo de Nicolas Sarkozy (2007-2012) la plantilla se redujo en 12.000 personas.
Pese a estos datos, derecha y extrema derecha quien ampliar el arsenal legal y represivo. Incluso con iniciativas que sobrepasan la Constitución y las convenciones internacionales. El expresidente Nicolas Sarkozy quiere expulsar a los fichados S con doble nacionalidad y colocar brazaletes electrónicos al resto. La ultraderechista Marine Le Pen quiere la expulsión de todo sospechoso y de todo condenado por cualquier delito si tiene doble nacionalidad.
El presidente François Hollande dijo el 14 de julio antes de la matanza de Niza que su principal objetivo es proteger a los franceses. “Ser presidente es estar confrontado a la muerte, al drama”. Pero sin saltarse el Estado de derecho, advierte. Para la derecha radical, sin embargo, no hay límite a la hora de desatar el acoso al extranjero, que incluye a los cinco millones de musulmanes en Francia, la mayoría nacidos en el país.
