Ministra de Transparencia acusa a Aramayo de haber obstaculizado la investigación
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, señaló que fue Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien no permitió realizar una investigación oportuna a las irregularidades cometidas en esa institución por lo que restó credibilidad a sus últimas declaraciones.
"Fue Aramayo que no nos permitió realizar nuestro trabajo", dijo Valdivia, a quien acusó de haber negado el acceso a la información. "Inmediatamente me comuniqué, de inicio me negó y me dijo que necesitaba la autorización de las organizaciones sociales, una actitud irresponsable", agregó la autoridad de Transparencia.
En días pasados, Aramayo aseguró que en septiembre de 2013 alertó a la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, que había 1.228 proyectos irregulares de un total de 3.462 obras productivas, proyectos fantasmas y mal manejo de los recursos económicos en el Fondo Indígena.
Las declaraciones, fueron respondidas por el primer Mandatario, Evo Morales, quien acusó a Aramayo de ser "doblemente delincuente" porque no hizo una denuncia en su momento, en relación a esos hechos de corrupción y malversación de recursos del Fondo Indígena.
Este lunes, Valdivia, también refiriéndose a las declaraciones de Aramayo, restó credibilidad a cualquier tipo de sindicación proveniente del ex director. "Viniendo de quien viene y a estas alturas lleguen declaraciones! (...) en su momento toda autoridad tiene responsabilidad de denunciar estos hechos. No estamos de acuerdo que se pretenda mediatizar el tema", dijo.
"Para nosotros, como lo dijo nuestro presidente (Morales), el tema del Fondo Indígena es un tema cerrado y hemos hecho lo que teníamos que hacer", sostuvo. Aramayo actualmente se encuentra detenido preventivamente en el penal de San Pedro, por un supuesto incumplimiento de deberes.
La Contraloría General del Estado, el mes de febrero del 2015, concluyó en un informe que 153 proyectos no habían sido concluidos pese a que recibieron financiamiento para su ejecución. Entonces, la entidad detectó un presunto daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos. Para la interventora al ex Fondo Indígena, Larisa Fuentes, el daño asciende a más de 102 millones por 30 proyectos "fantasma".
