Estado de emergencia en tres provincias de Perú por el narcotráfico
El Callao y dos provincias de la costa tienen derechos suspendidos debido al tráfico de drogas y las extorsiones
Jacqueline Fowks
Lima, El País
Mientras el presidente Ollanta Humala sostiene que las cifras de capturas e incautaciones de armas a 25 días de estado de emergencia en el puerto de El Callao son alentadoras, la prensa muestra más evidencias de policías, militares, trabajadores penitenciarios y del gobierno regional de esa provincia involucrados con el narco y mafias de extorsionadores.
En El Callao, desde el 5 de diciembre, la policía puede ingresar a las viviendas y realizar arrestos sin orden judicial, aunque las libertades de tránsito y de reunión no han sido suspendidas. Las provincias del Santa y Casma, en la costa de la región Ancash, también fueron declaradas en emergencia el 24 de diciembre, por el mismo motivo.
La medida en el principal puerto fue promulgada por el mandatario al día siguiente de que un sicario asesinó a Wilbur Castillo, un exreo que en 2012 denunció que el gobernador y el alcalde del Callao tenían un centro de espionaje telefónico que implicaba a miembros de la organización política Chim Pum Callao. Ello significó confrontar a Roger Poemape, la cabeza de una red criminal que, según la Policía Nacional, tenía el dominio territorial para sacar droga por el puerto. Pero este año, según la esposa de Castillo, el hombre colaboró con la Policía Nacional para que capture a miembros de la red Barrio King, liderada por Gerson Gálvez, alias ‘Caracol’, uno de los prófugos más buscados por delitos de extorsión, narcotráfico y sicariato en El Callao, a 50 minutos de Lima.
Si bien el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha destacado el incremento de detenciones a personas con antecedentes penales en el puerto, el experto en seguridad ciudadana Gino Costa indicó a la prensa local que “la declaración del estado de emergencia no suma, porque se necesita es un trabajo paciente, y una vez que has investigado y tienes todas las evidencias probatorias, detienes. No se trata de detener un montón de gente para después ver qué hacer con ellos”.
Para Costa, la corrupción, las extorsiones y el narcotráfico “son negocios tremendamente rentables a cargo de organizaciones criminales muy fuertes, que cuentan con complicidad a nivel político, en la Policía, en la Fiscalía, en el Poder Judicial y en el Instituto Nacional Penitenciario”.
El diario La República reportó que, de acuerdo a unas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía Nacional en mayo, el delincuente ‘Caracol’ conseguía trasladar droga desde el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) en helicópteros que transportan al personal del Ejército. El VRAE concentra el 60% de la producción de hoja de coca en el país, y hay unos 6.000 militares en la zona, debido a la actividad de los Quispe Palomino, remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso.
“Lo traen en helicóptero al cuartel de acá de Lima y con carro oficial del Estado ¿ya? Del cuartel te lo dejan en la puerta de tu casa, la ‘merca’ (droga)”, comenta uno de los trabajadores de ‘Caracol’ en la conversación interceptada por el sistema de escucha ‘Constelación’. En otra llamada de mayo, los colaboradores del narcotraficante aluden a sus contactos en la Empresa de Servicio de Limpieza del Callao para dar facilidades para sacar la mercancía por el puerto.
El diario El Comercio divulgó el organigrama de la banda de ‘Caracol’ y en ella figura Francisco Samamé, un policía cómplice, encargado de coordinar el sembrado de pruebas y de incriminar a delincuentes de otras bandas.
Para Costa, otra prioridad en El Callao es que un grupo independiente tenga garantías para investigar: “el gobierno regional presidido por Félix Moreno ha gastado 31 millones de soles para la construcción de una nueva sede de Corpac y lo poco que se había construido está siendo derruido. ¿Por qué no hay nadie preso? ¿Dónde están las investigaciones fiscales?”, reclamó. Por otro lado, el hermano del acribillado Castillo afirma que ‘Caracol’ es el guardaespaldas de Moreno.
La Defensoría del Pueblo ha alertado, con cifras de la Policía Nacional, que en 2014 en el puerto 544 ataques con armas de fuego produjeron 101 muertes y 443 heridos, y en los primeros seis meses de 2015, 252 ataques ocasionaron 45 muertes y 207 heridos.
El estado de emergencia que además restringe el derecho de reunión y de libre tránsito está vigente hace décadas en más de 45 provincias rurales de la sierra y selva del país, debido a la lucha contra el narcotráfico y contra los rezagos de Sendero Luminoso.
Lima, El País
Mientras el presidente Ollanta Humala sostiene que las cifras de capturas e incautaciones de armas a 25 días de estado de emergencia en el puerto de El Callao son alentadoras, la prensa muestra más evidencias de policías, militares, trabajadores penitenciarios y del gobierno regional de esa provincia involucrados con el narco y mafias de extorsionadores.
En El Callao, desde el 5 de diciembre, la policía puede ingresar a las viviendas y realizar arrestos sin orden judicial, aunque las libertades de tránsito y de reunión no han sido suspendidas. Las provincias del Santa y Casma, en la costa de la región Ancash, también fueron declaradas en emergencia el 24 de diciembre, por el mismo motivo.
La medida en el principal puerto fue promulgada por el mandatario al día siguiente de que un sicario asesinó a Wilbur Castillo, un exreo que en 2012 denunció que el gobernador y el alcalde del Callao tenían un centro de espionaje telefónico que implicaba a miembros de la organización política Chim Pum Callao. Ello significó confrontar a Roger Poemape, la cabeza de una red criminal que, según la Policía Nacional, tenía el dominio territorial para sacar droga por el puerto. Pero este año, según la esposa de Castillo, el hombre colaboró con la Policía Nacional para que capture a miembros de la red Barrio King, liderada por Gerson Gálvez, alias ‘Caracol’, uno de los prófugos más buscados por delitos de extorsión, narcotráfico y sicariato en El Callao, a 50 minutos de Lima.
Si bien el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha destacado el incremento de detenciones a personas con antecedentes penales en el puerto, el experto en seguridad ciudadana Gino Costa indicó a la prensa local que “la declaración del estado de emergencia no suma, porque se necesita es un trabajo paciente, y una vez que has investigado y tienes todas las evidencias probatorias, detienes. No se trata de detener un montón de gente para después ver qué hacer con ellos”.
Para Costa, la corrupción, las extorsiones y el narcotráfico “son negocios tremendamente rentables a cargo de organizaciones criminales muy fuertes, que cuentan con complicidad a nivel político, en la Policía, en la Fiscalía, en el Poder Judicial y en el Instituto Nacional Penitenciario”.
El diario La República reportó que, de acuerdo a unas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía Nacional en mayo, el delincuente ‘Caracol’ conseguía trasladar droga desde el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) en helicópteros que transportan al personal del Ejército. El VRAE concentra el 60% de la producción de hoja de coca en el país, y hay unos 6.000 militares en la zona, debido a la actividad de los Quispe Palomino, remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso.
“Lo traen en helicóptero al cuartel de acá de Lima y con carro oficial del Estado ¿ya? Del cuartel te lo dejan en la puerta de tu casa, la ‘merca’ (droga)”, comenta uno de los trabajadores de ‘Caracol’ en la conversación interceptada por el sistema de escucha ‘Constelación’. En otra llamada de mayo, los colaboradores del narcotraficante aluden a sus contactos en la Empresa de Servicio de Limpieza del Callao para dar facilidades para sacar la mercancía por el puerto.
El diario El Comercio divulgó el organigrama de la banda de ‘Caracol’ y en ella figura Francisco Samamé, un policía cómplice, encargado de coordinar el sembrado de pruebas y de incriminar a delincuentes de otras bandas.
Para Costa, otra prioridad en El Callao es que un grupo independiente tenga garantías para investigar: “el gobierno regional presidido por Félix Moreno ha gastado 31 millones de soles para la construcción de una nueva sede de Corpac y lo poco que se había construido está siendo derruido. ¿Por qué no hay nadie preso? ¿Dónde están las investigaciones fiscales?”, reclamó. Por otro lado, el hermano del acribillado Castillo afirma que ‘Caracol’ es el guardaespaldas de Moreno.
La Defensoría del Pueblo ha alertado, con cifras de la Policía Nacional, que en 2014 en el puerto 544 ataques con armas de fuego produjeron 101 muertes y 443 heridos, y en los primeros seis meses de 2015, 252 ataques ocasionaron 45 muertes y 207 heridos.
El estado de emergencia que además restringe el derecho de reunión y de libre tránsito está vigente hace décadas en más de 45 provincias rurales de la sierra y selva del país, debido a la lucha contra el narcotráfico y contra los rezagos de Sendero Luminoso.
