Procurador propone que el Presidente elija a 22 de 33 nuevos magistrados
Héctor Arce plantea en su propuesta incrementar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Paz, ANF
El procurador general del Estado, Héctor Arce, planteó que el Presidente de Estado, Evo Morales y los siguientes, tenga la facultad para elegir a 22 de 33 magistrados propuestos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Aunque la Procuraduría presentó la denominada “Propuesta para la cumbre nacional de justicia plural para vivir bien”, Arce dijo que no es una “propuesta gubernamental” y minimizó la fuerza que pueda tener esta proposición pese a que es uno de los hombres de mayor confianza del presidente Morales.
En un texto de 66 páginas, esta entidad del Estado dedica un apartado a la propuesta de modalidad de elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, en la que sugiere que se incremente el número de sus integrantes y le da al Jefe de Estado la facultad de elegir a una mayoría de ellos.
Según Arce, este sería un “sistema mixto” de elección entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Presidente elegiría a la mayoría de las autoridades, de ternas propuestas por la Asamblea Legislativa.
Según esta propuesta, el Tribunal Supremo de Justicia aumentaría de sus nueve magistrados actuales a 15, de los cuales nueve serían elegidos por el Presidente, uno por cada departamento, de ternas elaboradas por la Asamblea Legislativa. Otros seis magistrados serían elegidos por la Asamblea, por dos tercios de votos, de ternas elaboradas por el Tribunal Supremo de Justicia en virtud de un escalafón judicial.
Los miembros del Tribunal Agroambiental se mantendrían en siete, cuatro a ser elegidos por el Presidente bajo el mismo mecanismo de ternas elaboradas por la Asamblea, y tres por la Asamblea por convocatoria directa.
La propuesta plantea que el Tribunal Constitucional aumente sus miembros de los siete actuales a 11. Nueve de ellos serían elegidos por el Presidente, uno por cada departamento, de ternas elaboradas por la Asamblea. Los otros dos serían elegidos por la Asamblea por convocatoria directa.
Arce justificó el otorgar mayor poder al Presidente bajo el argumento que esto impediría el cuoteo en la Asamblea y porque en su criterio se hizo un análisis del derecho comparado, explicando que la modalidad que plantea ya se aplica en otros países como Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.
Culpó a las organizaciones sociales por la elección de las actuales autoridades judiciales, que han sido durante criticadas por la ciudadanía por su escaso profesionalismo, eficiencia y honestidad. Fue Arce quien propuso la idea de que se elijan a los magistrados mediante voto popular, una reforma que el Presidente y el vicepresidente Álvaro García Linera admitieron ha sido un fracaso.
“Yo estaba en el proceso de selección para la lista pequeña, teníamos elegir a los mejores que quedaban, pero en el voto (popular) hubo manipulación terribles. Hubo un departamento en el que las organizaciones (motivaron el voto), por eso acusamos a las organizaciones sociales de interferir en la justicia”.
El argumento para aumentar el número de magistrados es que actualmente los magistrados delegan “ficticiamente las reglas de la competencia” en varios asesores. Su criterio es que, con más magistrados, se reducirían los asesores.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, planteó que el Presidente de Estado, Evo Morales y los siguientes, tenga la facultad para elegir a 22 de 33 magistrados propuestos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Aunque la Procuraduría presentó la denominada “Propuesta para la cumbre nacional de justicia plural para vivir bien”, Arce dijo que no es una “propuesta gubernamental” y minimizó la fuerza que pueda tener esta proposición pese a que es uno de los hombres de mayor confianza del presidente Morales.
En un texto de 66 páginas, esta entidad del Estado dedica un apartado a la propuesta de modalidad de elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, en la que sugiere que se incremente el número de sus integrantes y le da al Jefe de Estado la facultad de elegir a una mayoría de ellos.
Según Arce, este sería un “sistema mixto” de elección entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Presidente elegiría a la mayoría de las autoridades, de ternas propuestas por la Asamblea Legislativa.
Según esta propuesta, el Tribunal Supremo de Justicia aumentaría de sus nueve magistrados actuales a 15, de los cuales nueve serían elegidos por el Presidente, uno por cada departamento, de ternas elaboradas por la Asamblea Legislativa. Otros seis magistrados serían elegidos por la Asamblea, por dos tercios de votos, de ternas elaboradas por el Tribunal Supremo de Justicia en virtud de un escalafón judicial.
Los miembros del Tribunal Agroambiental se mantendrían en siete, cuatro a ser elegidos por el Presidente bajo el mismo mecanismo de ternas elaboradas por la Asamblea, y tres por la Asamblea por convocatoria directa.
La propuesta plantea que el Tribunal Constitucional aumente sus miembros de los siete actuales a 11. Nueve de ellos serían elegidos por el Presidente, uno por cada departamento, de ternas elaboradas por la Asamblea. Los otros dos serían elegidos por la Asamblea por convocatoria directa.
Arce justificó el otorgar mayor poder al Presidente bajo el argumento que esto impediría el cuoteo en la Asamblea y porque en su criterio se hizo un análisis del derecho comparado, explicando que la modalidad que plantea ya se aplica en otros países como Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.
Culpó a las organizaciones sociales por la elección de las actuales autoridades judiciales, que han sido durante criticadas por la ciudadanía por su escaso profesionalismo, eficiencia y honestidad. Fue Arce quien propuso la idea de que se elijan a los magistrados mediante voto popular, una reforma que el Presidente y el vicepresidente Álvaro García Linera admitieron ha sido un fracaso.
“Yo estaba en el proceso de selección para la lista pequeña, teníamos elegir a los mejores que quedaban, pero en el voto (popular) hubo manipulación terribles. Hubo un departamento en el que las organizaciones (motivaron el voto), por eso acusamos a las organizaciones sociales de interferir en la justicia”.
El argumento para aumentar el número de magistrados es que actualmente los magistrados delegan “ficticiamente las reglas de la competencia” en varios asesores. Su criterio es que, con más magistrados, se reducirían los asesores.
