Un juez ordena prisión preventiva para el expresidente Otto Pérez Molina
El fiscal pide la captura del mandatario por cohecho, asociación ilícita y fraude
Jan Martínez Ahrens
Ciudad de Guatemala, El País
Pocas veces en la historia de América Latina un incendio político se consumió tan rápido. El general Otto Pérez Molina pasó en 24 horas de ser el presidente de la República de Guatemala a convertirse en preso común. En un proceso relámpago, bastó que el Congreso le retirase la inmunidad para que Pérez Molina renunciase, el fiscal pidiese su captura y el juez le llamase a declarar y, tras escuchar en vista pública a la defensa y el ministerio público, acordase su encarcelamiento provisional por los cargos de cohecho, asociación ilícita, y fraude tributario.
La vertiginosa maquinaria que liquidó la era de Pérez Molina fue activada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una fiscalía especial amparada por la ONU y que se ha convertido en el garante de la legalidad en el país centroamericano. Su investigación sacó a relucir una amplia trama de corrupción aduanera en cuya cúspide situó a la vicepresidenta y al presidente. Ese fue el detonante. Pero la pólvora que evitó que el proceso judicial que acabase en el cajón del olvido fue la indignación ciudadana. La cólera que desde abril, en un creciente y masivo pulso callejero, ha puesto contra las cuerdas a la clase política, imposibilitando cualquier salida en falso. “Que sepan que estamos pendientes de lo que hacen los políticos”, decía Damián, de 34 años y editor gráfico, en la Plaza Mayor de Ciudad de Guatemala, epicentro de la protesta, donde anoche se congregaron cientos de ciudadanos a celebrar la caída del mandatario.
En este escenario huracanado las elecciones presidenciales del próximo domingo se han convertido en un elemento secundario. La primera vuelta es vista por la ciudadanía como un mero trámite, con una miríada de candidatos liliputienses alejados de los aires de regeneración que se han apoderado de Guatemala. Una nueva era que vivió su jornada estelar con la comparecencia judicial del general Pérez Molina, el político que prometió reconciliar el país y acabó uniéndolo en su contra. El expresidente entró en la sala del tribunal como un soldado. Se sentó en el banquillo y esperó el ataque. Con el rostro seco de quien ha visto correr mucha sangre, Pérez Molina escuchaba las grabaciones presentadas por el fiscal en su contra. Conversaciones sonrojantes y secretas que, poco a poco, fueron destapando el fraude aduanero que supuestamente encabezó con la vicepresidenta y antigua aspirante a Miss Guatemala, Roxana Baldetti. Una estructura paralela, denominada La Línea, que con apoyo de medio centenar de implicados, permitió durante años la importación de bienes sin pagar las tasas aduaneras. A cambio, la organización criminal cobraba gigantescos sobornos.
La imagen quedará durante años en la retina de los guatemaltecos. Todo el país pudo contemplar a través de la televisión al general victorioso, al presidente empecinado comparecer como un ciudadano más ante la justicia. El hombre que solo doce horas era jefe de Estado, veía ahora su destino en manos del implacable juez Miguel Ángel Gálvez, el mismo que días antes había ordenado el encarcelamiento de la vicepresidenta.
Sábado tras sábado, decenas de miles de ciudadanos, armados solo con su furia y la dinamita de las redes sociales, habían forzado el desafuero del presidente
No flojeó Pérez Molina. Como una fiera a punto de saltar, mantuvo el aplomo. “Estoy aquí para dar la cara”, dijo. Pero la batalla ya estaba perdida. El juez ordenó su ingreso provisional en el presidio militar de Matamoros. La decisión fue festejada en las calles. “Esto no es más que el principio, hay que seguir hasta limpiar el país”, decía Estanislao García un empresario que había acudido con su familia a la Plaza Mayor.
La ola de indignación desatada en abril contra la corrupción había logrado su objetivo. Sábado tras sábado, decenas de miles de ciudadanos, armados solo con su furia y la dinamita de las redes sociales, habían forzado el desafuero del presidente. Y ahora su encarcelamiento. Derribado el muro más alto, caído el jefe del Estado, la historia, al menos por un día, les había dado la mano. Guatemala, una nación carcomida por la violencia y la pobreza, había dado una lección cívica al mundo.
Ciudad de Guatemala, El País
Pocas veces en la historia de América Latina un incendio político se consumió tan rápido. El general Otto Pérez Molina pasó en 24 horas de ser el presidente de la República de Guatemala a convertirse en preso común. En un proceso relámpago, bastó que el Congreso le retirase la inmunidad para que Pérez Molina renunciase, el fiscal pidiese su captura y el juez le llamase a declarar y, tras escuchar en vista pública a la defensa y el ministerio público, acordase su encarcelamiento provisional por los cargos de cohecho, asociación ilícita, y fraude tributario.
La vertiginosa maquinaria que liquidó la era de Pérez Molina fue activada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una fiscalía especial amparada por la ONU y que se ha convertido en el garante de la legalidad en el país centroamericano. Su investigación sacó a relucir una amplia trama de corrupción aduanera en cuya cúspide situó a la vicepresidenta y al presidente. Ese fue el detonante. Pero la pólvora que evitó que el proceso judicial que acabase en el cajón del olvido fue la indignación ciudadana. La cólera que desde abril, en un creciente y masivo pulso callejero, ha puesto contra las cuerdas a la clase política, imposibilitando cualquier salida en falso. “Que sepan que estamos pendientes de lo que hacen los políticos”, decía Damián, de 34 años y editor gráfico, en la Plaza Mayor de Ciudad de Guatemala, epicentro de la protesta, donde anoche se congregaron cientos de ciudadanos a celebrar la caída del mandatario.
En este escenario huracanado las elecciones presidenciales del próximo domingo se han convertido en un elemento secundario. La primera vuelta es vista por la ciudadanía como un mero trámite, con una miríada de candidatos liliputienses alejados de los aires de regeneración que se han apoderado de Guatemala. Una nueva era que vivió su jornada estelar con la comparecencia judicial del general Pérez Molina, el político que prometió reconciliar el país y acabó uniéndolo en su contra. El expresidente entró en la sala del tribunal como un soldado. Se sentó en el banquillo y esperó el ataque. Con el rostro seco de quien ha visto correr mucha sangre, Pérez Molina escuchaba las grabaciones presentadas por el fiscal en su contra. Conversaciones sonrojantes y secretas que, poco a poco, fueron destapando el fraude aduanero que supuestamente encabezó con la vicepresidenta y antigua aspirante a Miss Guatemala, Roxana Baldetti. Una estructura paralela, denominada La Línea, que con apoyo de medio centenar de implicados, permitió durante años la importación de bienes sin pagar las tasas aduaneras. A cambio, la organización criminal cobraba gigantescos sobornos.
La imagen quedará durante años en la retina de los guatemaltecos. Todo el país pudo contemplar a través de la televisión al general victorioso, al presidente empecinado comparecer como un ciudadano más ante la justicia. El hombre que solo doce horas era jefe de Estado, veía ahora su destino en manos del implacable juez Miguel Ángel Gálvez, el mismo que días antes había ordenado el encarcelamiento de la vicepresidenta.
Sábado tras sábado, decenas de miles de ciudadanos, armados solo con su furia y la dinamita de las redes sociales, habían forzado el desafuero del presidente
No flojeó Pérez Molina. Como una fiera a punto de saltar, mantuvo el aplomo. “Estoy aquí para dar la cara”, dijo. Pero la batalla ya estaba perdida. El juez ordenó su ingreso provisional en el presidio militar de Matamoros. La decisión fue festejada en las calles. “Esto no es más que el principio, hay que seguir hasta limpiar el país”, decía Estanislao García un empresario que había acudido con su familia a la Plaza Mayor.
La ola de indignación desatada en abril contra la corrupción había logrado su objetivo. Sábado tras sábado, decenas de miles de ciudadanos, armados solo con su furia y la dinamita de las redes sociales, habían forzado el desafuero del presidente. Y ahora su encarcelamiento. Derribado el muro más alto, caído el jefe del Estado, la historia, al menos por un día, les había dado la mano. Guatemala, una nación carcomida por la violencia y la pobreza, había dado una lección cívica al mundo.
