Proponen procesos orales para “desterrar” la corrupción en la justicia
La Paz, ErbolEl presidente de Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Bories propuso que todos los procesos sean orales y se eliminen los expedientes para frenar la corrupción en la justicia y la magistrada suspendida del Tribunal Constitucional, Rosario Chánez, dijo que se debe evitar la concentración de podres, en el marco de un proceso de modernización del poder judicial.
Ambas autoridades judiciales dijo que es posible transparentar procesos públicos a través de audiencias orales, lo que permitiría un seguimiento minucioso a cada caso.
A estas propuestas se suma la postura de la vicepresidenta del Movimiento Al Socialismo, Concepción Ortiz, quien advierte la necesidad de conformar una comisión especial que diseñe estrategias para limpiar la imagen de dicho órgano.
“¿Cómo se destierra la corrupción?, haciendo procesos orales; ¿en esos expedientes de 5.000 hojas qué se puede ver?, para el análisis de un expediente de esos se necesitarían tres o cuatro meses”, remarcó el presidente del TSJ.
CPE y despolitización
Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) todavía no se ponen de acuerdo sobre la vía que tomarán para transformar la crisis de la justicia boliviana. En tanto, la oposición pide debate nacional y despolitizar la justicia.
A propósito, el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Pedro Montes dijo que no adelantarán criterios hasta tener una perspectiva en común sobre el tema.
“En la parte legislativa todavía no se ha informado y muy mal puedo hablar o puedo adelantar algún criterio. Los legisladores debemos ser respetuosos y orgánicos en declarar sobre la justicia, eso está en manos de todo el legislativo, en la parte ejecutiva del Presidente y, de forma general, en todo el país”, afirmó Montes.
Sin embargo, el diputado oficialista Víctor Borda señaló que una comisión especial debe seleccionar a los futuros magistrados y que para ello hay que modificar la Constitución Política del Estado (CPE).
“Una comisión especializada conformada por organizaciones sociales representativas, como la Universidad Boliviana, la Central Obrera Bolivia, Confederación de Empresarios Privados y otras que están intrínsecamente ligadas con el tema de la justicia porque el abogado no sólo debe tener contenido jurídico sino social, además, se debe abrir la constitución CPE ya que consta de un una parte dogmática y otra dinámica”, dijo Borda.
Concepción Ortiz, vicepresidenta del MAS, coincidió con integrar una comisión especial y con amplia participación popular sin necesidad de modificar la CPE.
“Con el pueblo, con la ciudadanía y también con nuestros profesionales que también tienen algunas propuestas que puedan sugerir una solución (…) nosotros no estamos pidiendo que haya modificación de la CPE”, expresó Ortiz.
La jefe de bancada de Unidad Demócrata, Ximena Acosta, dijo que primero hay que realizar un diagnostico nacional seguido de la despolitización de la justicia para la independencia judicial.
“Nosotros, antes de pronunciarnos a favor o en contra de un referéndum, lo que planteamos es un debate nacional con un diagnóstico serio que nos permita diseñar una propuesta seria en coordinación con el ejecutivo y con el oficialismo para que la solución sea verdadera, nada de esto va a suceder si no hay decisión política del MAS de despolitizar la justicia”, declaró Acosta.
Concentración de poderes
La ex magistrada Rosario Chánez dijo que la política de estado está orientada a la concentración de poderes en uno sólo, hecho que está prohibido por CPE. Señaló que mientras haya injerencia política e intromisión no habrá credibilidad en las soluciones que plantea el gobierno a la crisis del órgano judicial. Colocó como ejemplo su caso.
“No es posible, desde el punto de vista estructural de la CPE que indica independencia de órganos y que prohíbe de forma expresa la concentración de funciones (…) como en nuestro caso en el cual se ha visto una intromisión grosera de parte del ejecutivo en la sentencia del órgano judicial”, manifestó Chánez.
Evo Morales durante la asunción de su tercer mandato constitucional admitió errores en la administración de la justicia en Bolivia por lo que propuso una cumbre que permita elaborar una propuesta para llevar adelante un referéndum.
El MAS pretende cesar paulatinamente en sus funciones a los magistrados, no obstante que en la etapa de selección de candidatos impuso su aplanadora, dejando de lado la meritocracia, según opositores.
