Tianjin confirma que había 700 toneladas de sustancia tóxica
Cobra fuerza la opción de trato de favor por lazos entre la empresa y altos funcionarios
Macarena Vidal Liy
Tianjin, El País
“La responsabilidad principal, claro, es de la empresa. Pero el Gobierno también tiene parte. Para que una empresa pudiera guardar sustancias tóxicas a 500 metros de edificios de viviendas, una de dos, o la licencia de almacenamiento se concedió de manera irregular o la empresa violó las condiciones de su permiso y nadie la controló de manera adecuada”, opina Li, de 36 años. Li es uno de los propietarios de las viviendas en las cercanías de las gigantescas explosiones del pasado miércoles en el puerto chino de Tianjin que han dejado ya al menos 114 muertos y 70 desaparecidos. Junto con más de un centenar de sus vecinos, se manifestaba este lunes para reclamar compensaciones por los daños a su propiedad.
Li residía en el complejo residencial Haigangcheng, de 44 bloques de viviendas y uno de los más afectados por el desastre. Asegura que los vecinos no buscan protestar, solo pedir ayuda para determinar el paradero de residentes de su bloque aún no localizados. También expresan temor sobre las verdaderas condiciones del aire en la zona de la catástrofe.
Alcance de la explosión en Tianjin, China
Allí, todavía ardía el fuego este lunes, visible desde la línea de la zona de exclusión de tres kilómetros dictada por las autoridades y protegida por un cordón policial cada vez más estricto. El teniente de alcalde, Zhang Tingkun, reconocía que se han hallado 700 toneladas de cianuro de sodio, una sustancia altamente tóxica, en un área de 100.000 metros cuadrados en torno al almacén donde tuvieron lugar las explosiones, una superficie equivalente a unos 15 campos de fútbol. El Ayuntamiento esperaba recuperar la mayor parte a lo largo del lunes, antes de que las lluvias pronosticadas para los próximos días puedan dificultar las tareas.
Las explosiones del miércoles en el puerto de Tianjin dañaron edificios de viviendas y oficinas. Pero también millares de vehículos de los grandes fabricantes, importados y a la espera de su distribución. La cifra total podría superar los 10.000, afirma Reuters, una vez que las automovilísticas hayan podido valorar el total de los daños en la zona ahora restringida.
La compañía Volkswagen AG ha confirmado que 2.700 de sus vehículos sufrieron daños en los estallidos y no podrán ser vendidos. La surcoreana Hyundai calcula que contaba con unos 4.000 automóviles estacionados en el área, mientras que el proyecto chino de Renault ha confirmado daños a 1.500 de sus 5.000 coches. Las entregas previstas de esta marca en China se verán afectadas este mes y el próximo. Otros fabricantes, como Ford, Nissan o BMW, han indicado que sus automóviles también se han visto dañados, pero aún no han concluido su valoración.
Como Li, son muchos los ciudadanos que sospechan que pudo haber irregularidades en el sector público que contribuyeran al accidente, uno de los peores desastres industriales en la historia reciente china. Otro de los manifestantes, Zhuang Tao, de 35 años y empleado de la petrolera estatal CNNOC, expresaba su convencimiento de que Ruihai International Logistics, la empresa que gestionaba el almacén de sustancias peligrosas donde se produjo la explosión, “no obtuvo la licencia de operaciones de manera muy legal”.
La posibilidad de un trato de favor debido a conexiones entre la empresa y altos funcionarios chinos cobra fuerza ante las informaciones publicadas por la prestigiosa revista económica Caijin, según las cuales el verdadero poder en la sombra tras Ruihai es Dong Mengmeng, hijo del exdirector del Departamento de Seguridad Pública del puerto de Tianjin.
La Fiscalía General china ya anunció este fin de semana que investigará la posibilidad de que funcionarios del sector público cometieran irregularidades —“negligencias o abusos de poder”, según la agencia oficial Xinhua— que contribuyeran a precipitar la catástrofe.
Ante la desconfianza ciudadana, el periódico oficial del Partido Comunista de China, el Diario del Pueblo, ha tratado de calmar los ánimos. “¿Por qué se tendría que encubrir nada sobre un accidente industrial? No tiene ninguna base pensar que se vaya a proteger a ningún funcionario”, asegura. Aunque las garantías que busca ofrecer quedan desvirtuadas: uno de los ejemplos que cita de justicia contra un alto funcionario hace referencia a Zhou Yongkang, el otrora todopoderoso ministro de Seguridad Pública y al que el régimen juzgó en una audiencia a puerta cerrada.
La falta de fe en lo que puedan decir las autoridades es palpable entre la población. Pese a las afirmaciones, por activa y por pasiva, de los altos funcionarios, que aseguran que las concentraciones de sustancias tóxicas en el aire y en el agua no alcanzan niveles dañinos, muchos ciudadanos —y no pocos miembros de los equipos de emergencia— lucen máscaras protectoras.
En los apartamentos Tian Bin, en el perímetro de la zona acordonada, un grupo de jóvenes médicos en prácticas espera que se les permita acceder para recoger las pertenencias que abandonaron precipitadamente el día de la explosión. Entre ruidos de cristales que se apilan, y mientras contempla con tristeza las puertas y ventanas reventadas en lo que hasta ahora era su hogar, la joven He, de 22 años, no quiere quitarse la mascarilla protectora bajo ningún concepto.
“No es que no crea que las cosas estén bajo control, pero… eso no quiere decir que no sea un poco peligroso. Puede que respirar no vaya a matarte, pero también que inhales algo que no sea completamente sano. Pueden pasar muchas cosas, que las pruebas realizadas no hayan sido exhaustivas, o que el viento cambie. Claro que estoy preocupada”, sostiene.
Un colectivo por el que el Gobierno chino no parece que tendrá que preocuparse es el de los familiares de los bomberos desaparecidos, que el fin de semana organizaron protestas públicas para exigir información. El primer ministro se reunió con ellos; también las autoridades municipales. Las familias recibieron promesas de que sus hijos serán considerados “héroes que dieron su vida por el pueblo”. Este lunes ya no participaron en las protestas.
Tianjin, El País
“La responsabilidad principal, claro, es de la empresa. Pero el Gobierno también tiene parte. Para que una empresa pudiera guardar sustancias tóxicas a 500 metros de edificios de viviendas, una de dos, o la licencia de almacenamiento se concedió de manera irregular o la empresa violó las condiciones de su permiso y nadie la controló de manera adecuada”, opina Li, de 36 años. Li es uno de los propietarios de las viviendas en las cercanías de las gigantescas explosiones del pasado miércoles en el puerto chino de Tianjin que han dejado ya al menos 114 muertos y 70 desaparecidos. Junto con más de un centenar de sus vecinos, se manifestaba este lunes para reclamar compensaciones por los daños a su propiedad.
Li residía en el complejo residencial Haigangcheng, de 44 bloques de viviendas y uno de los más afectados por el desastre. Asegura que los vecinos no buscan protestar, solo pedir ayuda para determinar el paradero de residentes de su bloque aún no localizados. También expresan temor sobre las verdaderas condiciones del aire en la zona de la catástrofe.
Alcance de la explosión en Tianjin, China
Allí, todavía ardía el fuego este lunes, visible desde la línea de la zona de exclusión de tres kilómetros dictada por las autoridades y protegida por un cordón policial cada vez más estricto. El teniente de alcalde, Zhang Tingkun, reconocía que se han hallado 700 toneladas de cianuro de sodio, una sustancia altamente tóxica, en un área de 100.000 metros cuadrados en torno al almacén donde tuvieron lugar las explosiones, una superficie equivalente a unos 15 campos de fútbol. El Ayuntamiento esperaba recuperar la mayor parte a lo largo del lunes, antes de que las lluvias pronosticadas para los próximos días puedan dificultar las tareas.
Las explosiones del miércoles en el puerto de Tianjin dañaron edificios de viviendas y oficinas. Pero también millares de vehículos de los grandes fabricantes, importados y a la espera de su distribución. La cifra total podría superar los 10.000, afirma Reuters, una vez que las automovilísticas hayan podido valorar el total de los daños en la zona ahora restringida.
La compañía Volkswagen AG ha confirmado que 2.700 de sus vehículos sufrieron daños en los estallidos y no podrán ser vendidos. La surcoreana Hyundai calcula que contaba con unos 4.000 automóviles estacionados en el área, mientras que el proyecto chino de Renault ha confirmado daños a 1.500 de sus 5.000 coches. Las entregas previstas de esta marca en China se verán afectadas este mes y el próximo. Otros fabricantes, como Ford, Nissan o BMW, han indicado que sus automóviles también se han visto dañados, pero aún no han concluido su valoración.
Como Li, son muchos los ciudadanos que sospechan que pudo haber irregularidades en el sector público que contribuyeran al accidente, uno de los peores desastres industriales en la historia reciente china. Otro de los manifestantes, Zhuang Tao, de 35 años y empleado de la petrolera estatal CNNOC, expresaba su convencimiento de que Ruihai International Logistics, la empresa que gestionaba el almacén de sustancias peligrosas donde se produjo la explosión, “no obtuvo la licencia de operaciones de manera muy legal”.
La posibilidad de un trato de favor debido a conexiones entre la empresa y altos funcionarios chinos cobra fuerza ante las informaciones publicadas por la prestigiosa revista económica Caijin, según las cuales el verdadero poder en la sombra tras Ruihai es Dong Mengmeng, hijo del exdirector del Departamento de Seguridad Pública del puerto de Tianjin.
La Fiscalía General china ya anunció este fin de semana que investigará la posibilidad de que funcionarios del sector público cometieran irregularidades —“negligencias o abusos de poder”, según la agencia oficial Xinhua— que contribuyeran a precipitar la catástrofe.
Ante la desconfianza ciudadana, el periódico oficial del Partido Comunista de China, el Diario del Pueblo, ha tratado de calmar los ánimos. “¿Por qué se tendría que encubrir nada sobre un accidente industrial? No tiene ninguna base pensar que se vaya a proteger a ningún funcionario”, asegura. Aunque las garantías que busca ofrecer quedan desvirtuadas: uno de los ejemplos que cita de justicia contra un alto funcionario hace referencia a Zhou Yongkang, el otrora todopoderoso ministro de Seguridad Pública y al que el régimen juzgó en una audiencia a puerta cerrada.
La falta de fe en lo que puedan decir las autoridades es palpable entre la población. Pese a las afirmaciones, por activa y por pasiva, de los altos funcionarios, que aseguran que las concentraciones de sustancias tóxicas en el aire y en el agua no alcanzan niveles dañinos, muchos ciudadanos —y no pocos miembros de los equipos de emergencia— lucen máscaras protectoras.
En los apartamentos Tian Bin, en el perímetro de la zona acordonada, un grupo de jóvenes médicos en prácticas espera que se les permita acceder para recoger las pertenencias que abandonaron precipitadamente el día de la explosión. Entre ruidos de cristales que se apilan, y mientras contempla con tristeza las puertas y ventanas reventadas en lo que hasta ahora era su hogar, la joven He, de 22 años, no quiere quitarse la mascarilla protectora bajo ningún concepto.
“No es que no crea que las cosas estén bajo control, pero… eso no quiere decir que no sea un poco peligroso. Puede que respirar no vaya a matarte, pero también que inhales algo que no sea completamente sano. Pueden pasar muchas cosas, que las pruebas realizadas no hayan sido exhaustivas, o que el viento cambie. Claro que estoy preocupada”, sostiene.
Un colectivo por el que el Gobierno chino no parece que tendrá que preocuparse es el de los familiares de los bomberos desaparecidos, que el fin de semana organizaron protestas públicas para exigir información. El primer ministro se reunió con ellos; también las autoridades municipales. Las familias recibieron promesas de que sus hijos serán considerados “héroes que dieron su vida por el pueblo”. Este lunes ya no participaron en las protestas.
