Policías y militares cometen delitos sexuales cada vez con más frecuencia
La Paz, ANFLa violación de una adolescente de 16 años en un recinto policial donde fue remitida para protegerla de un supuesto delito de trata y tráfico y el feminicidio y violación de una joven oficial a manos de su camarada de armas ha puesto en evidencia la frecuencia con que policías y militares cometen delitos sexuales.En una revisión de los casos publicados en los medios de comunicación, ANF ha verificado que al menos 20 policías y siete militares están siendo procesados o han recibido sentencia por la comisión de delitos sexuales.
“Es un fenómeno preocupante porque demuestra la exacerbación del ejercicio del poder. Al amparo de sus uniformes cometen delitos y pretenden impunidad”, aseguró a ANF Julieta Montaño, directora de la Oficina Jurídica de la Mujer.
Cochabamba es el departamento con mayor número de delitos sexuales cometidos por policías -14 en total- en los últimos dos años. “Es un fenómeno preocupante, pero no hay que perder de vista los delitos cometidos por militares”, advirtió la jurista.
Montaño explicó que en los casos en que están involucrados policías “se advierte un modus operandi muy preocupante, pues se han registrado varios casos de violación múltiple que además han exigido el consentimiento y la participación de dos, tres y hasta ocho policìas”.
Recordó que el caso de Minerva dio la señal de alerta respecto al riesgo que corrían las mujeres en los recintos policiales. Luego de un largo proceso, siete efectivos fueron sentenciados por la violación a la joven discapacitada mental en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba. Uno se dio a la fuga.
No es el primer caso, pero en criterio de Montaño, fue el que alertó sobre los peligros que una mujer puede correr en los recintos policiales, “es como caer en la boca del lobo, ya es un sinsentido eso de llamar a la policía en caso de peligro, ahora se corre riesgo incluso si una se cruza en la calle con una patrulla”.
Según el informe de Desarrollo Humano 2016 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el eje metropolitano de Cochabamba 8 de cada 10 mujeres afirmaron no confiar en la protección de la policía.
No es para menos afirmó Montaño. En noviembre de 2015 cuando una joven madre fue violada cuando dos policías la subieron a una patrulla supuestamente por no portar su carnet de identidad. Mientras una la violaba, el otro vigilaba y cuidaba de su bebé. El violador que fue inicialmente detenido fue puesto en libertad supuestamente por sus “méritos profesionales”, el juez que lo devolvió a las calles tuvo que rectificar su decisión de inmediato por la presión ciudadana.
Ese modus operandi se repitió el 2 de marzo de este año en la ciudad de Tarija. Tres policías interceptaron un taxi, pidieron sus documentos de identidad al chofer y a la pasajera, cómo ésta no portaba su documento la detuvieron y procedieron a violarla en la patrulla policial. Intentaron asesinarla para ocultar su delito, pero los gritos de la joven de 23 años y la intervención de los vecinos evitó una tragedia mayor.
“Actúan en patota y activan un pacto de silencio”, dijo Montaño y refirió el caso de los tres policías denunciados por abusar sexualmente de una joven de 18 años en la ciudad de Oruro, presuntamente tras haberla drogado.
Según la jurista en estos casos la ley debiera aplicarse con más rigor pero “los policías tienen una especio de fantasmas protectores, alargan los procesos, contratan a los abogados más chicaneros y no reparan en gastos”.
Refirió el caso del policía Tola, sentenciado a 30 años por feminicidio y que se dio a la fuga por la tolerancia de las autoridades judiciales. Era un policía de bajo rango que pagó una cuenta de 80 mil dólares a la clínica donde su pareja estuvo en coma durante seis meses y acreditó ser socio de una empresa de transporte pesado internacional. Un policía que burló la ley con su dinero, cuestionó Montaño.
En el caso de los militares, “los delitos son más personales, un ejercicio de afirmación de su poder en la intimidad de relaciones prohibidas en muchos casos con adolescentes”.
Recordó el caso del militar Roland Alfonzo Bartolomé Carrillo sentenciado en la víspera a 30 años de privación de libertad por el delito de violación de una adolescente de 13 años en Cobija, Pando. Y el del Comandante del Regimiento de Artillería Pisagua, en el Chaco tarijeño, destituido de su cargo por violar a una sargento. La violación a una premilitar de la Fuerza Aérea en El Alto.
“Hay un relajamiento de la disciplina militar y policial que está cobrando un precio muy alto a las mujeres”, aseguró Montaño y dijo que urge adoptar mecanismos de seguimiento que permitan verificar que los procesos se aceleren y las sentencias se cumplan para que estos hechos no queden en la impunidad.
