“Juicio a magistrados viola la independencia de la justicia”
La Paz, Página Siete
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), una ONG internacional con sede en Ginebra, afirma en un documento que los procedimientos en el juicio de responsabilidades contra los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional "violan la independencia del poder judicial y el derecho a un juicio justo”.
Esta entidad realizó un análisis del procedimiento en relación con las normas internacionales en el juicio que enfrentarán los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez.
El documento fue enviado en el mes de octubre a las cámaras de Diputados y de Senadores, instancias legislativas que tienen a su cargo el juicio de responsabilidades, según indica la norma vigente.
"Los casos de estos magistrados suscitan preocupaciones”, señala una parte del documento de la CIJ, cuya finalidad es proteger y promover los derechos humanos y el imperio de la ley. Asimismo, indica que el procesamiento "no sólo socava la independencia del poder judicial, sino también de manera más general, el Estado de Derecho en Bolivia”.
Esta organización de juristas insta a "anular o dejar sin efecto los procesos penales, poner fin a la suspensión y cesar cualquier forma de injerencia en la independencia del poder judicial”.
Sus argumentos se sostienen en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el que establece la igualdad de las personas ante los tribunales de justicia, el derecho a ser oídas y tener las debidas garantías "por un tribunal competente, independiente e imparcial” y también en la Convención Americana.
Los magistrados fueron suspendidos y acusados por la Cámara de Diputados por los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, porque suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado.
Estas autoridades serán juzgadas por el Senado, que está conformado por una mayoría del partido oficialista. En opinión de la CIJ, el Senado es un órgano legislativo político que no tiene las cualidades de un tribunal independiente.
Los magistrados acusados alegan que el juicio en su contra es puramente político. La magistrada Chánez acusó al Ejecutivo de realizar una "grosera” intromisión en el Órgano Judicial.
La Comisión sostiene que los cargos contra los magistrados pueden ser básicamente un tema de "discrepancias de opinión” por las decisiones judiciales que adoptaron, pero actuaron en el marco de sus competencias. "Estos motivos no pueden llegar a satisfacer el alto umbral de falta grave” que justifique la remoción de sus cargos.
En medio del proceso, el vicepresidente Álvaro García Linera envió al Legislativo un proyecto de ley para modificar la Ley 044, para que la Cámara de Senadores ya no juzgue penalmente a los magistrados del TCP.
Arce: La respuesta es la reforma de la ley
El procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó ayer que los cuestionamientos de los juristas nacionales y extranjeros al juicio contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se "solucionan” con la modificación a la Ley de Juicio de Responsabilidades.
"Cuestionaban que sea un Órgano Legislativo el que emita una sentencia penal y eso a la luz del derecho internacional, justamente el proyecto de ley que modifica la Ley 044, soluciona esa situación; debería ser saludado”.
Comentó que no existen divergencias en el MAS para aprobar la norma para continuar con el juicio contra los magistrados del TCP.
En el mes de octubre, Naciones Unidas también observó el juicio a los magistrados.
