Gobierno anuncia que obligará a empresas la contratación de personas con discapacidad
El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, aseguró hoy que se aplicarán "medidas coercitivas” a las instituciones públicas y privadas que incumplan con la inserción laboral de personas con discapacidad, acordada el viernes con dirigentes nacionales no movilizadas y afines al Gobierno tras una reunión en La Paz.
"Vamos a aplicar medidas coercitivas, no queda otra opción (...) nosotros vamos a procesar penalmente por incumplimiento de deberes, lo establece el Código Penal y fácilmente podemos avanzar”, explicó Trigoso en el programa El Pueblo es Noticia de la estatal BoliviaTV.
Ayer, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, envió el convenio de 42 puntos firmado el viernes con dirigentes nacionales de personas con discapacidad afines al Gobierno. "El acuerdo incluye la coordinación con las federaciones para la capacitación técnica y laboral inmediata de 500 personas con discapacidad, que accederán a un salario mínimo mientras dure el programa de capacitación con la proyección real de que accedan en un futuro próximo a fuentes de trabajo”, establece la carta. También Quintana solicitó ayer la designación de un delegado para que participe en la redacción de la ley de inserción laboral.
Trigoso precisó que todas las instituciones deberán presentar un informe de sus planillas con datos completos "para evitar que exista esa duda" de incumplimiento de la norma. Recordó que el decreto supremo 29608, de junio del 2008, establece la protección a las personas con discapacidad en el ámbito laboral que deben ocupar 4% del porcentaje de la planilla salarial de todas las entidades públicas y privadas.
El ministro de Trabajo explicó que lo primero que corresponde es establecer el universo de personas con discapacidad y su grado de discapacidad, para realizar un análisis minucioso y por la vía de la Bolsa de Trabajo incorporarlos en los ministerios de acuerdo a sus requerimientos.
"Esta semana se desplazará personal del Ministerio de Trabajo a las ciudades capitales de departamento para coordinar con las Federaciones Departamentales de Personas con Discapacidad, y pedirles los documentos de sus afiliados", remarcó.
Trigoso informó que el Ministerio de Trabajo envía constantemente cartas a las diferentes instituciones solicitando informes para establecer cuántas personas, con nombre y apellido, cédula de identidad y grado de discapacidad han sido incorporadas, pero dijo que las entidades no responden ese requerimiento. "De las alcaldías y los gobiernos municipales no tenemos información, porque están ignorando la obligación que tienen de informar al ministerio de Trabajo", acotó.
Bono mensual de Bs 500
Las personas con discapacidad llegaron a la Sede de Gobierno el lunes 25 de abril en una caravana que partió de la ciudad de Cochabamba luego de 35 días de marcha. El viernes, el Gobierno firmó un acuerdo de 42 puntos con un sector afín de discapacitados y en el que no participaron las personas que se encuentran en vigilia, a una cuadra de la Plaza Murillo, impedidos por la policía de ingresar al kilómetro cero.
El representante nacional de las personas con discapacidad, David Cayo, sostuvo este domingo que el sector movilizado no renunciará a la renta mensual de 500 bolivianos, que el Gobierno descartó tratar, por los sufrimientos que han afrontado en más de 60 días de vigilia y medidas de presión. "Nosotros estamos más de 60 días en las vigilias, 15 días de colgamiento, 35 días en las carreteras, con frio, sed, con hambre, con muchas situaciones que nos ha pasado, con bajas, con dos muertos en las vigilias, y estamos ahora en la intemperie aquí (en la ciudad de La Paz), una semana, entonces no renunciaremos a la renta de 500 bolivianos”, manifestó Cayo a radio Erbol.
