Irán ofreció vender activos estatales a extranjeros, dijo que reducirá el papel del Gobierno en la economía y prometió una política monetaria estricta, con el propósito de atraer miles de millones de dólares en inversiones extranjeras luego de más de una década de aislamiento.
En una conferencia de negocios en Viena esta semana, el primer evento de ese tipo desde el acuerdo de la semana pasada entre Teherán y las potencias globales sobre su programa nuclear, funcionarios iraníes esbozaron un paquete de política económica diseñado para atraer inversiones extranjeras.
El paquete fue sorpresivamente amistoso con el mercado, con muchas de políticas que encajarían en un gobierno europeo de centroderecha.
Si se implementan podrían mover a la economía iraní bastante más allá de las firmes restricciones y pesada participación estatal que siguieron a la Revolución Islámica de 1979.
"El Gobierno y el Parlamento están tratando de remover todos los obstáculos a la libre inversión y reducir la interferencia del Gobierno en la inversión privada", dijo el ministro de Industria, Minas y Comercio, Mohammad Reza Nematzadeh.
Irán podría ofrecer enormes oportunidades para la inversión gracias a una población joven y bien educada de algo menos de 80 millones de habitantes y unas reservas energéticas que se cuentan entre las mayores del planeta.
Funcionarios en la conferencia dijeron que Teherán había identificado casi 50 proyectos de petróleo y gas valorados en 185.000 millones de dólares, que los iraníes esperaban firmar hacia 2020.
Bajo el acuerdo nuclear, se levantarán las sanciones que han golpeado a la economía iraní cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) verifique que la república islámica honra su parte del arreglo.
Nematzadeh dijo que Irán preveía la verificación en menos de tres meses y que creía que el país podría reincorporarse al sistema global de pagos electrónicos SWIFT -un paso clave para habilitar el ingreso de divisas- tres meses después del levantamiento de las sanciones.
Los extranjeros entonces serán bienvenidos para entrar a la economía iraní a través de sociedades conjuntas, incluyendo el sector bancario.
La petrolera estatal quedará fuera del alcance de los inversores pero se podrán vender parte de firmas petroquímicas y de refinerías. El parlamento dio además permiso para la venta de activos o proyectos como hospitales, escuelas y autopistas, dijo el funcionario.
En la última década el gobierno vendió participaciones en compañías estatales por valor de decenas de miles de millones de dólares, pero su programa de privatización no fue totalmente eficaz debido a que la mayoría de los compradores fueron organismos vinculados al estado como fondos de pensiones y fundaciones.
Banqueros iraníes creen que si se permite el ingreso de inversores extranjeros a la República Islámica terminarán comprando activos a los fondos y fundaciones, que están muy ajustados de recursos, lo que completaría el proceso de privatización.
Durante los años de sanciones el gobierno solía favorecer a las firmas estatales sobre las privadas por una cuestión de supervivencia económica. Nematzadeh sostuvo que esto llegaba a su fin y que el parlamento había acordado que todas las firmas recibirían el mismo trato para propósitos fiscales.
Sin embargo, para que las compañías privatizadas tengan éxito podrían requerir reducciones de personal. Esto las pondría en conflicto con las estrictas normas laborales iraníes, un legado de la revolución. Un sistema legal complejo e impredecible aumenta los riesgos para las empresas extranjeras.
