Periodistas piden a la ONU que envíe un Relator sobre libertad de prensa
Los directores de Página Siete y de la agencia ANF, y los periodistas Raúl Peñaranda y Andrés Gómez se reunieron con el representante del Alto Comisionado de DDHH.
Página Siete / La Paz
El diario Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF), y los periodistas Raúl Peñaranda y Andrés Gómez Vela, acusados por el Gobierno de ser parte de un "cártel de la mentira” y una "mafia mediática-política”, solicitaron al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas el envío de un Relator Especial de esa organización para que constate in situ la situación de la libertad de prensa en Bolivia.
Los directores de Página Siete y de ANF, Juan Carlos Salazar y Sergio Montes S.J., respectivamente, y los periodistas Peñaranda y Gómez Vela, mencionados por el ministro Juan Ramón Quintana en su alocución del 19 de mayo en el Legislativo boliviano, se apersonaron el lunes a la Oficina del Alto Comisionado en La Paz, donde se reunieron con el representante en Bolivia de dicha organización, Denis Racicot, y con los jefes de las distintas unidades de esa oficina en Bolivia, Xavier Mena, Rocío García, Vilma Romero y Jennifer Guachalla.
En la reunión, los afectados entregaron una carta en la que se pide la presencia de un Relator Especial para comprobar en el terreno "las acciones de acoso, amedrentamiento, intimidación y presiones varias que ejerce el Gobierno contra medios y periodistas independientes bolivianos”.
Quintana dijo ante el Legislativo que cuatro medios de comunicación (los diarios Página Siete y El Deber, ANF y la Red Erbol) y cuatro periodistas (Gómez, Peñaranda, Amalia Pando y Carlos Valverde), conforman un supuesto "cártel de la mentira”. Posteriormente, el vicepresidente Álvaro García Linera los acusó de ser parte de una "mafia mediática-política” que busca desestabilizar al gobierno de Evo Morales.
Los representantes de esos medios y los periodistas acusados rechazaron en su momento las sindicaciones y denunciaron que se trata de una estrategia de las autoridades tendente a amedrentar y acallar a las voces críticas del país.
La documentación entregada detalla las amenazas vertidas por Quintana en mayo pasado, pero también rememora otros eventos de los últimos años en los que distintas autoridades han lanzado agravios, intimidaciones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación, y los otros mecanismos usados por las autoridades para acallar a los medios independientes, como el veto de la publicidad estatal, el acoso de entidades estatales, como Impuestos Nacionales, Ministerio de Trabajo y otras, la compra de medios mediante empresarios cercanos al Gobierno, y otras acciones.
Durante la reunión, tanto Racicot como los cuatro jefes de unidades de su oficina dieron una amplia explicación de cómo trabajan los relatores especiales, el perfil biográfico del actual Relator sobre Libertad de Expresión, David Kaye, e informaron que el Gobierno boliviano es el que debe dar su vista bueno y fecha para su eventual visita.
Entre las atribuciones de un Relator Especial están "reunir la información pertinente sobre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la discriminación, las amenazas o el uso de la violencia, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personas que traten de ejercer o promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en particular, como cuestión de alta prioridad, contra periodistas”, según el portal web del Alto Comisionado.
Racicot dijo que es preocupación de su oficina las presiones ejercidas contra la libertad de expresión en Bolivia y otros derechos democráticos, y mencionó una reciente declaración pública emitida sobre las irregularidades cometidas en la detención del abogado Eduardo León, que atendió por un par de meses el caso de la expareja del presidente Evo Morales.
Valverde y Pando, además de Roxana Lizárraga, que trabaja con esta última en la radio Líder de La Paz, presentaron un día antes un pedido de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la OEA. Pando dijo sentirse "amenazada” y denunció que el Ministerio Público y el Órgano Judicial están sometidos a los intereses del Gobierno.
Solidaridad de organismos de periodistas ante amenazas
Al menos tres organismos internacionales de periodistas –Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)- han condenado en los últimos días las amenazas gubernamentales a los medios y periodistas.
"Este clima de hostilidad hacia la prensa, que perjudica profundamente la libertad de expresión en Bolivia, no puede durar más”, afirmó Emmanuel Colombie, responsable del Despacho de América Latina de RSF. "Los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y engendran una autocensura nefasta para la libertad de prensa”, añadió en un comunicado.
Por su parte, el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, afirmó que las
"acusaciones sin fundamento y amenazas contra los medios de comunicación de Bolivia están claramente dirigidos a frenar el reportaje crítico sobre temas sensibles”, e instó a las autoridades bolivianas a través de su coordinador del Programa de las Américas, Carlos Lauría, a "abstenerse” de amenazar a medios y periodistas por la información que difunden.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, condenó "la vieja práctica de intimidar a los periodistas y descalificar a los medios, cuyo objetivo es disuadir que se informe sobre asuntos de interés público”.
"Condenamos profundamente que el Gobierno siempre intente estigmatizar a la prensa, llamándola ‘cártel’, como si se tratara de bandas de delincuentes, justificando así procesos penales que no se compadecen en nada con lo que estipula la Ley de Imprenta vigente en el país”.
El diario Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF), y los periodistas Raúl Peñaranda y Andrés Gómez Vela, acusados por el Gobierno de ser parte de un "cártel de la mentira” y una "mafia mediática-política”, solicitaron al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas el envío de un Relator Especial de esa organización para que constate in situ la situación de la libertad de prensa en Bolivia.
Los directores de Página Siete y de ANF, Juan Carlos Salazar y Sergio Montes S.J., respectivamente, y los periodistas Peñaranda y Gómez Vela, mencionados por el ministro Juan Ramón Quintana en su alocución del 19 de mayo en el Legislativo boliviano, se apersonaron el lunes a la Oficina del Alto Comisionado en La Paz, donde se reunieron con el representante en Bolivia de dicha organización, Denis Racicot, y con los jefes de las distintas unidades de esa oficina en Bolivia, Xavier Mena, Rocío García, Vilma Romero y Jennifer Guachalla.
En la reunión, los afectados entregaron una carta en la que se pide la presencia de un Relator Especial para comprobar en el terreno "las acciones de acoso, amedrentamiento, intimidación y presiones varias que ejerce el Gobierno contra medios y periodistas independientes bolivianos”.
Quintana dijo ante el Legislativo que cuatro medios de comunicación (los diarios Página Siete y El Deber, ANF y la Red Erbol) y cuatro periodistas (Gómez, Peñaranda, Amalia Pando y Carlos Valverde), conforman un supuesto "cártel de la mentira”. Posteriormente, el vicepresidente Álvaro García Linera los acusó de ser parte de una "mafia mediática-política” que busca desestabilizar al gobierno de Evo Morales.
Los representantes de esos medios y los periodistas acusados rechazaron en su momento las sindicaciones y denunciaron que se trata de una estrategia de las autoridades tendente a amedrentar y acallar a las voces críticas del país.
La documentación entregada detalla las amenazas vertidas por Quintana en mayo pasado, pero también rememora otros eventos de los últimos años en los que distintas autoridades han lanzado agravios, intimidaciones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación, y los otros mecanismos usados por las autoridades para acallar a los medios independientes, como el veto de la publicidad estatal, el acoso de entidades estatales, como Impuestos Nacionales, Ministerio de Trabajo y otras, la compra de medios mediante empresarios cercanos al Gobierno, y otras acciones.
Durante la reunión, tanto Racicot como los cuatro jefes de unidades de su oficina dieron una amplia explicación de cómo trabajan los relatores especiales, el perfil biográfico del actual Relator sobre Libertad de Expresión, David Kaye, e informaron que el Gobierno boliviano es el que debe dar su vista bueno y fecha para su eventual visita.
Entre las atribuciones de un Relator Especial están "reunir la información pertinente sobre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la discriminación, las amenazas o el uso de la violencia, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personas que traten de ejercer o promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en particular, como cuestión de alta prioridad, contra periodistas”, según el portal web del Alto Comisionado.
Racicot dijo que es preocupación de su oficina las presiones ejercidas contra la libertad de expresión en Bolivia y otros derechos democráticos, y mencionó una reciente declaración pública emitida sobre las irregularidades cometidas en la detención del abogado Eduardo León, que atendió por un par de meses el caso de la expareja del presidente Evo Morales.
Valverde y Pando, además de Roxana Lizárraga, que trabaja con esta última en la radio Líder de La Paz, presentaron un día antes un pedido de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la OEA. Pando dijo sentirse "amenazada” y denunció que el Ministerio Público y el Órgano Judicial están sometidos a los intereses del Gobierno.
Solidaridad de organismos de periodistas ante amenazas
Al menos tres organismos internacionales de periodistas –Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)- han condenado en los últimos días las amenazas gubernamentales a los medios y periodistas.
"Este clima de hostilidad hacia la prensa, que perjudica profundamente la libertad de expresión en Bolivia, no puede durar más”, afirmó Emmanuel Colombie, responsable del Despacho de América Latina de RSF. "Los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y engendran una autocensura nefasta para la libertad de prensa”, añadió en un comunicado.
Por su parte, el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, afirmó que las
"acusaciones sin fundamento y amenazas contra los medios de comunicación de Bolivia están claramente dirigidos a frenar el reportaje crítico sobre temas sensibles”, e instó a las autoridades bolivianas a través de su coordinador del Programa de las Américas, Carlos Lauría, a "abstenerse” de amenazar a medios y periodistas por la información que difunden.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, condenó "la vieja práctica de intimidar a los periodistas y descalificar a los medios, cuyo objetivo es disuadir que se informe sobre asuntos de interés público”.
"Condenamos profundamente que el Gobierno siempre intente estigmatizar a la prensa, llamándola ‘cártel’, como si se tratara de bandas de delincuentes, justificando así procesos penales que no se compadecen en nada con lo que estipula la Ley de Imprenta vigente en el país”.
