El conflicto minero se enroca en Perú
El Gobierno promueve la inversión pero carece de fuerza para mediar entre los intereses de la población y las empresas
Jacqueline Fowks
Lima, El País
El primer reporte mensual de conflictos sociales en Perú, elaborado en 2004 por la Defensoría del Pueblo, incluía 41 hechos, de los cuales solo dos eran desavenencias entre comunidades y empresas mineras. En el último año, ha habido un promedio mensual de 210 conflictos, el 45% relacionado con la minería. Expertos opinan que la recurrencia de estos enfrentamientos se debe, entre otras razones, a las deficiencias del Estado, la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y a que las mineras han sentado malos precedentes. Estas empresas han puesto en peligro el abastecimiento de agua de las poblaciones, según denuncian los ciudadanos en proyectos como el de Cajamarca y Tía María.
El politólogo y exrepresentante del Perú ante la UNESCO Jorge Nieto detalla a EL PAÍS que la recurrencia de los conflictos mineros se debe a “un Estado que no aprende, empresas que no acumulan conocimiento, una sociedad civil muy débil que solo existe en el estallido y una élite política que solo existe en Lima y en capitales de provincias”.
La abogada Ana Leyva, que acompaña a organizaciones afectadas por la minería en los talleres de participación ciudadana —que por ley deben realizar las empresas—, indica que “las herramientas de gestión ambiental generan poca confianza en los ciudadanos. En los talleres las personas participan pero no se canalizan sus preocupaciones, no hay decisiones consultadas”. Leyva agrega que “el conflicto en Las Bambas [Apurímac, sur] es producto de una acumulación. Hay incumplimiento de un acuerdo [con la población local] y no hay quién revise que se cumpla. Hay un problema institucional fuerte y el Estado no arbitra” las discrepancias.
Batalla en Apurímac
El conflicto minero en la región Apurímac, en el que murieron cuatro manifestantes el pasado lunes, tiene un ingrediente que puede desencadenar mayores enfrentamientos. En mayo de 2013, el Gobierno aprobó un decreto que permite que los proyectos de minería con Estudio de Impacto Ambiental aprobado (EIA) se desarrollen sin necesidad de informar a la población ni de modificar el estudio cuando hagan cambios “de impacto ambiental no significativo”.
La empresa china MMG, a cargo del proyecto Las Bambas, en Apurímac, fue la tercera en usar dicho decreto, que solo precisa la presentación de un informe técnico sobre la ausencia de daños ambientales. MMG logró cambiar sin mayores complicaciones la ubicación de una planta de tratamiento de molibdeno, otra de filtros y un almacén de elementos concentrados, y usar transporte en camiones en vez de un mineroducto subterráneo de 200 kilómetros. Cuando las organizaciones locales de las provincias de Grau y Cotabambas se enteraron de los cambios, exigieron en Lima una explicación de las consecuencias de las modificaciones, pero no recibieron respuestas.
El viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, comenta que la empresa modificó el proyecto minero de acuerdo a ley. Pero no reconoció que la norma implica la falta de información para la población potencialmente afectada por la mina, en este caso, un emprendimiento a tajo abierto que debe producir 400.000 toneladas anuales de cobre a partir de 2016. Esa producción representa el 1,3% del PBI del próximo año, según analistas económicos.
Un consultor explicó a este diario que el trámite de modificación del estudio de impacto ambiental es más caro y obliga a la empresa a reportar los cambios a la población. Según el Ministerio de Energía y Minas, 66 compañías mineras han hecho modificaciones de sus proyectos mediante esta vía rápida entre julio de 2013 y mayo de 2014.
Lima, El País
El primer reporte mensual de conflictos sociales en Perú, elaborado en 2004 por la Defensoría del Pueblo, incluía 41 hechos, de los cuales solo dos eran desavenencias entre comunidades y empresas mineras. En el último año, ha habido un promedio mensual de 210 conflictos, el 45% relacionado con la minería. Expertos opinan que la recurrencia de estos enfrentamientos se debe, entre otras razones, a las deficiencias del Estado, la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y a que las mineras han sentado malos precedentes. Estas empresas han puesto en peligro el abastecimiento de agua de las poblaciones, según denuncian los ciudadanos en proyectos como el de Cajamarca y Tía María.
El politólogo y exrepresentante del Perú ante la UNESCO Jorge Nieto detalla a EL PAÍS que la recurrencia de los conflictos mineros se debe a “un Estado que no aprende, empresas que no acumulan conocimiento, una sociedad civil muy débil que solo existe en el estallido y una élite política que solo existe en Lima y en capitales de provincias”.
La abogada Ana Leyva, que acompaña a organizaciones afectadas por la minería en los talleres de participación ciudadana —que por ley deben realizar las empresas—, indica que “las herramientas de gestión ambiental generan poca confianza en los ciudadanos. En los talleres las personas participan pero no se canalizan sus preocupaciones, no hay decisiones consultadas”. Leyva agrega que “el conflicto en Las Bambas [Apurímac, sur] es producto de una acumulación. Hay incumplimiento de un acuerdo [con la población local] y no hay quién revise que se cumpla. Hay un problema institucional fuerte y el Estado no arbitra” las discrepancias.
Batalla en Apurímac
El conflicto minero en la región Apurímac, en el que murieron cuatro manifestantes el pasado lunes, tiene un ingrediente que puede desencadenar mayores enfrentamientos. En mayo de 2013, el Gobierno aprobó un decreto que permite que los proyectos de minería con Estudio de Impacto Ambiental aprobado (EIA) se desarrollen sin necesidad de informar a la población ni de modificar el estudio cuando hagan cambios “de impacto ambiental no significativo”.
La empresa china MMG, a cargo del proyecto Las Bambas, en Apurímac, fue la tercera en usar dicho decreto, que solo precisa la presentación de un informe técnico sobre la ausencia de daños ambientales. MMG logró cambiar sin mayores complicaciones la ubicación de una planta de tratamiento de molibdeno, otra de filtros y un almacén de elementos concentrados, y usar transporte en camiones en vez de un mineroducto subterráneo de 200 kilómetros. Cuando las organizaciones locales de las provincias de Grau y Cotabambas se enteraron de los cambios, exigieron en Lima una explicación de las consecuencias de las modificaciones, pero no recibieron respuestas.
El viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, comenta que la empresa modificó el proyecto minero de acuerdo a ley. Pero no reconoció que la norma implica la falta de información para la población potencialmente afectada por la mina, en este caso, un emprendimiento a tajo abierto que debe producir 400.000 toneladas anuales de cobre a partir de 2016. Esa producción representa el 1,3% del PBI del próximo año, según analistas económicos.
Un consultor explicó a este diario que el trámite de modificación del estudio de impacto ambiental es más caro y obliga a la empresa a reportar los cambios a la población. Según el Ministerio de Energía y Minas, 66 compañías mineras han hecho modificaciones de sus proyectos mediante esta vía rápida entre julio de 2013 y mayo de 2014.
