Fondo Indígena avaló auditorías irregulares, según la Interventora
La interventora del Fondo Indígena en Liquidación, Lariza Fuentes, afirmó ayer que el directorio de esa entidad, que fue presidido por la exministra Nemesia Achacollo, aprobó los estados financieros e informes de auditoría que contenían datos falsos.
Fuentes y su equipo técnico y jurídico presentaron ayer un informe oral ante la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores.
La jefa de la Unidad Jurídica del Fondo Indígena en Liquidación, Cecilia Aparicio, quien acompañó a Fuentes, explicó que los informes financieros y auditorías anuales que aprobó el directorio tienen una serie de observaciones e irregularidades.
"En los informes no había consecuencia lógica de cómo se informaba en una gestión, cómo se informaba en la otra gestión, tampoco se encontraron muchos documentos porque se los ha ocultado”, reveló Aparicio, y afirmó que el personal técnico y administrativo de la entidad ocultó información y por esa razón las autoridades no detectaron las irregularidades en el Fondo Indígena.
Fuentes sostuvo que el directorio aprobó los estados financieros "irregulares” porque es una obligación.
"En el marco de las funciones, era una obligación del directorio aprobar los estados financieros. Yo tuve que aprobar los estados financieros de la anterior gestión. Yo sé qué está mal, pero mandé con mis observaciones”, indicó Fuentes, y afirmó que los informes, pese a estar aprobados por el directorio, no fueron remitidos al Ministerio de Economía ni a la Contraloría como establece la Ley SAFCO.
Ante esas irregularidades -dijo Fuentes- presentaron denuncias contra los directores ejecutivos Marco Aramayo, Elvira Parra, ambos con detención preventiva, y Daniel Zapata, quien se encuentra prófugo; también contra los directores administrativo-financieros.
"Ellos no han cumplido con sus funciones”, agregó.
Consultada sobre cuál es la responsabilidad de los miembros del directorio, dijo que no hay responsabilidad porque ellos sólo tenían la tuición de aprobar.
El senador Óscar Ortiz, presidente de la comisión, afirmó que este hecho es "la gran contradicción. Está claro que si el directorio aprobó proyectos, informes financieros, la responsabilidad no sólo debe recaer en los directores ejecutivos”.
A eso Fuentes respondió que en su informe reportó que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras "no cumplió con la función que establece la Ley 1178 de (otorgar) la tuición a una entidad descentralizada, en este caso el Fondo Indígena”.
Fuentes dijo que hasta que se realice una auditoría a los proyectos del Fondo Indígena, no se conocerá a cuánto asciende el daño económico al Estado.
En agosto, la Interventora reportó un daño de más de 102 millones de bolivianos.
"Todo es presunto... No se puede establecer un daño efectivo hasta que no haya una sentencia o auditoría”, dijo Aparicio.
Corrupción
Corrupción El presidente Evo Morales, en Gabinete ampliado que se realizó ayer, minimizó el caso del Fondo Indígena. "Tenemos problemas con el contrabando. En el tema de corrupción, siento que no corresponde el tema Fondo Indígena, pero no es un ministro, dos o tres ministros” (tras esa declaración del Presidente se cortó la transmisión de la televisión estatal).
Denunciarán a 300 personas
La interventora del Fondo Indígena en Liquidación, Lariza Fuentes, informó ayer que en las próximas dos semanas presentarán ante el Ministerio Público 90 denuncias que involucran a 300 personas responsables de proyectos financiados por el Fondo Indígena.
"Se están evaluando 400 proyectos, de estos, dentro de dos semanas se presentará al Ministerio Público 90 denuncias que involucra a 300 personas”, indicó Fuentes, que ayer presentó un informe oral a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas del Senado.
Explicó que hasta la conclusión de la intervención, 26 de agosto, había 56 denuncias que involucraban a 90 personas beneficiarias.
Hasta la fecha hay 80 procesos iniciados ante el Ministerio Público, que representan cerca de 300 involucrados.
Durante su informe, Fuentes también explicó que durante el proceso de intervención, que concluyó en agosto pasado, se recuperaron más de 17 millones de bolivianos, y hasta la fecha ese monto se elevó a cerca de 19 millones.
La interventora debe liquidar 713 proyectos.
