El Tribunal Supremo de Estados Unidos revisará la reforma migratoria de Obama
Si la Corte da la razón al presidente, casi cinco millones de 'sin papeles' podrán regularizar su situación
Washington, El País
El Tribunal Supremo de Estados Unidos revisará la reforma migratoria del presidente Obama para regularizar a casi cinco millones de indocumentados. La Corte se pronunciará sobre el caso antes del verano, coincidiendo con una campaña electoral en la que la inmigración ya ha enfrentado a demócratas y republicanos. El dictamen resolverá una de las propuestas legislativas de Obama más ambiciosas y que, gracias al bloqueo de los conservadores, nunca llegó a entrar en vigor.
El mandatario demócrata impulsó hace más de un año, a través de un decreto presidencial, una reforma de las leyes migratorias del país que permitía a millones de indocumentados solicitar un permiso de residencia especial que evitaría su deportación. En total, casi cinco millones de personas —entre ellos los padres de jóvenes indocumentados conocidos como dreamers— podrían beneficiarse de la medida.
La legislación, sin embargo, chocó con el mismo grado de oposición entre los republicanos como cualquier otro intento de reforma anterior. Una coalición de 26 Estados liderados por Texas presentaron una demanda ante la justicia en la que acusaron a Obama de excederse en sus competencias presidenciales y de abuso de poder, al intentar legislar en una materia que corresponde al Congreso. La Casa Blanca sostiene que el presidente actuó dentro de la legalidad. Finalmente, será el Tribunal Supremo quien resuelva la denuncia.
El presidente Obama ha defendido a lo largo de sus dos mandatos que la reforma del sistema migratorio debía surgir del acuerdo entre los dos partidos. Sin embargo, el desgaste de los dos primeros años de presidencia, en los que logró sacar adelante el nuevo sistema de salud erosionó cualquier posibilidad de acuerdo con los republicanos. Solo la derrota de Mitt Romney en 2012 —con apenas un 23% del voto hispano— inspiró a su partido a negociar una reforma migratoria. La promesa incumplida de Obama se vio entonces rodeada de esperanza. Una coalición de ocho senadores demócratas y republicanos impulsaron en 2013 la primera reforma del sistema migratorio en más de tres décadas. Lograron superar el voto en el Senado, pero el proyecto de ley murió ahí.
La Casa Blanca explicó a finales de 2014 que Obama recurría al decreto presidencial porque el resto de vías para la reforma habían quedado agotadas por el bloqueo republicano en la Cámara de Representantes. El presidente había hecho malabares con el aumento la seguridad en la frontera —una de las exigencias de los republicanos— y manteniendo hasta hoy una tasa de deportaciones sin precedentes. Cuando aprobó su decreto, una de las reformas que puede marcar su legado, Obama pudo pronunciar al fin que la legislación permitiría a los indocumentados “salir de las sombras”. Pero la norma nunca entró en vigor y millones de ‘sin papeles’ esperan una resolución.
La Corte ya dio la razón en años anteriores a la Casa Blanca en materia de inmigración, cuando bloqueó la ley antiinmigrantes de Arizona, y en otros dos grandes casos similares relacionados con la reforma sanitaria. Si el Tribunal Supremo dictamina que Obama no se excedió en sus competencias y ha respetado la legislación, la regulación de indocumentados más ambiciosa de las últimas décadas puede convertirse en el sello final de su presidencia. De no ser así, el mandatario demócrata puede marcharse de Washington sin haber cumplido la promesa de reformar el sistema migratorio.
Una sentencia favorable -se espera que el Supremo se pronuncie antes de finales de junio- supondría además que el programa de regularización de indocumentados entraría en vigor en plena campaña electoral. La inmigración ha sido objeto de intenso debate en los últimos comicios y en 2016 se ha recrudecido aún más por las declaraciones xenófobas del candidato republicano Donald Trump. Mientras que los aspirantes demócratas defienden las reformas de Obama y sugieren abordar cambios aún más ambiciosos si llegan a la Casa Blanca, los republicanos compiten por demostrar quién hace la propuesta más restrictiva con los indocumentados.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos revisará la reforma migratoria del presidente Obama para regularizar a casi cinco millones de indocumentados. La Corte se pronunciará sobre el caso antes del verano, coincidiendo con una campaña electoral en la que la inmigración ya ha enfrentado a demócratas y republicanos. El dictamen resolverá una de las propuestas legislativas de Obama más ambiciosas y que, gracias al bloqueo de los conservadores, nunca llegó a entrar en vigor.
El mandatario demócrata impulsó hace más de un año, a través de un decreto presidencial, una reforma de las leyes migratorias del país que permitía a millones de indocumentados solicitar un permiso de residencia especial que evitaría su deportación. En total, casi cinco millones de personas —entre ellos los padres de jóvenes indocumentados conocidos como dreamers— podrían beneficiarse de la medida.
La legislación, sin embargo, chocó con el mismo grado de oposición entre los republicanos como cualquier otro intento de reforma anterior. Una coalición de 26 Estados liderados por Texas presentaron una demanda ante la justicia en la que acusaron a Obama de excederse en sus competencias presidenciales y de abuso de poder, al intentar legislar en una materia que corresponde al Congreso. La Casa Blanca sostiene que el presidente actuó dentro de la legalidad. Finalmente, será el Tribunal Supremo quien resuelva la denuncia.
El presidente Obama ha defendido a lo largo de sus dos mandatos que la reforma del sistema migratorio debía surgir del acuerdo entre los dos partidos. Sin embargo, el desgaste de los dos primeros años de presidencia, en los que logró sacar adelante el nuevo sistema de salud erosionó cualquier posibilidad de acuerdo con los republicanos. Solo la derrota de Mitt Romney en 2012 —con apenas un 23% del voto hispano— inspiró a su partido a negociar una reforma migratoria. La promesa incumplida de Obama se vio entonces rodeada de esperanza. Una coalición de ocho senadores demócratas y republicanos impulsaron en 2013 la primera reforma del sistema migratorio en más de tres décadas. Lograron superar el voto en el Senado, pero el proyecto de ley murió ahí.
La Casa Blanca explicó a finales de 2014 que Obama recurría al decreto presidencial porque el resto de vías para la reforma habían quedado agotadas por el bloqueo republicano en la Cámara de Representantes. El presidente había hecho malabares con el aumento la seguridad en la frontera —una de las exigencias de los republicanos— y manteniendo hasta hoy una tasa de deportaciones sin precedentes. Cuando aprobó su decreto, una de las reformas que puede marcar su legado, Obama pudo pronunciar al fin que la legislación permitiría a los indocumentados “salir de las sombras”. Pero la norma nunca entró en vigor y millones de ‘sin papeles’ esperan una resolución.
La Corte ya dio la razón en años anteriores a la Casa Blanca en materia de inmigración, cuando bloqueó la ley antiinmigrantes de Arizona, y en otros dos grandes casos similares relacionados con la reforma sanitaria. Si el Tribunal Supremo dictamina que Obama no se excedió en sus competencias y ha respetado la legislación, la regulación de indocumentados más ambiciosa de las últimas décadas puede convertirse en el sello final de su presidencia. De no ser así, el mandatario demócrata puede marcharse de Washington sin haber cumplido la promesa de reformar el sistema migratorio.
Una sentencia favorable -se espera que el Supremo se pronuncie antes de finales de junio- supondría además que el programa de regularización de indocumentados entraría en vigor en plena campaña electoral. La inmigración ha sido objeto de intenso debate en los últimos comicios y en 2016 se ha recrudecido aún más por las declaraciones xenófobas del candidato republicano Donald Trump. Mientras que los aspirantes demócratas defienden las reformas de Obama y sugieren abordar cambios aún más ambiciosos si llegan a la Casa Blanca, los republicanos compiten por demostrar quién hace la propuesta más restrictiva con los indocumentados.
