“Venezuela” aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá
Velásquez Figueroa, colaborador de Hugo Chávez, es uno de los implicados en los papeles de Panamá
Alfredo Meza
Caracas, El País
Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del palacio presidencial de Miraflores en Caracas en 2007, abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que eligieron al sucesor de Hugo Chávez. Vive ahora en República Dominicana con su esposa Claudia Díaz Guillén, la exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro y exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez.
La investigación, publicada en el portal venezolano Armando.info y Univisión, forma parte de un proyecto mundial liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el periódico alemán Suddeutsche Zeitung, que recibió millones de archivos del escritorio de abogados panameño Mossack Fonseca, con 38 sucursales regadas por todo el mundo y especializado en el registro de compañías en paraísos fiscales. En los documentos obtenidos, trabajados por más de 370 periodistas de todo el mundo y unos cien medios, se evidencia una metodología que permite a celebridades, empresarios, jefes de Estados y criminales esconder sus inversiones.
Los números son elocuentes: la palabra “Venezuela” aparece en un poco más de 241.000 documentos contenidos en la base de datos que el ICIJ convirtió en la más grande filtración sobre empresas en paraísos fiscales jamás registrada. De todas las historias quizá la de Velásquez Figueroa y su esposa sea la más escandalosa por la cercanía con el líder bolivariano y por la certeza de que jamás como asalariados podrían haber llegado a acumular una fortuna.
La investigación, que comenzó en junio de 2011 e incluye otra serie de historias de funcionarios venezolanos, ha permitido comprobar que Velásquez Figueroa es un contratista del Estado, que tiene cuentas bancarias en Suiza y en República Dominicana, que hasta junio de 2015 tenía una residencia temporal en ese país y una propiedad valorada entre 400.000 y 1,6 millones de dólares, y que todos esos bienes, según declaró el propio excapitán del ejército bolivariano cuando el bufete panameño pidió explicaciones, son haberes personales. Hasta el momento que se fue de baja de las fuerzas armadas, Velásquez Figueroa era un asalariado que no devengaba más de 200 dólares mensuales.
Los documentos de Mossack Fonseca ofrecen ejemplos notables sobre lo que ocurrió en Venezuela durante los últimos 15 años con el destino de los inmensos flujos de ingresos petroleros que el Estado manejó en el marco de una política de importaciones masivas y el mantenimiento de un subsidio a la tasa del dólar. También se evidencian las estructuras corporativas a la medida que la compañía panameña armó para algunos clientes venezolanos que querían o bien disipar su presencia en empresas incorporadas con directores de la propia MF, o generar deuda externa a través de transacciones con cascarones vacíos –con frecuencia, empresas propias– que luego se podían presentar al organismo administrador en la Venezuela del régimen de control cambiario.
Aunque no es un delito registrar una empresa en un paraíso fiscal, los documentos demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore a menudo no siguieron los requerimientos de ley para asegurarse de que sus clientes no estén envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción política. En algunas instancias, según muestran los archivos, intermediarios offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.
Caracas, El País
Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del palacio presidencial de Miraflores en Caracas en 2007, abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que eligieron al sucesor de Hugo Chávez. Vive ahora en República Dominicana con su esposa Claudia Díaz Guillén, la exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro y exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez.
La investigación, publicada en el portal venezolano Armando.info y Univisión, forma parte de un proyecto mundial liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el periódico alemán Suddeutsche Zeitung, que recibió millones de archivos del escritorio de abogados panameño Mossack Fonseca, con 38 sucursales regadas por todo el mundo y especializado en el registro de compañías en paraísos fiscales. En los documentos obtenidos, trabajados por más de 370 periodistas de todo el mundo y unos cien medios, se evidencia una metodología que permite a celebridades, empresarios, jefes de Estados y criminales esconder sus inversiones.
Los números son elocuentes: la palabra “Venezuela” aparece en un poco más de 241.000 documentos contenidos en la base de datos que el ICIJ convirtió en la más grande filtración sobre empresas en paraísos fiscales jamás registrada. De todas las historias quizá la de Velásquez Figueroa y su esposa sea la más escandalosa por la cercanía con el líder bolivariano y por la certeza de que jamás como asalariados podrían haber llegado a acumular una fortuna.
La investigación, que comenzó en junio de 2011 e incluye otra serie de historias de funcionarios venezolanos, ha permitido comprobar que Velásquez Figueroa es un contratista del Estado, que tiene cuentas bancarias en Suiza y en República Dominicana, que hasta junio de 2015 tenía una residencia temporal en ese país y una propiedad valorada entre 400.000 y 1,6 millones de dólares, y que todos esos bienes, según declaró el propio excapitán del ejército bolivariano cuando el bufete panameño pidió explicaciones, son haberes personales. Hasta el momento que se fue de baja de las fuerzas armadas, Velásquez Figueroa era un asalariado que no devengaba más de 200 dólares mensuales.
Los documentos de Mossack Fonseca ofrecen ejemplos notables sobre lo que ocurrió en Venezuela durante los últimos 15 años con el destino de los inmensos flujos de ingresos petroleros que el Estado manejó en el marco de una política de importaciones masivas y el mantenimiento de un subsidio a la tasa del dólar. También se evidencian las estructuras corporativas a la medida que la compañía panameña armó para algunos clientes venezolanos que querían o bien disipar su presencia en empresas incorporadas con directores de la propia MF, o generar deuda externa a través de transacciones con cascarones vacíos –con frecuencia, empresas propias– que luego se podían presentar al organismo administrador en la Venezuela del régimen de control cambiario.
Aunque no es un delito registrar una empresa en un paraíso fiscal, los documentos demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore a menudo no siguieron los requerimientos de ley para asegurarse de que sus clientes no estén envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción política. En algunas instancias, según muestran los archivos, intermediarios offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.
