Piden al Gobierno que indague a 23 grupos ilegales de abogados
El Colegio de Abogados de La Paz identificó aproximadamente 23 consorcios de abogados que negocian procesos judiciales con policías, fiscales y jueces. Quien preside esta institución, Raúl Jiménez, pidió a las autoridades que activen mecanismos de investigación.
Hace más de un año que Jiménez tiene una lista con algunos nombres que integran estos consorcios. Incluso sostuvo que la exministra de Transparencia, Nardi Suxo, también tiene una lista que coincide con la suya. En 2014 -dijo- tuvieron una reunión para elaborar una estrategia para sacar a la luz pública esos nombres; pero la intención se frustró con el cambio de Suxo.
"Estos consorcios operan en todo el país, pero en La Paz debe haber unos 15 en el ámbito penal, abogados poderosos vinculados incluso con esferas políticas. En materia civil deben ser unos cinco y en laboral dos o tres”, explicó ayer Jiménez.
Aunque la existencia de estos grupos que gestionan procesos y ponen precios elevados, sumas millonarias a las resoluciones en coordinación con operadores de justicia no es algo nuevo, Jiménez dijo que han proliferado.
Añadió que para dar nombres "hay que se muy macho”, pues es enfrentarse a grupos "poderosos y bien organizados”.
Sin embargo, el representante está convencido de que el Gobierno conoce la identidad de algunos de estos juristas y que la lista que manejó la exministra de Transparencia continúa en su despacho. Apuesta por los mecanismos de Inteligencia del Estado como la mejor herramienta para investigar a estas personas.
"Tengo el riesgo de que me metan a la cárcel, pero si tuviera el apoyo del Ministerio de Gobierno, de Justicia, Transparencia e hiciéramos un cuerpo sólido, me lanzo a la piscina vacía y saco la lista”, sostuvo.
El 24 de noviembre, después de que se difundió el denominado "video extorsión” en el que dos jueces extorsionaban a una mujer por 3.000 dólares, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcelo Elío, informó que desplegarían agentes de Inteligencia en los juzgados para hallar funcionarios corruptos.
El mismo día, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó palabras similares a las que ayer pronunció Jiménez. "Ahora nos damos cuenta que transformar la justicia es, primero, desarticular estos consorcios”, dijo Romero; mientras que el presidente del colegio de abogados aseguró: "El momento que metamos a la cárcel a algunos cabecillas de estos consorcios les puedo asegurar que bajará la corrupción en la justicia”.
Crisis en la justicia
Norma El artículo 174 del Código Penal establece una pena de dos a cuatro años de cárcel para quien "el juez que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados, o formare parte de ellos, con el objeto de procurase ventajas económicas ilícitas”.
Cumbre El Gobierno se alista para realizar una cumbre nacional en la que se discutirá las falencias de la justicia y las propuestas para salvarla de la situación de crisis en la que se encuentra.
Manifestación Después del llamado "video extorsión” hubo una marcha de víctimas de la injusticia y protestas contra los malos funcionarios.
