Una meta global ambiciosa pero sin objetivos de emisiones vinculantes
El pacto busca que el aumento de la temperatura media del planeta quede “muy por debajo” de los dos grados
Manuel Planelles
París, El País
El texto final del pacto de París tiene como objetivo principal conseguir que el aumento de la temperatura media del planeta a final de siglo se quede “muy por debajo” de los dos grados con respecto a los niveles preindustriales. También se apunta a que se deben hacer esfuerzos para que “no se superen los 1,5”. El acuerdo establece una meta ambiciosa. Pero los objetivos que cada país se fija nacionalmente para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero no aparecen en el texto como legalmente vinculantes. Sí es obligatorio presentar planes para reducirlas o limitarlas.
Objetivo general. Para lograr el objetivo de que el aumento de la temperatura media a finales de siglo se quede entre los 1,5 y 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, se establece que todos los países deberán alcanzar un techo en sus emisiones de gases de efecto invernadero “lo antes posible”. Los países desarrollados deberán hacerlo los primeros. Los que no lo son tendrán más tiempo, aunque no se fija un año concreto. De lo que sí se habla es de que, en la segunda mitad de este siglo, se deberá llegar a un “equilibrio” entre las emisiones y la capacidad de absorber esos gases, principalmente el dióxido de carbono. Este punto abre la puerta a los mecanismos de secuestro y almacenamiento de carbono, una vía que defienden los países petroleros para no cortar de cuajo con los combustibles fósiles.
Contribuciones nacionales. El principal instrumento sobre el que se construye el acuerdo son las llamadas “contribuciones” nacionales. De momento, 186 de los 195 países que han negociado ya presentaron planes de reducción de sus emisiones. Cuando se analizan en conjunto las contribuciones ya puestas sobre la mesa y se extrapolan sus efectos hasta final de siglo, el resultado es que la temperatura media aumentaría cerca de tres grados.
Revisiones quinquenales. Dado que los compromisos actuales son insuficientes, el acuerdo establece que las contribuciones se revisarán cada cinco años al alza. El primer análisis se realizará en 2018 y la primera actualización en 2020, cuando entraría en vigor el acuerdo de París. A los países desarrollados se les exige que reduzcan sus emisiones en sus contribuciones nacionales. A los que no lo son, se les insta a que las limiten o las reduzcan en función de sus capacidades.
Control. Otro de los instrumentos clave del acuerdo es la creación de inventarios para poder hacer un buen seguimiento de los programas nacionales de reducción. Se perfilan tres categorías: los desarrollados, que deberán dar una completa información; los emergentes, que tendrán una menor exigencia; y los más pobres, que tendrán el nivel mínimo de obligaciones.
Fuerza legal. El ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, remachó ayer que el acuerdo será vinculante. Pero no serán legalmente vinculantes los objetivos de reducción de emisiones de cada país. Esta salvedad se ha tenido que incluir para evitar que EE UU, el segundo mayor emisor mundial, no se quede fuera del pacto, ya que tendría problemas para ratificarlo en su país si se le imponen desde fuera metas concretas. Sin embargo, en el texto propuesto por Francia se señala que cada país firmante “deberá preparar, comunicar y mantener las contribuciones nacionales”. También “deberá” poner en marcha “medidas domésticas” de mitigación para cumplir con los objetivos nacionales que se haya fijado en su contribución.
Ayuda financiera. Para que los países con menos recursos puedan adaptarse a los efectos del cambio climático y para que puedan reducir también sus emisiones se establece la obligación de que exista ayuda internacional. Los países desarrollados son los que deben movilizar los fondos. Otros Estados podrán aportar también, pero de forma “voluntaria”. El compromiso es lograr hasta 2025 que se movilicen 100.000 millones de dólares anuales, aunque se fija una revisión al alza para antes de ese año. El texto presentado consta de dos partes, el acuerdo y la decisión. La cifra de 100.000 millones se recoge en la decisión, que se puede revisar cada año. Además, en el documento se incluye la creación de un organismo internacional nuevo dedicado a las “pérdidas y daños”; es decir, para compensar a los Estados que se verán más afectados por las consecuencias del cambio climático. El desarrollo de este nuevo órgano quedará para más adelante.
París, El País
El texto final del pacto de París tiene como objetivo principal conseguir que el aumento de la temperatura media del planeta a final de siglo se quede “muy por debajo” de los dos grados con respecto a los niveles preindustriales. También se apunta a que se deben hacer esfuerzos para que “no se superen los 1,5”. El acuerdo establece una meta ambiciosa. Pero los objetivos que cada país se fija nacionalmente para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero no aparecen en el texto como legalmente vinculantes. Sí es obligatorio presentar planes para reducirlas o limitarlas.
Objetivo general. Para lograr el objetivo de que el aumento de la temperatura media a finales de siglo se quede entre los 1,5 y 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, se establece que todos los países deberán alcanzar un techo en sus emisiones de gases de efecto invernadero “lo antes posible”. Los países desarrollados deberán hacerlo los primeros. Los que no lo son tendrán más tiempo, aunque no se fija un año concreto. De lo que sí se habla es de que, en la segunda mitad de este siglo, se deberá llegar a un “equilibrio” entre las emisiones y la capacidad de absorber esos gases, principalmente el dióxido de carbono. Este punto abre la puerta a los mecanismos de secuestro y almacenamiento de carbono, una vía que defienden los países petroleros para no cortar de cuajo con los combustibles fósiles.
Contribuciones nacionales. El principal instrumento sobre el que se construye el acuerdo son las llamadas “contribuciones” nacionales. De momento, 186 de los 195 países que han negociado ya presentaron planes de reducción de sus emisiones. Cuando se analizan en conjunto las contribuciones ya puestas sobre la mesa y se extrapolan sus efectos hasta final de siglo, el resultado es que la temperatura media aumentaría cerca de tres grados.
Revisiones quinquenales. Dado que los compromisos actuales son insuficientes, el acuerdo establece que las contribuciones se revisarán cada cinco años al alza. El primer análisis se realizará en 2018 y la primera actualización en 2020, cuando entraría en vigor el acuerdo de París. A los países desarrollados se les exige que reduzcan sus emisiones en sus contribuciones nacionales. A los que no lo son, se les insta a que las limiten o las reduzcan en función de sus capacidades.
Control. Otro de los instrumentos clave del acuerdo es la creación de inventarios para poder hacer un buen seguimiento de los programas nacionales de reducción. Se perfilan tres categorías: los desarrollados, que deberán dar una completa información; los emergentes, que tendrán una menor exigencia; y los más pobres, que tendrán el nivel mínimo de obligaciones.
Fuerza legal. El ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, remachó ayer que el acuerdo será vinculante. Pero no serán legalmente vinculantes los objetivos de reducción de emisiones de cada país. Esta salvedad se ha tenido que incluir para evitar que EE UU, el segundo mayor emisor mundial, no se quede fuera del pacto, ya que tendría problemas para ratificarlo en su país si se le imponen desde fuera metas concretas. Sin embargo, en el texto propuesto por Francia se señala que cada país firmante “deberá preparar, comunicar y mantener las contribuciones nacionales”. También “deberá” poner en marcha “medidas domésticas” de mitigación para cumplir con los objetivos nacionales que se haya fijado en su contribución.
Ayuda financiera. Para que los países con menos recursos puedan adaptarse a los efectos del cambio climático y para que puedan reducir también sus emisiones se establece la obligación de que exista ayuda internacional. Los países desarrollados son los que deben movilizar los fondos. Otros Estados podrán aportar también, pero de forma “voluntaria”. El compromiso es lograr hasta 2025 que se movilicen 100.000 millones de dólares anuales, aunque se fija una revisión al alza para antes de ese año. El texto presentado consta de dos partes, el acuerdo y la decisión. La cifra de 100.000 millones se recoge en la decisión, que se puede revisar cada año. Además, en el documento se incluye la creación de un organismo internacional nuevo dedicado a las “pérdidas y daños”; es decir, para compensar a los Estados que se verán más afectados por las consecuencias del cambio climático. El desarrollo de este nuevo órgano quedará para más adelante.
