El Ejército turco cerca un sótano con unas 30 personas en el Kurdistán
Un edificio en Cizre cumple nueve días de asedio militar sin acceso a los servicios médicos
Andrés Mourenza
Diyarbakir, El País
Un sótano de Cizre —localidad que este miércoles cumple 50 días en toque de queda y cercada por las fuerzas militares y policiales turcas— se ha convertido en el símbolo de la nueva fase bélica del conflicto kurdo, que se ceba en la población civil. Desde el pasado día 23 de enero, una treintena de personas —buena parte de ellas heridas— permanecen atrapadas en el subsuelo de un edificio de cuatro plantas en el que se refugiaron huyendo de los combates entre el Ejército y militantes vinculados al grupo armado kurdo PKK, sin que se haya permitido el acceso a los servicios médicos. El edificio ha sido además bombardeado, presuntamente por las fuerzas militares turcas.
“Esto es una masacre”, denuncia Faysal Sariyildiz. Su voz suena exhausta al otro lado del hilo telefónico. Desde hace más de una semana, este diputado del partido prokurdo HDP se encuentra en Cizre, a 600 metros del edificio sitiado, tratando de hallar una solución para los heridos atrapados: “Las últimas informaciones que tenemos es que había 31 personas, pero siete han ido muriendo en los últimos días por la falta de atención médica. Aún quedan quince heridos, nueve de ellos muy graves. Todos son civiles y varios mujeres y niños”.
La situación de los que se han quedado dentro del que los medios kurdos llaman “el sótano de la barbarie” es crítica pues carecen de agua y electricidad, una situación que se vive en buena parte de la asediada ciudad. “Mis parientes que no han podido salir de la ciudad me han dicho que están teniendo que beber los orines para no morir de sed”, asegura una mujer kurda este diario.
Pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió el día 26 una decisión exigiendo al Gobierno turco que garantizase el acceso médico a los heridos, las ambulancias no han podido acudir, según el Ministerio de Sanidad turco por culpa de los ataques de militantes del PKK. El sábado, en coordinación con el Gobierno, las ambulancias municipales lograron aproximarse a 200 metros del edificio para intentar un rescate: “En todo momento nos mantuvimos en contacto telefónico (con las personas dentro del sótano) pero mientras esperábamos la confirmación del Ministerio escuchamos sonido de explosiones y disparos. Escuchamos a uno de los heridos gritando ‘Nos están atacando, nos han bombardeado. Nos van a matar’”, explicaron los sanitarios en un comunicado.
Según varios testigos, tanques y piezas de artillería del Ejército turco dispararon al edificio provocando el derrumbamiento de varios pisos. “Han reducido prácticamente a escombros la casa y desde el sábado por la tarde no hemos podido volver a contactar con los heridos. Tememos que hayan muerto”, asegura Sariyildiz. El Colegio de Médicos de Turquía ha exigido la apertura de un “corredor humanitario” para atender a los heridos y pedido que se respete el trabajo de enfermeros, médicos y conductores de ambulancia ya que cuatro trabajadores sanitarios han muerto por disparos de la policía durante los toques de queda de los últimos cinco meses. Además, ha llamado a la intervención de la Cruz Roja Internacional. “La negativa de las autoridades turcas a garantizar el acceso a cuidado médico es indefendible. Aunque es perfectamente legítimo que tomen medidas para garantizar la seguridad y arrestar a los sospechosos, esta operación muestra una cruel indiferencia por la vida humana”, se quejó Andrew Gardner, representante de Amnistía Internacional en Turquía.
“Al menos mostrad respeto por sus cadáveres”
Fahriye Çukur sostiene el retrato de su hija Rozerin con los ojos enrojecidos. Al lado, su marido, Mustafa, trata de mantener la entereza, pero al poco rato sus ojos también comienzan a expeler lágrimas: “Era una niña muy sensible. Acababa de cumplir 17 años”. Hace más de un mes que la familia Çukur no tiene noticias de Rozerin.
“Nosotros vivimos fuera de la Ciudad Vieja [de Diyarbakir] pero su escuela estaba dentro de la zona amurallada, así que cuando comenzaron los enfrentamientos y decretaron el toque de queda en algunos barrios de dentro, le prohibimos ir al colegio”, explica su padre. La joven insistía, así que sus padres finalmente dieron el brazo a torcer. Sin embargo, una tarde de finales de diciembre, la chica no regresó de la escuela. El 8 de enero, les llegó la noticia de que alguien dentro del cerco policial al que está sometido el centro histórico de Diyarbakir, donde se libran intensos combates entre el Ejército turco y el PKK, había hallado a Rozerin muerta. El matrimonio Çukur inició un peregrinar por las instituciones oficiales para que, al menos, les entregasen el cadáver. “El gobernador dice que no tienen constancia de su muerte, pero los del YDG-H [movimiento juvenil armado vinculado al PKK] dicen que está en la zona controlada por la policía”, explica Mustafa, a quien le duele especialmente que los medios progubernamentales tilden a su hija de “terrorista”: “Cuando la perdimos iba con el uniforme de la escuela, las únicas armas que llevaban eran los cuadernos de clase”.
Junto a otras familias de jóvenes militantes y civiles muertos en el interior de la Ciudad Vieja, los Çukur reclaman que los cuerpos les sean entregados, tal y como dictan las normas internacionales de combate. Cada tarde se reúnen en un parque de Diyarbakir para reclamar justicia, bajo una pancarta en la que se lee: “Ya que no habéis respetado sus vidas, al menos mostrad respeto por sus cadáveres”.
“Quedan por lo menos seis muertos en uno de los barrios que creemos que están controlados por las fuerzas de seguridad turcas. Dos son de civiles y los otros cuatro de jóvenes del YDG-H”, afirma el dirigente nacionalista kurdo Ekrem Nifak: “La semana pasada entregaron los cadáveres de otros dos jóvenes, tras 38 días a la intemperie. Los perros se habían comido parte de los cuerpos”.
Diyarbakir, El País
Un sótano de Cizre —localidad que este miércoles cumple 50 días en toque de queda y cercada por las fuerzas militares y policiales turcas— se ha convertido en el símbolo de la nueva fase bélica del conflicto kurdo, que se ceba en la población civil. Desde el pasado día 23 de enero, una treintena de personas —buena parte de ellas heridas— permanecen atrapadas en el subsuelo de un edificio de cuatro plantas en el que se refugiaron huyendo de los combates entre el Ejército y militantes vinculados al grupo armado kurdo PKK, sin que se haya permitido el acceso a los servicios médicos. El edificio ha sido además bombardeado, presuntamente por las fuerzas militares turcas.
“Esto es una masacre”, denuncia Faysal Sariyildiz. Su voz suena exhausta al otro lado del hilo telefónico. Desde hace más de una semana, este diputado del partido prokurdo HDP se encuentra en Cizre, a 600 metros del edificio sitiado, tratando de hallar una solución para los heridos atrapados: “Las últimas informaciones que tenemos es que había 31 personas, pero siete han ido muriendo en los últimos días por la falta de atención médica. Aún quedan quince heridos, nueve de ellos muy graves. Todos son civiles y varios mujeres y niños”.
La situación de los que se han quedado dentro del que los medios kurdos llaman “el sótano de la barbarie” es crítica pues carecen de agua y electricidad, una situación que se vive en buena parte de la asediada ciudad. “Mis parientes que no han podido salir de la ciudad me han dicho que están teniendo que beber los orines para no morir de sed”, asegura una mujer kurda este diario.
Pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió el día 26 una decisión exigiendo al Gobierno turco que garantizase el acceso médico a los heridos, las ambulancias no han podido acudir, según el Ministerio de Sanidad turco por culpa de los ataques de militantes del PKK. El sábado, en coordinación con el Gobierno, las ambulancias municipales lograron aproximarse a 200 metros del edificio para intentar un rescate: “En todo momento nos mantuvimos en contacto telefónico (con las personas dentro del sótano) pero mientras esperábamos la confirmación del Ministerio escuchamos sonido de explosiones y disparos. Escuchamos a uno de los heridos gritando ‘Nos están atacando, nos han bombardeado. Nos van a matar’”, explicaron los sanitarios en un comunicado.
Según varios testigos, tanques y piezas de artillería del Ejército turco dispararon al edificio provocando el derrumbamiento de varios pisos. “Han reducido prácticamente a escombros la casa y desde el sábado por la tarde no hemos podido volver a contactar con los heridos. Tememos que hayan muerto”, asegura Sariyildiz. El Colegio de Médicos de Turquía ha exigido la apertura de un “corredor humanitario” para atender a los heridos y pedido que se respete el trabajo de enfermeros, médicos y conductores de ambulancia ya que cuatro trabajadores sanitarios han muerto por disparos de la policía durante los toques de queda de los últimos cinco meses. Además, ha llamado a la intervención de la Cruz Roja Internacional. “La negativa de las autoridades turcas a garantizar el acceso a cuidado médico es indefendible. Aunque es perfectamente legítimo que tomen medidas para garantizar la seguridad y arrestar a los sospechosos, esta operación muestra una cruel indiferencia por la vida humana”, se quejó Andrew Gardner, representante de Amnistía Internacional en Turquía.
“Al menos mostrad respeto por sus cadáveres”
Fahriye Çukur sostiene el retrato de su hija Rozerin con los ojos enrojecidos. Al lado, su marido, Mustafa, trata de mantener la entereza, pero al poco rato sus ojos también comienzan a expeler lágrimas: “Era una niña muy sensible. Acababa de cumplir 17 años”. Hace más de un mes que la familia Çukur no tiene noticias de Rozerin.
“Nosotros vivimos fuera de la Ciudad Vieja [de Diyarbakir] pero su escuela estaba dentro de la zona amurallada, así que cuando comenzaron los enfrentamientos y decretaron el toque de queda en algunos barrios de dentro, le prohibimos ir al colegio”, explica su padre. La joven insistía, así que sus padres finalmente dieron el brazo a torcer. Sin embargo, una tarde de finales de diciembre, la chica no regresó de la escuela. El 8 de enero, les llegó la noticia de que alguien dentro del cerco policial al que está sometido el centro histórico de Diyarbakir, donde se libran intensos combates entre el Ejército turco y el PKK, había hallado a Rozerin muerta. El matrimonio Çukur inició un peregrinar por las instituciones oficiales para que, al menos, les entregasen el cadáver. “El gobernador dice que no tienen constancia de su muerte, pero los del YDG-H [movimiento juvenil armado vinculado al PKK] dicen que está en la zona controlada por la policía”, explica Mustafa, a quien le duele especialmente que los medios progubernamentales tilden a su hija de “terrorista”: “Cuando la perdimos iba con el uniforme de la escuela, las únicas armas que llevaban eran los cuadernos de clase”.
Junto a otras familias de jóvenes militantes y civiles muertos en el interior de la Ciudad Vieja, los Çukur reclaman que los cuerpos les sean entregados, tal y como dictan las normas internacionales de combate. Cada tarde se reúnen en un parque de Diyarbakir para reclamar justicia, bajo una pancarta en la que se lee: “Ya que no habéis respetado sus vidas, al menos mostrad respeto por sus cadáveres”.
“Quedan por lo menos seis muertos en uno de los barrios que creemos que están controlados por las fuerzas de seguridad turcas. Dos son de civiles y los otros cuatro de jóvenes del YDG-H”, afirma el dirigente nacionalista kurdo Ekrem Nifak: “La semana pasada entregaron los cadáveres de otros dos jóvenes, tras 38 días a la intemperie. Los perros se habían comido parte de los cuerpos”.
