Estados Unidos ejecutará a seis personas en nueve días
Los casos ejemplifican los graves problemas que rodean la pena de muerte, lo absurdo del sistema y la inmoralidad del acto
Yolanda Monge
Washington, El País
En nueve días, cinco Estados planean ejecutar a seis condenados a la pena capital en lo que supone un estallido de actividad en los corredores de la muerte de Estados Unidos que no había sucedido en más de dos años.
La casi totalidad de los casos ejemplifica los graves problemas que rodean la pena de muerte, lo absurdo del sistema y la inmoralidad del acto. En la madrugada de este miércoles, el Estado de Georgia ejecutaba a Kelly Renee Gissendaner, lo que le otorgó el triste honor de ser la primera mujer en morir a manos de ese Estado en 70 años. Gissendaner fue condenada a muerte por conspirar con su amante para matar a su marido. El amante, que fue quien cometió el crimen, se encuentra hoy cumpliendo una sentencia de cadena perpetua.
Debido a que Gregory Owen, el amante de Gissendaner, se declaró culpable primero y testificó contra ella, se garantizó que la fiscalía no pediría la pena de muerte para él. Gissendaner fue a juicio y fue condenada a la máxima pena. Ayer martes, esta mujer de 47 años agotaba su último recurso. De nada valió la misiva enviada en el último momento por el arzobispo Carlo Maria Vigano de parte del papa Francisco rogando clemencia.
Gissendaner moría ejecutada menos de una semana después de que el Papa pidiese en el Congreso de Estados Unidos el fin de la pena de muerte.
La misma suerte correrá Richard Glossip si sus últimos recursos no son aceptados. El preso de Oklahoma cuyo caso llegó al Supremo el pasado curso jurídico y puso en entredicho el uso de la inyección letal debería morir por ese mismo método hoy. El pasado junio, la máxima corte de EE UU respaldaba el uso de la inyección letal después de que Glossip y otros dos condenados en el mismo corredor de la muerte denunciaran su uso ante la posibilidad de que fuera inconstitucional, ya que otros tres reos habían mostrado signos de dolor tras inyectarles midazolam, el fármaco que debe sedar a los condenados, y tardaron más tiempo del deseado en morir.
En el caso de Glossip, 52 años, hay además serias dudas de su culpabilidad en el crimen cometido en 1997. Barry Van Treese fue encontrado muerto a golpes en una habitación del motel del que era dueño y donde trabajaba y vivía Glossip. Aunque Justin Sneed, otro trabajador del motel, se confesó culpable del crimen también dijo que lo había llevado a cabo porque Glossip le incitó a ello. Una vez más, al igual que en el caso de Georgia, Sneed se libró de la pena de muerte por su testimonio y por acusar antes de ser acusado.
Nada liga a Glossip al crimen y hay demasiadas pruebas que muestran que la investigación estuvo viciada desde el principio. Y aún así, un hombre que muy probablemente es inocente tiene fecha para ser ejecutado esta noche a las ocho de la tarde hora de la costa Este de EEUU.
Un hombre que muy probablemente es inocente tiene fecha para ser ejecutado esta noche a las ocho de la tarde hora de la costa Este de EE UU
Alfredo Prieto, salvadoreño de 49 años, suma dos sentencias a muerte en dos Estados diferentes. Prieto fue condenado una primera vez en California por la violación y asesinato de una joven de 15 años. Una vez en la cárcel, las autoridades californianas introdujeron el ADN de Prieto en la base de datos y vincularon a este con un doble crimen cometido en Virginia en 1988. Prieto fue extraditado a este último Estado, ante el temor de que si permanecía en California nunca sería ejecutado, ya que ese Estado en muy raras ocasiones acaba con la vida de un preso -hace diez años que no lo hace-, a pesar de ser el que más población tiene en el corredor de la muerte.
Los abogados de Prieto insistieron durante sus diversos juicios que el coeficiente intelectual de su cliente es demasiado bajo para ser ejecutado. Prieto agota todos los recursos para no ser ejecutado este jueves 1 de octubre a las nueve de la noche (hora local). De momento, el Gobernador, Terry McAuliffe, quien podía parar la ejecución, ha declarado que no lo hará.
Virginia no ejecuta a ningún condenado desde hace tres años y para aplicar la pena capital a Prieto ha tenido que recurrir a Texas para que le prestara uno de los tres componentes necesarios para la inyección letal, ya que no dispone del sedante necesario para ello.
Otras tres ejecuciones están previstas para la semana que viene. El martes día 6 debe de morir a manos del Estado Kimber Edwards, en Misuri, y Juan García, en Texas. El caso de Edwards es similar al de la señora Gissendaner o el de Glossip. Las personas que físicamente cometieron el crimen cumplen hoy condenas de cadena perpetua mientras que ellos fueron condenados a muerte.
Cerca de 3.000 personas esperan su turno en el corredor de la muerte, con una media de poco más de 40 reos ejecutados cada año
Desde 2013, Misuri se ha convertido en un Estado muy activo a la hora de poner en práctica la pena de muerte, solo superado por Texas. Si la ejecución de Edwards se lleva a cabo, será la séptima persona ejecutada este año.
García también debe de morir el día 6 de octubre. Sus actuales abogados argumentan ante diversas instancias que este hombre de 35 años tuvo una pésima representación durante el juicio y que es un enfermo mental, por lo que no debería de ser ejecutado.
El último caso previsto es el de Benjamin Cole, en Oklahoma, que sigue adelante después de la respuesta en junio del Supremo. Cole, 50 años, mató a su hija de nueve meses partiéndole la espina dorsal. Sus abogados argumentan que sufre esquizofrenia y que tiene una lesión cerebral. El fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, considera que no hay razón para que no sea ejecutado tras revisar la petición de los abogados de Cole.
Los Estados que planean -y en algunos casos ya han llevado a cabo- ejecuciones estos días son de los más activos en ese ámbito desde que la pena de muerte se reinstauró por el Tribunal Supremo en 1976. Cerca de 3.000 personas esperan su turno en el corredor de la muerte, con una media de poco más de 40 reos ejecutados cada año. De los 50 Estados que componen la Unión, 19 han abolido la pena de muerte (el dato incluye a Nebraska aunque debe ser sometido a una última votación el año que viene) y muchos otros tienen la máxima pena en sus ordenamientos jurídicos aunque o la usan. Por ejemplo, New Hampshire tiene un solo condenado en el corredor de la muerte y no ha ejecutado a nadie desde la Segunda Guerra Mundial. Una propuesta de ley para abolir la pena capital en ese Estado, sin embargo, fracasó el año pasado por un solo voto.
Washington, El País
En nueve días, cinco Estados planean ejecutar a seis condenados a la pena capital en lo que supone un estallido de actividad en los corredores de la muerte de Estados Unidos que no había sucedido en más de dos años.
La casi totalidad de los casos ejemplifica los graves problemas que rodean la pena de muerte, lo absurdo del sistema y la inmoralidad del acto. En la madrugada de este miércoles, el Estado de Georgia ejecutaba a Kelly Renee Gissendaner, lo que le otorgó el triste honor de ser la primera mujer en morir a manos de ese Estado en 70 años. Gissendaner fue condenada a muerte por conspirar con su amante para matar a su marido. El amante, que fue quien cometió el crimen, se encuentra hoy cumpliendo una sentencia de cadena perpetua.
Debido a que Gregory Owen, el amante de Gissendaner, se declaró culpable primero y testificó contra ella, se garantizó que la fiscalía no pediría la pena de muerte para él. Gissendaner fue a juicio y fue condenada a la máxima pena. Ayer martes, esta mujer de 47 años agotaba su último recurso. De nada valió la misiva enviada en el último momento por el arzobispo Carlo Maria Vigano de parte del papa Francisco rogando clemencia.
Gissendaner moría ejecutada menos de una semana después de que el Papa pidiese en el Congreso de Estados Unidos el fin de la pena de muerte.
La misma suerte correrá Richard Glossip si sus últimos recursos no son aceptados. El preso de Oklahoma cuyo caso llegó al Supremo el pasado curso jurídico y puso en entredicho el uso de la inyección letal debería morir por ese mismo método hoy. El pasado junio, la máxima corte de EE UU respaldaba el uso de la inyección letal después de que Glossip y otros dos condenados en el mismo corredor de la muerte denunciaran su uso ante la posibilidad de que fuera inconstitucional, ya que otros tres reos habían mostrado signos de dolor tras inyectarles midazolam, el fármaco que debe sedar a los condenados, y tardaron más tiempo del deseado en morir.
En el caso de Glossip, 52 años, hay además serias dudas de su culpabilidad en el crimen cometido en 1997. Barry Van Treese fue encontrado muerto a golpes en una habitación del motel del que era dueño y donde trabajaba y vivía Glossip. Aunque Justin Sneed, otro trabajador del motel, se confesó culpable del crimen también dijo que lo había llevado a cabo porque Glossip le incitó a ello. Una vez más, al igual que en el caso de Georgia, Sneed se libró de la pena de muerte por su testimonio y por acusar antes de ser acusado.
Nada liga a Glossip al crimen y hay demasiadas pruebas que muestran que la investigación estuvo viciada desde el principio. Y aún así, un hombre que muy probablemente es inocente tiene fecha para ser ejecutado esta noche a las ocho de la tarde hora de la costa Este de EEUU.
Un hombre que muy probablemente es inocente tiene fecha para ser ejecutado esta noche a las ocho de la tarde hora de la costa Este de EE UU
Alfredo Prieto, salvadoreño de 49 años, suma dos sentencias a muerte en dos Estados diferentes. Prieto fue condenado una primera vez en California por la violación y asesinato de una joven de 15 años. Una vez en la cárcel, las autoridades californianas introdujeron el ADN de Prieto en la base de datos y vincularon a este con un doble crimen cometido en Virginia en 1988. Prieto fue extraditado a este último Estado, ante el temor de que si permanecía en California nunca sería ejecutado, ya que ese Estado en muy raras ocasiones acaba con la vida de un preso -hace diez años que no lo hace-, a pesar de ser el que más población tiene en el corredor de la muerte.
Los abogados de Prieto insistieron durante sus diversos juicios que el coeficiente intelectual de su cliente es demasiado bajo para ser ejecutado. Prieto agota todos los recursos para no ser ejecutado este jueves 1 de octubre a las nueve de la noche (hora local). De momento, el Gobernador, Terry McAuliffe, quien podía parar la ejecución, ha declarado que no lo hará.
Virginia no ejecuta a ningún condenado desde hace tres años y para aplicar la pena capital a Prieto ha tenido que recurrir a Texas para que le prestara uno de los tres componentes necesarios para la inyección letal, ya que no dispone del sedante necesario para ello.
Otras tres ejecuciones están previstas para la semana que viene. El martes día 6 debe de morir a manos del Estado Kimber Edwards, en Misuri, y Juan García, en Texas. El caso de Edwards es similar al de la señora Gissendaner o el de Glossip. Las personas que físicamente cometieron el crimen cumplen hoy condenas de cadena perpetua mientras que ellos fueron condenados a muerte.
Cerca de 3.000 personas esperan su turno en el corredor de la muerte, con una media de poco más de 40 reos ejecutados cada año
Desde 2013, Misuri se ha convertido en un Estado muy activo a la hora de poner en práctica la pena de muerte, solo superado por Texas. Si la ejecución de Edwards se lleva a cabo, será la séptima persona ejecutada este año.
García también debe de morir el día 6 de octubre. Sus actuales abogados argumentan ante diversas instancias que este hombre de 35 años tuvo una pésima representación durante el juicio y que es un enfermo mental, por lo que no debería de ser ejecutado.
El último caso previsto es el de Benjamin Cole, en Oklahoma, que sigue adelante después de la respuesta en junio del Supremo. Cole, 50 años, mató a su hija de nueve meses partiéndole la espina dorsal. Sus abogados argumentan que sufre esquizofrenia y que tiene una lesión cerebral. El fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, considera que no hay razón para que no sea ejecutado tras revisar la petición de los abogados de Cole.
Los Estados que planean -y en algunos casos ya han llevado a cabo- ejecuciones estos días son de los más activos en ese ámbito desde que la pena de muerte se reinstauró por el Tribunal Supremo en 1976. Cerca de 3.000 personas esperan su turno en el corredor de la muerte, con una media de poco más de 40 reos ejecutados cada año. De los 50 Estados que componen la Unión, 19 han abolido la pena de muerte (el dato incluye a Nebraska aunque debe ser sometido a una última votación el año que viene) y muchos otros tienen la máxima pena en sus ordenamientos jurídicos aunque o la usan. Por ejemplo, New Hampshire tiene un solo condenado en el corredor de la muerte y no ha ejecutado a nadie desde la Segunda Guerra Mundial. Una propuesta de ley para abolir la pena capital en ese Estado, sin embargo, fracasó el año pasado por un solo voto.
