Egipto blinda a la policía y restringe libertades en su ley antiterrorista
La norma prevé una protección especial para policías y militares en el uso de la fuerza
Ricard González
Madrid, El País
El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, sancionó la noche del domingo una nueva ley antiterrorista que blinda legalmente las fuerzas del orden, crea tribunales especiales e impone severos límites a la libertad de prensa. La legislación fue redactada por el Ejecutivo a principios de julio, tan solo días después del asesinato del fiscal general por parte de una envalentonada insurgencia, y constituye la clave de bóveda de la arquitectura legal de la represión desatada tras el golpe de Estado del verano de 2013. Las organizaciones de derechos humanos han censurado la legislación, pues temen que se aplique contra cualquier movimiento opositor.
Según el Gobierno, todos estos grupos están controlados por los Hermanos Musulmanes, que fue declarada “organización terrorista” en diciembre de 2013. Sin embargo, los expertos dudan de la veracidad de esta aseveración, sobre todo por lo que respecta a Wilayat Sinaí, que ha descalificado a los Hermanos Musulmanes como “infieles” por creer en la democracia. Ahora bien, es muy probable que las diversas milicias insurgentes se nutran de jóvenes miembros de la cofradía islamista frustrados por su rechazo a la lucha armada.
“En la práctica, esta ley elimina las libertades de asociación, expresión y reunión. No sólo viola las convenciones internacionales firmadas por Egipto, sino incluso su propia Constitución”, critica Mohamed Elmessiry, un investigador de Amnistía Internacional. “También viola el derecho de los acusados a un juicio justo al retirar algunas garantías procesales”, añade Elmessiry, que expresó su preocupación por la supresión del máximo de dos años de prisión preventiva.
La legislación recoge la creación de tribunales especiales con el objetivo de acelerar los juicios contra los sospechosos de terrorismo, según ha informado la prensa oficialista. Asimismo, endurece las condenas por varios delitos relacionados con el terrorismo, cuya definición es muy vaga e incluye “dañar la unidad nacional”. Por ejemplo, el castigo por “incitar a la violencia” será de entre cinco y siete años, y por pertenencia a una banda armada, la pena capital.
Uno de los aspectos más criticados de la controvertida ley es la inclusión de un artículo, el número 35, que impone elevadas multas a los periodistas que no se limiten a ofrecer la versión oficial tras un atentado. En concreto, las sanciones oscilan entre las 200.000 y las 500.000 libras (entre 27.000 y 58.000 euros), una cifra desorbitada en un país con un salario mínimo mensual que apenas supera las 1.000 libras (115 euros). Sin embargo, en una primera versión de la ley, modificada ante la presión del sindicato de periodistas, se establecía una pena de dos años de cárcel.
Un Estado de emergencia camuflado
Otra polémica provisión es la que otorga inmunidad a las fuerzas de seguridad por el uso de la fuerza cuando “se enfrenten a una amenaza real e inminente” en la implementación de la nueva legislación. La policía y el Ejército han sido acusados por las organizaciones civiles y la prensa de actuar con una excesiva brutalidad en la dispersión de manifestaciones y en el trato de los sospechosos arrestados.
Precisamente, el pasado viernes tuvo lugar el segundo aniversario de la masacre de Rabaa al Audawiya, como se conocía el campamento de protesta erigido en El Cairo por parte de los simpatizantes del presidente depuesto, el islamista Mohamed Morsi. En el sangriento desalojo de los manifestantes fallecieron cerca de un millar de personas. No obstante, como ha denunciado la ONG Human Rights Watch, ningún responsable policial ha sido procesado. En el aniversario de la matanza, apenas se registraron protestas por parte del partido de Morsi, los Hermanos Musulmanes, descabezados por los arrestos y debilitados por una grave crisis interna.
Con la nueva legislación, el régimen de Al Sisi dobla su apuesta de legitimar su Gobierno en la lucha antiterrorista. Desde el golpe de Estado, Egipto padece el azote de una insurgencia de carácter islamista formada por diversos grupos y que se ha cobrado la vida de centenares de agentes de las fuerzas de seguridad. El pasado mes de febrero, el presidente egipcio ya aprobó una nueva ley antiterrorista bajo la presión popular por las expectativas creadas por el Ejecutivo de poner fin al continuo goteo de atentados.
“Esta norma nos retrotrae al periodo de Mubarak, pues otorga al Gobierno poderes muy parecidos a los del Estado de emergencia”, apunta Elmessiry. Durante las tres décadas que gobernó Egipto el exdictador, destronado por la revolución de 2011, estuvo siempre en vigor la ley de emergencia. No obstante, en muchos aspectos la actual ola de represión es más intensa. Mientras, los Hermanos Musulmanes —tolerados bajo el régimen de Mubarak— actualmente están considerados una “organización terrorista” y decenas de sus líderes y simpatizantes han sido condenados a la pena capital. Por su parte, la cofradía islamista insiste en que su resistencia utiliza únicamente métodos no violentos.
Una insurgencia más mortífera tras el golpe de Estado
Desde el golpe de Estado de 2013, Egipto padece un goteo diario de atentados terroristas a manos de una oscura y variopinta insurgencia que se han cobrado centenares de vidas. Según el recuento del instituto TIMEP, cerca de un 60% de los ataques, que se han multiplicado durante los últimos seis meses, no son reivindicados por ningún grupo terrorista.
El grupo que ha ejecutado los atentados más sangrientos y sofisticados es Wilayat Sinaí (Provincia del Sinaí), que juró lealtad al autodenominado Estado Islámico hace unos meses. El grupo yihadista, que tiene su base de operaciones en la provincia del Sinaí, ya existía antes del golpe de Estado bajo el nombre Ansar Bait Al Maqdis, pero sus capacidades y cifra estimada de militantes se multiplicó tras el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Morsi.
Otros dos grupos han asumido un rol importante en el seno de la insurgencia, que no cuenta con ningún órgano de coordinación: Anjad Masr y el Movimiento de la Alianza Popular. Ambos fueron creados a raíz de la asonada, y los analistas del TIMEP describen su ideología como “islamo-nacionalista”. Mayoritariamente, sus ataques tienen como blanco las fuerzas de seguridad y evitan causar víctimas civiles. Por esta razón y otras de su modus operandi, no están considerados grupos yihadistas.
Madrid, El País
El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, sancionó la noche del domingo una nueva ley antiterrorista que blinda legalmente las fuerzas del orden, crea tribunales especiales e impone severos límites a la libertad de prensa. La legislación fue redactada por el Ejecutivo a principios de julio, tan solo días después del asesinato del fiscal general por parte de una envalentonada insurgencia, y constituye la clave de bóveda de la arquitectura legal de la represión desatada tras el golpe de Estado del verano de 2013. Las organizaciones de derechos humanos han censurado la legislación, pues temen que se aplique contra cualquier movimiento opositor.
Según el Gobierno, todos estos grupos están controlados por los Hermanos Musulmanes, que fue declarada “organización terrorista” en diciembre de 2013. Sin embargo, los expertos dudan de la veracidad de esta aseveración, sobre todo por lo que respecta a Wilayat Sinaí, que ha descalificado a los Hermanos Musulmanes como “infieles” por creer en la democracia. Ahora bien, es muy probable que las diversas milicias insurgentes se nutran de jóvenes miembros de la cofradía islamista frustrados por su rechazo a la lucha armada.
“En la práctica, esta ley elimina las libertades de asociación, expresión y reunión. No sólo viola las convenciones internacionales firmadas por Egipto, sino incluso su propia Constitución”, critica Mohamed Elmessiry, un investigador de Amnistía Internacional. “También viola el derecho de los acusados a un juicio justo al retirar algunas garantías procesales”, añade Elmessiry, que expresó su preocupación por la supresión del máximo de dos años de prisión preventiva.
La legislación recoge la creación de tribunales especiales con el objetivo de acelerar los juicios contra los sospechosos de terrorismo, según ha informado la prensa oficialista. Asimismo, endurece las condenas por varios delitos relacionados con el terrorismo, cuya definición es muy vaga e incluye “dañar la unidad nacional”. Por ejemplo, el castigo por “incitar a la violencia” será de entre cinco y siete años, y por pertenencia a una banda armada, la pena capital.
Uno de los aspectos más criticados de la controvertida ley es la inclusión de un artículo, el número 35, que impone elevadas multas a los periodistas que no se limiten a ofrecer la versión oficial tras un atentado. En concreto, las sanciones oscilan entre las 200.000 y las 500.000 libras (entre 27.000 y 58.000 euros), una cifra desorbitada en un país con un salario mínimo mensual que apenas supera las 1.000 libras (115 euros). Sin embargo, en una primera versión de la ley, modificada ante la presión del sindicato de periodistas, se establecía una pena de dos años de cárcel.
Un Estado de emergencia camuflado
Otra polémica provisión es la que otorga inmunidad a las fuerzas de seguridad por el uso de la fuerza cuando “se enfrenten a una amenaza real e inminente” en la implementación de la nueva legislación. La policía y el Ejército han sido acusados por las organizaciones civiles y la prensa de actuar con una excesiva brutalidad en la dispersión de manifestaciones y en el trato de los sospechosos arrestados.
Precisamente, el pasado viernes tuvo lugar el segundo aniversario de la masacre de Rabaa al Audawiya, como se conocía el campamento de protesta erigido en El Cairo por parte de los simpatizantes del presidente depuesto, el islamista Mohamed Morsi. En el sangriento desalojo de los manifestantes fallecieron cerca de un millar de personas. No obstante, como ha denunciado la ONG Human Rights Watch, ningún responsable policial ha sido procesado. En el aniversario de la matanza, apenas se registraron protestas por parte del partido de Morsi, los Hermanos Musulmanes, descabezados por los arrestos y debilitados por una grave crisis interna.
Con la nueva legislación, el régimen de Al Sisi dobla su apuesta de legitimar su Gobierno en la lucha antiterrorista. Desde el golpe de Estado, Egipto padece el azote de una insurgencia de carácter islamista formada por diversos grupos y que se ha cobrado la vida de centenares de agentes de las fuerzas de seguridad. El pasado mes de febrero, el presidente egipcio ya aprobó una nueva ley antiterrorista bajo la presión popular por las expectativas creadas por el Ejecutivo de poner fin al continuo goteo de atentados.
“Esta norma nos retrotrae al periodo de Mubarak, pues otorga al Gobierno poderes muy parecidos a los del Estado de emergencia”, apunta Elmessiry. Durante las tres décadas que gobernó Egipto el exdictador, destronado por la revolución de 2011, estuvo siempre en vigor la ley de emergencia. No obstante, en muchos aspectos la actual ola de represión es más intensa. Mientras, los Hermanos Musulmanes —tolerados bajo el régimen de Mubarak— actualmente están considerados una “organización terrorista” y decenas de sus líderes y simpatizantes han sido condenados a la pena capital. Por su parte, la cofradía islamista insiste en que su resistencia utiliza únicamente métodos no violentos.
Una insurgencia más mortífera tras el golpe de Estado
Desde el golpe de Estado de 2013, Egipto padece un goteo diario de atentados terroristas a manos de una oscura y variopinta insurgencia que se han cobrado centenares de vidas. Según el recuento del instituto TIMEP, cerca de un 60% de los ataques, que se han multiplicado durante los últimos seis meses, no son reivindicados por ningún grupo terrorista.
El grupo que ha ejecutado los atentados más sangrientos y sofisticados es Wilayat Sinaí (Provincia del Sinaí), que juró lealtad al autodenominado Estado Islámico hace unos meses. El grupo yihadista, que tiene su base de operaciones en la provincia del Sinaí, ya existía antes del golpe de Estado bajo el nombre Ansar Bait Al Maqdis, pero sus capacidades y cifra estimada de militantes se multiplicó tras el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Morsi.
Otros dos grupos han asumido un rol importante en el seno de la insurgencia, que no cuenta con ningún órgano de coordinación: Anjad Masr y el Movimiento de la Alianza Popular. Ambos fueron creados a raíz de la asonada, y los analistas del TIMEP describen su ideología como “islamo-nacionalista”. Mayoritariamente, sus ataques tienen como blanco las fuerzas de seguridad y evitan causar víctimas civiles. Por esta razón y otras de su modus operandi, no están considerados grupos yihadistas.
