Presidente del Senado reconoce que proceso a magistrados es un "juicio político"
El presidente del Senado, Eugenio Rojas (MAS), reconoció este jueves que el proceso a los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligia Velásquez, es un "juicio político especial" porque no se los juzgará por delitos comunes, sino por sus acciones como autoridades.
"Este es un juicio político especial, tenemos que comprender en ese sentido, no es un juicio ordinario, no estamos juzgando por violación, por asesinato, sino que es por un hecho como autoridad en este caso estamos juzgando, esa es la diferencia, entonces tenemos que comprender que es un juicio político especial en este caso", manifestó Rojas en conferencia de prensa.
El senador también confesó que se modificó la Ley de Juicio de Responsabilidades a Altas Autoridades Judiciales 044, para que el Senado no emita una sanción penal sino sólo una sanción administrativa, debido a que había reclamos de juristas nacionales e internaciones, porque un Órgano Legislativo no puede dictar una sentencia penal.
Al respecto la excandidata a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Tomasa Yarhui, sostuvo que con la confesión del senador Rojas, el magistrado suspendido debe ser restituido en sus funciones en el TCP.
"Si pasa cualquier cosa con el magistrado Cusi, es exclusivamente responsable este Gobierno y todos aquellos que han iniciado este juicio político como ellos lo han aceptado, las normas tienen que ser respetadas y vamos a exigir a que se pueda restituir a su cargo", señaló.
Por su parte la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Amparo Carvajal, sostuvo que esta institución estará presente durante todo el juicio, puesto que considera que hay muchas vulneraciones al debido proceso y a los derechos y garantías constitucionales de los magistrados.
Ligia Velásquez, Soraida Chánez y Gualberto Cusi enfrentan un juicio de responsabilidades por paralizar la aplicación de la Ley del Notariado a través de la admisión de un recurso de inconstitucionalidad. Se los acusa por los presuntos delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes.
