Exjueza denuncia que fue encarcelada por no actuar contra la “nación camba”
La exjueza de Instrucción en lo Penal de El Alto, Jenny Prado Saavedra, acusada de liberar en 2011 a ocho delincuentes, denunció el miércoles que dicha imputación fue falsa, pero tuvo que pasar 18 meses en la cárcel por negarse a extorsionar a los detenidos por el caso Terrorismo II (financiadores del caso Rózsa) y "meter preso a toda la gente de la nación camba”.
"Llegó el caso Terrorismo II al juzgado (de Instrucción en lo Penal de El Alto) y cuando fui invitada a Santa Cruz por el fiscal Isabelino Gómez (éste) me dijo que me estaba haciendo designar coordinadora de fiscales de Santa Cruz, pero con un objetivo, meter preso a toda la gente de la nación camba y coadyuvar para meter preso a toda la gente que quería dividir Bolivia; y no me presté a eso porque mi familia es muy conocida en Santa Cruz”, dijo Prado en un testimonio ofrecido a la red Erbol, como víctima del ahora exfiscal Humberto Quispe Poma.
En julio de 2011, Prado fue enviada a la cárcel de mujeres de Miraflores de La Paz "por articular, desde su puesto de administradora de justicia, bandas de asaltantes y atracadores internacionales que la Policía había desarticulado a costa de bajas”, reportó entonces la Agencia Boliviana de Información.
Prado, como una de las víctimas de Quispe, recordó que fue detenida el 6 de julio de 2011 por agentes de inteligencia, acusada de liberar supuestamente a antisociales por los abogados del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas. Estos últimos, ahora detenidos en Palmasola (Santa Cruz), confesaron que extorsionaban mientras cumplían sus funciones.
La exjueza recordó que de inmediato inició su defensa y entonces pretendió demostrar que no liberó a ningún encarcelado en San Pedro de La Paz, pero los citados abogados lograron que un juez la envíe a la cárcel de Oruro. Dijo que los nombres de los antisociales supuestamente liberados por ella, hoy continúan en la cárcel y que tiene un certificado para demostrar. Incluso, dijo, uno de los presuntos detenidos había muerto en 2007.
"Yo tendría que cobrar mínimo 50 mil dólares para darles medidas sustitutivas (a los detenidos por el caso Terrorismo II), eso jamás acepté (..) Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas así actuaban, así actuaban”, dijo.
Recordó que ese día su detención se produjo sin acusación a las 10:20 y el caso fue abierto el mismo día a las 17:00, pero ya con imputación, después fue enviada la cárcel de Miraflores. Pero, continuó, "el que sigue el caso, el que me hace aprehender, el que me detiene y me imputa y el que va a las audiencias, tengo todas la pruebas, es el fiscal Humberto Quispe Poma”.
Prado dijo que Quispe era el brazo ejecutor de Rivera, Villegas, Rodas, quienes actuaban a nombre del Ministerio de Gobierno. "Me han tenido un año y seis meses en la cárcel de Oruro, en régimen cerrado, lo que significa que estaba las 24 horas encerrada, decían que era presa política, en celda de varones, tenía que bañarme con el riesgo de que me ataquen sexualmente”, dijo.
También afirmó que "no me permitían visitas por orden del fiscal Humberto Quispe, Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas, porque él (Quispe) siempre ha trabajado con ellos”.
Prado dijo que en la cárcel de Oruro no era permitida que saliera al patio con el argumento de que era una presa política, altanera, prepotente y que la protegían "porque toda la población me quería matar porque era exjueza”.
Durante los 18 meses de su detención ningún juez colega hablaba con ella por temor a represalias políticas, pero una vez que Rivera, Villegas y Rodas fueran detenidos (noviembre de 2012), a la semana recuperó su libertad y también los jueces restablecieron su amistad.
Prado dijo que el poder de Quispe continuó después. Recordó que en diciembre de 2012 presentó una denuncia contra el exsfiscal Quispe en Sucre, pero a la misma hora éste la citó a una audiencia conclusiva en La Paz.
