La guerra se traslada al interior de las ciudades kurdas
Un total de 243 civiles han muerto en el conflicto la mayoría por disparos de los turcos
Andrés Mourenza
Cizre, El País
Dos columnas de humo se elevan sobre Cizre, en el sudeste kurdo de Turquía. La circunvalación que la rodea está tomada por militares turcos, que impiden el paso y mantienen sitiada la ciudad —de 130.000 habitantes—, donde rige el toque de queda desde hace 47 días. Pero de una colina sobre el río Tigris a las afueras de Cizre se perciben claramente los disparos de la artillería turca en el interior de la urbe, donde las fuerzas especiales de la Policía y el Ejército tratan de acabar con el levantamiento de jóvenes vinculados al grupo armado kurdo PKK.
El panorama no es muy diferente en otras localidades del sudeste del país en las que está vigente el toque de queda, como Silopi o el centro histórico de Diyarbakir, capital oficiosa de los kurdos de Turquía, donde, desde hace dos meses, se han hecho fuertes un centenar de militantes armados.
A lo largo de la avenida Gazi, que divide en dos la Ciudad Vieja de Diyarbakir, la policía ha cubierto la entrada de varias tiendas con sacos terreros y, adornadas con una bandera turca para marcar posiciones, las utiliza de garitas de vigilancia.
Junto a ellas, un pelotón de soldados recibe instrucciones antes de entrar, acompañados de vehículos blindados, al dédalo de callejuelas donde se desarrollan los combates.
De allá llega periódicamente el estruendo de la artillería. “¿Lo oyes?”, pregunta un vecino. “Es así cada día, y a veces caen proyectiles de mortero por aquí cerca. Incluso han metido un tanque”, asegura. Según las declaraciones de quienes escapan de los barrios en conflicto, los militares están derribando casas para poder abrirse paso hasta las barricadas en las que se han atrincherado los militantes kurdos.
La guerra ha regresado a las zonas kurdas de Turquía como si el proceso de paz que negociaban el Gobierno y el PKK hasta el año pasado sólo hubiese servido para acumular ímpetu y retomar el conflicto con mayor brío.
Los abogados denuncian que la operación militar es ilegal
La campaña policial y militar del Gobierno turco se enmarca dentro de una “operación antiterrorista” contra el PKK, organización que también la Unión Europea y Estados Unidos incluyen en su lista de grupos terroristas. Desde el pasado agosto se han declarado 59 toques de queda en 19 localidades del sudeste del país para llevar a cabo estas operaciones, que el vicepresidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir, Ahmet Özmen, denuncia que son “ilegales”.
“Olvidémonos de los acuerdos internacionales firmados por Turquía, el Gobierno no ha seguido las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico de este país para declararlos. Ni está respetando el derecho a la vida, a la educación, a la salud y a la propiedad de la gente que está bajo el toque de queda”, asegura.
Según un informe de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), 161 miembros de las fuerzas de seguridad turcas y 199 combatientes del PKK han muerto desde que se renovaron las hostilidades el pasado julio. Aún peor, hasta el pasado día 24, habían perdido la vida 243 civiles, la mayoría por disparos de la Policía y el Ejército turcos.
“En la década de 1990 también morían civiles por el conflicto kurdo, pero jamás la cifra de civiles había superado las bajas militares”, lamenta Raci Bilici, presidente provincial de la Asociación de Derechos Humanos.
Además, denuncia que el bajo número de heridos en el lado del PKK —sólo seis— es muestra de que las fuerzas turcas “o bien los ejecutan o los dejan morir en la calle”, lo cual supondría “una grave violación de las normas internacionales de la guerra”.
“Los policías y militares que están combatiendo vienen de fuera, y los vecinos se quejan de la continua violencia física y verbal a las que les someten”, explica Ekrem Nifak, dirigente local del partido nacionalista kurdo DBP, quien asegura que muchos agentes oriundos de la región afectada por el conflicto han presentado su dimisión “para no participar en esta barbarie”, hecho que desmiente el Gobierno de Ankara.
Cizre, El País
Dos columnas de humo se elevan sobre Cizre, en el sudeste kurdo de Turquía. La circunvalación que la rodea está tomada por militares turcos, que impiden el paso y mantienen sitiada la ciudad —de 130.000 habitantes—, donde rige el toque de queda desde hace 47 días. Pero de una colina sobre el río Tigris a las afueras de Cizre se perciben claramente los disparos de la artillería turca en el interior de la urbe, donde las fuerzas especiales de la Policía y el Ejército tratan de acabar con el levantamiento de jóvenes vinculados al grupo armado kurdo PKK.
El panorama no es muy diferente en otras localidades del sudeste del país en las que está vigente el toque de queda, como Silopi o el centro histórico de Diyarbakir, capital oficiosa de los kurdos de Turquía, donde, desde hace dos meses, se han hecho fuertes un centenar de militantes armados.
A lo largo de la avenida Gazi, que divide en dos la Ciudad Vieja de Diyarbakir, la policía ha cubierto la entrada de varias tiendas con sacos terreros y, adornadas con una bandera turca para marcar posiciones, las utiliza de garitas de vigilancia.
Junto a ellas, un pelotón de soldados recibe instrucciones antes de entrar, acompañados de vehículos blindados, al dédalo de callejuelas donde se desarrollan los combates.
De allá llega periódicamente el estruendo de la artillería. “¿Lo oyes?”, pregunta un vecino. “Es así cada día, y a veces caen proyectiles de mortero por aquí cerca. Incluso han metido un tanque”, asegura. Según las declaraciones de quienes escapan de los barrios en conflicto, los militares están derribando casas para poder abrirse paso hasta las barricadas en las que se han atrincherado los militantes kurdos.
La guerra ha regresado a las zonas kurdas de Turquía como si el proceso de paz que negociaban el Gobierno y el PKK hasta el año pasado sólo hubiese servido para acumular ímpetu y retomar el conflicto con mayor brío.
Los abogados denuncian que la operación militar es ilegal
La campaña policial y militar del Gobierno turco se enmarca dentro de una “operación antiterrorista” contra el PKK, organización que también la Unión Europea y Estados Unidos incluyen en su lista de grupos terroristas. Desde el pasado agosto se han declarado 59 toques de queda en 19 localidades del sudeste del país para llevar a cabo estas operaciones, que el vicepresidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir, Ahmet Özmen, denuncia que son “ilegales”.
“Olvidémonos de los acuerdos internacionales firmados por Turquía, el Gobierno no ha seguido las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico de este país para declararlos. Ni está respetando el derecho a la vida, a la educación, a la salud y a la propiedad de la gente que está bajo el toque de queda”, asegura.
Según un informe de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), 161 miembros de las fuerzas de seguridad turcas y 199 combatientes del PKK han muerto desde que se renovaron las hostilidades el pasado julio. Aún peor, hasta el pasado día 24, habían perdido la vida 243 civiles, la mayoría por disparos de la Policía y el Ejército turcos.
“En la década de 1990 también morían civiles por el conflicto kurdo, pero jamás la cifra de civiles había superado las bajas militares”, lamenta Raci Bilici, presidente provincial de la Asociación de Derechos Humanos.
Además, denuncia que el bajo número de heridos en el lado del PKK —sólo seis— es muestra de que las fuerzas turcas “o bien los ejecutan o los dejan morir en la calle”, lo cual supondría “una grave violación de las normas internacionales de la guerra”.
“Los policías y militares que están combatiendo vienen de fuera, y los vecinos se quejan de la continua violencia física y verbal a las que les someten”, explica Ekrem Nifak, dirigente local del partido nacionalista kurdo DBP, quien asegura que muchos agentes oriundos de la región afectada por el conflicto han presentado su dimisión “para no participar en esta barbarie”, hecho que desmiente el Gobierno de Ankara.
