La Justicia mantiene suspendido el plan migratorio de Obama
Una Corte de Apelaciones da la razón al juez que paralizó las medidas para regularizar a unos cinco millones de indocumentados
Joan Faus
Washington, El País
Duro revés judicial a los planes migratorios de la Casa Blanca, que entran en un limbo legal. Un juzgado federal de apelaciones decidió este martes mantener suspendidas temporalmente las medidas decretadas en noviembre por el presidente Barack Obama para regularizar a unos cinco millones de indocumentados y que desde febrero están paralizadas.
La Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, dio la razón a los 26 Estados -24 republicanos y dos demócratas- que presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas adoptadas unilateralmente por el demócrata Obama tras las elecciones legislativas de noviembre y tras fracasar en el Congreso su propuesta de una reforma integral del sistema migratorio.
Dos de los tres jueces dictaminaron que las medidas deben seguir paralizadas, como decretó hace tres meses un magistrado federal de Texas, al esgrimir que los Estados gozan del amparo legal para presentar la demanda y que la Administración Obama no demostró que la suspensión pueda acarrear daños en la implementación de los cambios migratorios.
Los Estados basaron su demanda en el argumento de que, con las medidas migratorias, Obama había "sobrepasado" los poderes que tiene como presidente al haberlas aprobado por decreto -sin someterlas a un voto del Congreso- y había fallado así en su obligación de garantizar que las leyes son cumplidas.
Tras la sentencia del juez de Texas en febrero, el Gobierno federal recurrió a la Corte de Apelaciones. Su objetivo era lograr un sobreseimiento de la suspensión para poder implementar las medidas migratorias mientras se mantenía la batalla judicial con los 26 Estados (sobre el total de 50 que tiene el país). "Porque el Gobierno no tiene posibilidades de tener éxito en esta apelación, negamos la moción", determinan en su escrito los jueces de Nueva Orleans.
Tras difundirse el fallo, la Casa Blanca acusó a los dos magistrados de “malinterpretar los hechos y las leyes” y defendió que las medidas se integran dentro de los “límites” de la autoridad presidencial. En paralelo, el Departamento de Justicia está analizando el texto y los siguientes pasos a adoptar, según un funcionario citado por la agencia Reuters.
Tras el varapalo judicial, el Gobierno de Obama puede recurrir a esa Corte de Apelaciones y, si se le niega su petición, acudir directamente al Tribunal Supremo. La batalla no es inaudita: otro de los proyectos estrella del presidente -la reforma sanitaria- también es objeto de deliberación judicial.
Lo que es seguro es que el fallo de este martes enquista indefinidamente la implementación del plan migratorio. En febrero, estaba prevista la entrada en vigor de la primera parte de las medidas: se abría el plazo de aceptación de peticiones de la extensión del Programa de Acción Diferida (DACA) que beneficia a jóvenes sin papeles. Y este mes de mayo debía entrar en vigor un segundo y nuevo programa (DAPA) destinado a padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.
Washington, El País
Duro revés judicial a los planes migratorios de la Casa Blanca, que entran en un limbo legal. Un juzgado federal de apelaciones decidió este martes mantener suspendidas temporalmente las medidas decretadas en noviembre por el presidente Barack Obama para regularizar a unos cinco millones de indocumentados y que desde febrero están paralizadas.
La Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, dio la razón a los 26 Estados -24 republicanos y dos demócratas- que presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas adoptadas unilateralmente por el demócrata Obama tras las elecciones legislativas de noviembre y tras fracasar en el Congreso su propuesta de una reforma integral del sistema migratorio.
Dos de los tres jueces dictaminaron que las medidas deben seguir paralizadas, como decretó hace tres meses un magistrado federal de Texas, al esgrimir que los Estados gozan del amparo legal para presentar la demanda y que la Administración Obama no demostró que la suspensión pueda acarrear daños en la implementación de los cambios migratorios.
Los Estados basaron su demanda en el argumento de que, con las medidas migratorias, Obama había "sobrepasado" los poderes que tiene como presidente al haberlas aprobado por decreto -sin someterlas a un voto del Congreso- y había fallado así en su obligación de garantizar que las leyes son cumplidas.
Tras la sentencia del juez de Texas en febrero, el Gobierno federal recurrió a la Corte de Apelaciones. Su objetivo era lograr un sobreseimiento de la suspensión para poder implementar las medidas migratorias mientras se mantenía la batalla judicial con los 26 Estados (sobre el total de 50 que tiene el país). "Porque el Gobierno no tiene posibilidades de tener éxito en esta apelación, negamos la moción", determinan en su escrito los jueces de Nueva Orleans.
Tras difundirse el fallo, la Casa Blanca acusó a los dos magistrados de “malinterpretar los hechos y las leyes” y defendió que las medidas se integran dentro de los “límites” de la autoridad presidencial. En paralelo, el Departamento de Justicia está analizando el texto y los siguientes pasos a adoptar, según un funcionario citado por la agencia Reuters.
Tras el varapalo judicial, el Gobierno de Obama puede recurrir a esa Corte de Apelaciones y, si se le niega su petición, acudir directamente al Tribunal Supremo. La batalla no es inaudita: otro de los proyectos estrella del presidente -la reforma sanitaria- también es objeto de deliberación judicial.
Lo que es seguro es que el fallo de este martes enquista indefinidamente la implementación del plan migratorio. En febrero, estaba prevista la entrada en vigor de la primera parte de las medidas: se abría el plazo de aceptación de peticiones de la extensión del Programa de Acción Diferida (DACA) que beneficia a jóvenes sin papeles. Y este mes de mayo debía entrar en vigor un segundo y nuevo programa (DAPA) destinado a padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.
