Leopoldo exige pruebas y habla del plan Mackay a 7 años de los hechos de Porvenir
Son las 18:30, el sol empieza a esconderse y el frío a sentirse. La calle se encuentra deshabitada, sólo hay cuatro vehículos parqueados, dos de ellos con las ventanas abiertas y con policías dentro. La primera patrulla está en la esquina y la segunda unos 15 metros más adelante, justo al frente de la casa de Leopoldo Fernández. Apenas me acerco a la enrejada puerta, las miradas de los uniformados se posan en mí y no dejan de observarme hasta que una trabajadora del hogar me abre y me da la bienvenida al domicilio donde el "Cacique" cumple su detención domiciliaria por el caso Porvenir.
"Son tres patrullas en total y todavía tengo otros guardias dentro de mi casa", asegura el exprefecto de Pando, vestido con una camisa amarilla y un pantalón oscuro, suficientes por la cálida temperatura existente dentro de su hogar, ubicado en la zona de Cota Cota en el sur de la ciudad de La Paz.
Fernández ha cumplido dos años y medio con detención domiciliaria (desde febrero de 2013), pero hace siete perdió su libertad como procesado de la denominada Masacre del Porvenir, ocurrida el 11 de septiembre de 2008, del que afirma fue un caso "planificado" por el Gobierno para sacarlo del poder departamental y sobre el cual no existe prueba alguna que lo incrimine como responsable de la muerte de 11 campesinos y normalistas.
Su voz se llena de bronca cuando empieza a recordar los hechos sucedidos en el Porvenir y los esfuerzos que hizo para evitar que la marcha de campesinos y normalistas llegara a Cobija, ciudad que al igual que Santa Cruz, Trinidad y Tarija se encontraba convulsionada por cívicos que organizaban violentas protestas contra el gobierno.
Se trataba de las protestas que a la postre el gobierno las calificó como el intento de "golpe cívico-prefectural" que buscaba derrocar a Evo Morales. "Si llegaban los campesinos a Cobija era un hecho de que iba a haber enfrentamiento e iban haber muchos más muertos", explicó Fernández. El objetivo de los marchistas, que provenían de Riberalta y Filadelfia, era llegar a Cobija por la ruta a Porvenir, se dice para participar de un congreso.
El exprefecto considera que la marcha tenía como fin, en realidad, buscar un enfrentamiento de campesinos contra cívicos movilizados. De ahí que emprendió tres acciones destinadas a evitar la llegada de los campesinos: primero, pedir a las FFAA requisarlos porque portaban armas. Se lo negaron. Segundo, recuperar las oficinas del INRA, que habían sido previamente tomadas. Se lo hizo, pero ello no paró la movilización. Tercero, cavar las zanjas cercanas a Porvenir para evitar el paso de los campesinos.
"La excavación de las zanjas tanto en Tres Barracas como en Cachuelita fue algo que desde el primer día lo admití, lo reconocí que era una autorización mía al personal del Sedcam (Servicio Departamental de Caminos) (?). No nos quedó otra alternativa que recurrir a esto de las zanjas para que esta marcha, que venía con camionetas y camiones, no pase y no llegue a Cobija", sostiene el exprefecto.
Tanto Fernández como el informe de la comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que investigó los hechos del Porvenir en días posteriores coinciden en que algunos campesinos portaban armas. Los dos primeros muertos de ese 11 de septiembre fueron Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes, ambos funcionarios del Sedcam.
La causa: disparos con arma de fuego. El primero murió luego de que la marcha campesina atravesara la zanja de Tres Barracas, donde los campesinos tomaron como rehenes a funcionarios del Sedcam, y el segundo falleció en Porvenir, luego de que fuera liberado de manos campesinas. La muerte de Céspedes fue el detonante para el enfrentamiento en Porvenir, recuerda el exprefecto.
Cuando los campesinos se encontraban ya en el poblado, la Policía instaló un diálogo con ellos y acordaron que los campesinos liberarían a los funcionarios prefecturales tomados como rehenes. El acuerdo implicaba además que los campesinos no avanzarían a Cobija, sino se desviarían a Filadelfia.
Pero cuando se liberó al último rehén, que era Céspedes, "gente infiltrada" entre los campesinos le dispararon y ello provocó la reacción de la población y se desataron los enfrentamientos entre cívicos, pobladores, campesinos, normalistas y funcionarios del Sedcam, precisa el exprefecto. Luego empezó la balacera y resultaron muertos otras 11 personas, dos normalistas y nueve campesinos.
"Ahora el problema es saber quiénes son los responsables de esas muertes. No existe alguna prueba que incrimine a Leopoldo Fernández como responsable", sostiene el hombre, de 63 años. El plan Mackay Hablar de lo sucedido esa fecha obliga a Leopoldo a levantarse reiteradamente del sillón donde se encuentra. Cual si fuera un tigre enjaulado, el Cacique recorre una y otra vez el pasillo de su sala.
Cumplidos siete años de esos sucesos, el exprefecto no duda que lo ocurrido en esa época fue planificado y saca a luz "el plan Mackay". El nombre del plan proviene de apellido del general Freddy Mackay, quien fuera comandante del Ejército ese año. Se trataba de un documento denominado "Plan marcha hacia el oriente" y consistía en la toma del poder político en regiones opositoras.
"El plan decía cómo iban a llegar los campesinos, cómo tenían que generar el conflicto y en qué lugar iba a ser el enfrentamiento para provocar muertes", precisa la exautoridad. Las Fuerzas Armadas jugaron un rol dentro del conflicto en al menos tres momentos citados por el expolítico. El primero fue el 9 de septiembre, cuando el Ejército rechazó requisar a los campesinos y decomisar armamento. Un segundo, con la ejecución del plan Mackay y un tercero en su propia detención.
"Armaron un operativo con 300 militares para detenerme el 16 de septiembre", rememora. El supuesto plan Mackay no fue sino un documento menospreciado en el juicio de responsabilidades que afronta Fernández en La Paz. Hoy no se conoce el destino del general Mackay, pero después de dejar el comando militar fue designado como cónsul de Bolivia en España, cargo que ocupó hasta 2011. Para el acusado, fue el premio que recibió por lo acontecido en Porvenir.
De tanto en tanto el exprefecto bebe un poco de agua. Ya no usa vasos de vidrio, sino de plástico. La razón: una costumbre que adquirió en la cárcel, donde optó por usar desechables para evitar el contagio de enfermedades debido al uso frecuente que hacen los reos de un solo vaso de vidrio. Antes de continuar recuerda a quienes le han ayudado a sacar "fuerzas de flaqueza" para afrontar el caso: su esposa Pilar, con quien cumplió 40 años de matrimonio en febrero pasado, y sus cinco hijas, que lo acompañan a lo largo de estos siete años. "Mi familia es el principal sostén en el que me apoyo. Entre todos existe unidad y una relación de ida y vuelta".
Ahora toca hablar sobre sus acciones en aquel fatídico 11 de septiembre de 2008.
¿Qué hacía usted la mañana del 11 de septiembre?
Cuando nos enteramos de la muerte de Oshiro a las ocho de la mañana, hicimos una reunión con el Comité Cívico y la Brigada Parlamentaria y varias autoridades, entre ellas el Defensor del Pueblo y el rector de la Universidad Amazónica de Pando.
Todos ellos se dirigieron al Comando de la Armada Boliviana a las nueve de la mañana para decirles que ya había un muerto y que podía darse un enfrentamiento con un desenlace que no se podía prever.
¿Cuál era el pedido de los cívicos y las otras autoridades?
Pidieron al comandante de la Armada que mande efectivos a Porvenir para evitar enfrentamientos, porque ya había una muerte, y no necesitaban ir armados, sólo uniformados.
La Armada tenía 300 efectivos, como tenían 300 la Fuerza Aérea y también el Ejército, las tres fuerzas acantonadas en Cobija. Considerábamos que la sola presencia de militares en Porvenir hubiera sido disuasiva. No les dio la gana de enviar efectivos.
¿Por qué no llaman al juicio a uno de estos comandantes? ¿Usted pidió apoyo a las FFAA?
Yo lo pedí antes. El 9 de septiembre pedí a los comandantes la requisa de armas.
El 11 la gente volvió a pedir tras la muerte de Oshiro. Yo lo hice 48 horas antes, diciéndoles que venían armados. Les dije: ¿los campesinos tienen todo el derecho de entrar, venir, marchar y protestar pero, ustedes, asegúrense mediante una requisa de que van a entrar desarmados para evitar cualquier problema?; pero no lo hicieron.
¿No se pidió ayuda a la Policía?
Un grupo fue al Comando de la Policía y la otra parte al Comando de la Armada boliviana. Cuando se enteró de los enfrentamientos cerca al medio día en Porvenir, ¿qué estaba haciendo usted? El enfrentamiento habrá sido cuestión de 10 minutos y nosotros nos habremos enterados media hora después, porque entre Porvenir y Cobija hay 30 kilómetros de asfalto.
Se precipitaron las cosas y nos sorprendió incluso a las propias autoridades que hasta las 12 del medio día continuaban los efectivos en el Comando de la Armada, pese a que la gente estuvo tres horas antes exigiéndoles que vayan y el comandante subía a un segundo piso y decía que estaba pidiendo autorización a La Paz y no le daban.
Enterado de las muertes ¿usted qué hizo? ¿Cómo lo tomó?
Yo ya estaba en mi despacho. No me quedó otra cosa que hacer reuniones con la gente de la Iglesia y de salud para que se atiendan a los muertos y heridos.
A parte de los funcionarios del Sedcam, ¿hubo otros dependientes de la Prefectura que fueron parte del conflicto?
Por supuesto que no. Los funcionarios del Sedcam sólo tienen una responsabilidad en lo que es la apertura de las zanjas.
¿Acaso hay algún funcionario del Sedcam que está procesado como supuesto autor material? ¿Acaso hay algún funcionario de la Prefectura procesado?
De los 26 coacusados, sólo hay tres presos (Herman Justiniano, Marcelo Mejido y Evin Ventura), los otros están declarados en rebeldía, pero están en Cobija, están en Pando sin ningún tipo de problema.
¿Los funcionarios del Sedcam llevaban o no armas?
No, en lo absoluto, porque de lo contrario tendría que haber alguien del Sedcam procesado dentro del juicio, pero no lo hay. Si hubieran tenido armas no hubieran permitido que se los tome de rehén en la zanja de Tres Barracas. Cómo es posible que los desarmados (campesinos) los tomen de rehén a los supuestamente armados? (funcionarios de Sedcam) y se lo mate a uno de ellos, a Oshiro.
¿Si se habla de un caso planificado, cuál era el objetivo?
El gobierno lo señala como responsable. Lo que les interesó a los del gobierno desde un inicio, desde hace siete años hasta el día de hoy, es que lo que ocurrió en el Porvenir sea responsabilidad de Leopoldo Fernández, porque con eso consiguieron su objetivo político de desarticular a la Media Luna, el Conalde (Consejo Nacional Democrático) y hacerse cargo de Pando. Si se demuestra que Leopoldo no fue culpable, se les cae todo.
