Denuncian a Eugenio Rojas de presionar en la aprobación de proyectos en el Fondo Indígena
El director ejecutivo del Fondo Indígena y expresidente del Senado, Eugenio Rojas, presionaba para la aprobación de proyectos y extorsionaba a los comunarios para recibir el 10% del costo de los planes, denunció el exdirector de esta entidad, Marco Antonio Aramayo.
Después que se suspendió la audiencia en la que solicitó la unificación de las 63 denuncias en su contra, Aramayo denunció que el exlegislador en su condición de autoridad influía en la entidad. “Que Nemesia Achacollo de la cara. Se les va a terminar el poder. Eugenio Rojas llamaba por teléfono para agilizar los proyectos”, sostuvo.
Añadió que Rojas y otros dirigentes de las organizaciones sociales no solo presionaban para que sus planes tengan el visto bueno en el Fondo, sino que también “extorsionaban” pidiendo el 10% del costo del proyecto a cambio que se aprueben los proyectos. "Pregunten a sus hermanos de las comunidades", insistió.
Respecto al tema, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, respecto a la denuncia del exfuncionario del Fondo dijo que todos serán investigados y de ser necesario convocados a declarar.
Rojas fue posesionado como director ejecutivo del Fondo Indígena, el pasado 1 de septiembre, con el objetivo de reorganizar la institución y dotarle de los mecanismos necesarios para un manejo transparente y efectivo de los recursos económicos de la entidad.
Los dirigentes de las organizaciones sociales afines al MAS formaban parte de las sesiones del Directorio, según Aramayo en esta instancia se tomaban decisiones.
Aramayo está detenido en la cárcel de San Pedro acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al igual que Elvira Parra la exdirectora ejecutiva, quien también fue imputada por daños lesivos al Estado.
Ambos fueron detenidos en el mes de marzo de este año, después que la Contraloría General del Estado denunció en el Ministerio Público sobre el irregular manejo de 153 proyectos irregulares con un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos.
Aramayo cuestionó que la Fiscalía solo investigue a un par de personas, mientras que la mayoría de los responsables de los proyectos no son investigados y continúan ejerciendo cargos públicos.
No solo se identificó irregularidades en estos 153 proyectos. La Interventora al Fondo identificó más de 700 proyectos que cumplieron los plazos de ejecución pero que no se entregaron las obras en los cronogramas, pese al desembolso de los recursos económicos.
