Varios ataques elevan la tensión en Turquía a dos meses de las elecciones
Un hombre asalta la sede del partido gobernante y dos hombres atacan una comisaría
Andrés Mourenza
Estambul, El País
La tensión política y social en Turquía no ceja de crecer a medida que se acercan las cruciales elecciones del próximo 7 de junio, en las que el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) pretende lograr su cuarta mayoría absoluta consecutiva, de manera que pueda modificar la Constitución y transformar el país en una república presidencialista dirigida por el polémico actual jefe de Estado, el islamista Recep Tayyip Erdogan.
Este miércoles, mientras tenía lugar el funeral del fiscal Mehmet Selim Kiraz, asesinado el martes durante un secuestro perpetrado por el grupo armado de extrema izquierda Partido-Frente de Liberación del Pueblo Revolucionario (DHKP-C), un hombre armado tomó la sede del AKP en el distrito de Kartal (en la parte asiática de Estambul) y obligó al personal a abandonar el edificio. La policía logró neutralizarlo sin que nadie saliese herido en el incidente.
Sin embargo, horas después, dos personas que portaban un explosivo trataron de penetrar en la Dirección General de Seguridad de la Policía de Estambul. Tras serles impedida la entrada, los atacantes abrieron fuego contra los agentes de seguridad, hiriendo a un policía, y los agentes respondieron disparando y matando a uno de los atacantes. El otro fue capturado al cabo de media hora.
También este miércoles, 22 personas supuestamente relacionadas con el DHKP-C fueron detenidas en la ciudad sureña de Antalya cuando, según las fuerzas de seguridad, se disponían a cometer un atentado. “Veo que hay algunos que no pueden tragar con la democracia. Deberían saber que a la democracia no se la derrota con este tipo de ataques”, afirmó el presidente Erdogan y advirtió a la oposición, muy crítica con la gestión del secuestro: “Quienes creen en la democracia deben mantener una postura común”.
Pero el incidente del martes continúa rodeado de interrogantes. ¿Por qué el DHKP-C atentó contra un fiscal que investigaba la muerte de un joven a manos de la policía? ¿Cómo pudieron dos personas armadas entrar en el Palacio de Justicia de Estambul? ¿Se podría haber evitado la muerte del fiscal y de los secuestradores? La madre de uno de los militantes del DHKP-C, Safak Yayla, aseguró este miércoles que su hijo fue “asesinado” por la policía y que el secuestro podría haber tenido otro final.
Okmeydani es el barrio estambulí donde residían los secuestradores y también Berkin Elvan (el joven cuya muerte investigaba el fiscal asesinado), además de uno de los bastiones del DHKP-C. Algunos de sus vecinos no se terminan de creer que jóvenes del barrio hayan matado a un procurador: “Han sido los servicios secretos. La policía podría haber acabado con el secuestro lanzando una bomba de humo o aturdiendo a los secuestradores”, opina un vecino que no desea dar su nombre. “En Turquía siempre ocurren este tipo de provocaciones cuando nos acercamos a unas elecciones importantes”, añade Firat, otro habitante de Okmeydani.
“Provocación” es la palabra en boca de muchos en Turquía, sean simples ciudadanos, analistas o responsables políticos. “Antes de las elecciones siempre resulta probable que se produzcan este tipo de acciones terroristas provocativas”, afirmó el martes el primer ministro, el islamista moderado Ahmet Davutoglu.
Sin embargo, en el DHKP-C justifican y se reafirman en el asesinato del procurador: “En los tres meses que el fiscal llevaba al cargo del caso de Berkin Elvan no se habían producido avances. [A los secuestradores] se les terminó la paciencia y cuando vieron que [las autoridades] no iban a cumplir sus exigencias [entregar a los policías presuntamente culpables de la muerte de Elvan] ejecutaron al fiscal”, sostiene Çayan, joven del entorno del grupo armado. Lo que sí consideran una “provocación” y un “montaje del AKP” es el asalto a la sede del partido gobernante en Kartal, durante el cual el atacante mostró una bandera con la espada de Alí, un símbolo claramente chií: “Nosotros nunca usaríamos una bandera religiosa”.
Buena parte del barrio de Okmeydani es aleví, un grupo religioso chií heterodoxo que constituye en torno al 20% de la población de Turquía. Los alevíes han sido tradicionalmente marginados por la mayoría suní por lo que, tras emigrar a los barrios de aluvión de las grandes ciudades en pasadas décadas, muchos acabaron mezclando sus creencias religiosas con el marxismo revolucionario y alistándose en grupos como el DHKP-C.
Las calles de Okmeydani hablan claro. En cada verja de negocio, en cada muro libre, pintadas y carteles critican al Gobierno y señalan la revolución como la única vía posible. Adornan las paredes los rostros de “mártires” como Berkin Elvan y otros manifestantes muertos durante las protestas de Gezi del verano de 2013 —en su mayoría alevíes— mezclados con las siglas de DHKP-C, MLKP, TIKKO y otros grupos armados de extrema izquierda. “Pero cuando hay combates con la policía, todos estamos juntos”, explica Apo, un joven de 17 años. Fue el caso de la noche tras el secuestro, cuando militantes armados y con la cabeza cubierta tomaron las calles de Okmeydani —y de otros barrios alevíes de Estambul—, entre los aplausos de los vecinos, levantaron barricadas y se enfrentaron a la policía con cócteles molotov y armas de fuego. “La lucha armada y revolucionaria es la única solución en este país que, bajo la apariencia de una democracia nominal, se rige por el fascismo”, amenaza Musa, un hombre de unos 40 años y también del entorno del DHKP-C.
El primer ministro Davutoglu ha prometido mano dura. Después de que la semana pasada el Parlamento aprobase una nueva ley de seguridad que permitirá a la policía abrir fuego contra los manifestantes en caso de disturbios, este miércoles dijo que “no se tolerarán las protestas sin permiso, que ponen en peligro la seguridad del país”. Ambas actitudes incrementarán la ya de por sí elevada tensión política en Turquía y cabe preguntarse: ¿a quién beneficia esta situación?
Estambul, El País
La tensión política y social en Turquía no ceja de crecer a medida que se acercan las cruciales elecciones del próximo 7 de junio, en las que el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) pretende lograr su cuarta mayoría absoluta consecutiva, de manera que pueda modificar la Constitución y transformar el país en una república presidencialista dirigida por el polémico actual jefe de Estado, el islamista Recep Tayyip Erdogan.
Este miércoles, mientras tenía lugar el funeral del fiscal Mehmet Selim Kiraz, asesinado el martes durante un secuestro perpetrado por el grupo armado de extrema izquierda Partido-Frente de Liberación del Pueblo Revolucionario (DHKP-C), un hombre armado tomó la sede del AKP en el distrito de Kartal (en la parte asiática de Estambul) y obligó al personal a abandonar el edificio. La policía logró neutralizarlo sin que nadie saliese herido en el incidente.
Sin embargo, horas después, dos personas que portaban un explosivo trataron de penetrar en la Dirección General de Seguridad de la Policía de Estambul. Tras serles impedida la entrada, los atacantes abrieron fuego contra los agentes de seguridad, hiriendo a un policía, y los agentes respondieron disparando y matando a uno de los atacantes. El otro fue capturado al cabo de media hora.
También este miércoles, 22 personas supuestamente relacionadas con el DHKP-C fueron detenidas en la ciudad sureña de Antalya cuando, según las fuerzas de seguridad, se disponían a cometer un atentado. “Veo que hay algunos que no pueden tragar con la democracia. Deberían saber que a la democracia no se la derrota con este tipo de ataques”, afirmó el presidente Erdogan y advirtió a la oposición, muy crítica con la gestión del secuestro: “Quienes creen en la democracia deben mantener una postura común”.
Pero el incidente del martes continúa rodeado de interrogantes. ¿Por qué el DHKP-C atentó contra un fiscal que investigaba la muerte de un joven a manos de la policía? ¿Cómo pudieron dos personas armadas entrar en el Palacio de Justicia de Estambul? ¿Se podría haber evitado la muerte del fiscal y de los secuestradores? La madre de uno de los militantes del DHKP-C, Safak Yayla, aseguró este miércoles que su hijo fue “asesinado” por la policía y que el secuestro podría haber tenido otro final.
Okmeydani es el barrio estambulí donde residían los secuestradores y también Berkin Elvan (el joven cuya muerte investigaba el fiscal asesinado), además de uno de los bastiones del DHKP-C. Algunos de sus vecinos no se terminan de creer que jóvenes del barrio hayan matado a un procurador: “Han sido los servicios secretos. La policía podría haber acabado con el secuestro lanzando una bomba de humo o aturdiendo a los secuestradores”, opina un vecino que no desea dar su nombre. “En Turquía siempre ocurren este tipo de provocaciones cuando nos acercamos a unas elecciones importantes”, añade Firat, otro habitante de Okmeydani.
“Provocación” es la palabra en boca de muchos en Turquía, sean simples ciudadanos, analistas o responsables políticos. “Antes de las elecciones siempre resulta probable que se produzcan este tipo de acciones terroristas provocativas”, afirmó el martes el primer ministro, el islamista moderado Ahmet Davutoglu.
Sin embargo, en el DHKP-C justifican y se reafirman en el asesinato del procurador: “En los tres meses que el fiscal llevaba al cargo del caso de Berkin Elvan no se habían producido avances. [A los secuestradores] se les terminó la paciencia y cuando vieron que [las autoridades] no iban a cumplir sus exigencias [entregar a los policías presuntamente culpables de la muerte de Elvan] ejecutaron al fiscal”, sostiene Çayan, joven del entorno del grupo armado. Lo que sí consideran una “provocación” y un “montaje del AKP” es el asalto a la sede del partido gobernante en Kartal, durante el cual el atacante mostró una bandera con la espada de Alí, un símbolo claramente chií: “Nosotros nunca usaríamos una bandera religiosa”.
Buena parte del barrio de Okmeydani es aleví, un grupo religioso chií heterodoxo que constituye en torno al 20% de la población de Turquía. Los alevíes han sido tradicionalmente marginados por la mayoría suní por lo que, tras emigrar a los barrios de aluvión de las grandes ciudades en pasadas décadas, muchos acabaron mezclando sus creencias religiosas con el marxismo revolucionario y alistándose en grupos como el DHKP-C.
Las calles de Okmeydani hablan claro. En cada verja de negocio, en cada muro libre, pintadas y carteles critican al Gobierno y señalan la revolución como la única vía posible. Adornan las paredes los rostros de “mártires” como Berkin Elvan y otros manifestantes muertos durante las protestas de Gezi del verano de 2013 —en su mayoría alevíes— mezclados con las siglas de DHKP-C, MLKP, TIKKO y otros grupos armados de extrema izquierda. “Pero cuando hay combates con la policía, todos estamos juntos”, explica Apo, un joven de 17 años. Fue el caso de la noche tras el secuestro, cuando militantes armados y con la cabeza cubierta tomaron las calles de Okmeydani —y de otros barrios alevíes de Estambul—, entre los aplausos de los vecinos, levantaron barricadas y se enfrentaron a la policía con cócteles molotov y armas de fuego. “La lucha armada y revolucionaria es la única solución en este país que, bajo la apariencia de una democracia nominal, se rige por el fascismo”, amenaza Musa, un hombre de unos 40 años y también del entorno del DHKP-C.
El primer ministro Davutoglu ha prometido mano dura. Después de que la semana pasada el Parlamento aprobase una nueva ley de seguridad que permitirá a la policía abrir fuego contra los manifestantes en caso de disturbios, este miércoles dijo que “no se tolerarán las protestas sin permiso, que ponen en peligro la seguridad del país”. Ambas actitudes incrementarán la ya de por sí elevada tensión política en Turquía y cabe preguntarse: ¿a quién beneficia esta situación?
