Gabriela Montaño: ''No desaparecerán las áreas protegidas, el decreto 2366 solo readecúa el procedimiento''
La Paz, ANF
Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados negó que el Decreto Supremo 2366 pretenda eliminar las áreas protegidas del país y explicó que esa norma solo readecúa los procedimientos para hacer posible la exploración hidrocarburífera en dichas áreas, informó la agencia de noticias ABI. De acuerdo a diversos análisis, hasta el 20 de mayo, día en que se aprobó el decreto, las empresas petroleras no tenían posibilidad de ingresar a las 22 áreas protegidas que hay en el país.Ahora se dice que once de ellas están en peligro de ser seriamente afectadas, porque en todas ellas existen contratos entre el Estado boliviano y las compañías privadas transnacionales.
"Yo he revisado el decreto y bajo ningún concepto están desapareciendo las áreas protegidas, esa es una falsedad; lo único es que se está readecuando es el procedimiento y los mecanismos en el caso de que en un área protegida se pueda llevar adelante la exploración en el ámbito de recursos hidrocarburíferos”, aclaró Montaño.
Rolando Villena, defensor del Pueblo, observó el Decreto Supremo 2366 porque -a su juicio- autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país, y lo hace dejando de lado la Constitución Política del Estado. Villena anunció que la institución que conduce, presentará un recurso legal contra el decreto en cuestión ante el Tribunal Constitucional. El ingreso de las petroleras no solo afectaría a la fauna y flora, sino también a los pueblos indígenas que habitan en estos lugares. La legislación internacional, de la cual Bolivia es signataria, obligan a las autoridades a consultar a los pobladores antes de aplicar cualquier medida legal o administrativa que los afecte.
"En las áreas protegidas siempre ha habido la posibilidad de hacer exploraciones en el ámbito hidrocarburífero; lo que se ha modificado hoy son los mecanismos, la metodología”, explicó Montaño.
Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados negó que el Decreto Supremo 2366 pretenda eliminar las áreas protegidas del país y explicó que esa norma solo readecúa los procedimientos para hacer posible la exploración hidrocarburífera en dichas áreas, informó la agencia de noticias ABI. De acuerdo a diversos análisis, hasta el 20 de mayo, día en que se aprobó el decreto, las empresas petroleras no tenían posibilidad de ingresar a las 22 áreas protegidas que hay en el país.Ahora se dice que once de ellas están en peligro de ser seriamente afectadas, porque en todas ellas existen contratos entre el Estado boliviano y las compañías privadas transnacionales.
"Yo he revisado el decreto y bajo ningún concepto están desapareciendo las áreas protegidas, esa es una falsedad; lo único es que se está readecuando es el procedimiento y los mecanismos en el caso de que en un área protegida se pueda llevar adelante la exploración en el ámbito de recursos hidrocarburíferos”, aclaró Montaño.
Rolando Villena, defensor del Pueblo, observó el Decreto Supremo 2366 porque -a su juicio- autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país, y lo hace dejando de lado la Constitución Política del Estado. Villena anunció que la institución que conduce, presentará un recurso legal contra el decreto en cuestión ante el Tribunal Constitucional. El ingreso de las petroleras no solo afectaría a la fauna y flora, sino también a los pueblos indígenas que habitan en estos lugares. La legislación internacional, de la cual Bolivia es signataria, obligan a las autoridades a consultar a los pobladores antes de aplicar cualquier medida legal o administrativa que los afecte.
"En las áreas protegidas siempre ha habido la posibilidad de hacer exploraciones en el ámbito hidrocarburífero; lo que se ha modificado hoy son los mecanismos, la metodología”, explicó Montaño.