Jueza duda que Arpaio pueda demandar al gobierno por reforma
Una jueza federal estadounidense se mostró escéptica el lunes ante la demanda interpuesta por el sheriff Joe Arpaio de Arizona contra la reforma migratoria que el presidente Barack Obama desea aplicar mediante acción ejecutiva.
La jueza Beryl Howell cuestionó que Arpaio tenga la autoridad para demandar judicialmente al gobierno por su reforma migratoria, insinuando que el tema es más bien un asunto del Congreso y no de las cortes.
En el primer enfrentamiento sobre la reforma migratoria que se da en un tribunal, el abogado de Arpaio, Larry Klayman, denunció que el presidente violó la Constitución porque aprobó la medida sin acuerdo con el Congreso. Argumentó que el programa permitiría la entrada de más inmigrantes sin autorización y que con ello aumentará la delincuencia, lo que hará difícil la tarea a las fuerzas policiales del país.
"No se trata de una política, el presidente está creando una ley y él no puede hacer eso según la constitución", dijo Klayman.
Sin embargo, la abogada del Departamento de Justicia Kathleen Hartnett dijo que la demanda de Arpaio constituye más bien "una disputa política" en vez de un asunto judicial apropiado para un tribunal. El gobierno califica el pleito de "sin fundamento y pura especulación" y ha exhortado al tribunal a desestimarlo.
La jueza Howell pareció a veces irritada con Klayman, un activista de derecha que ha interpuesto cientos de demandas contra el gobierno, incluso una en que dice que el presidente Obama no es estadounidense. Cuando Klayman dijo que su apoderado está amenazado debido a sus puntos de vista sobre la reforma migratoria, la jueza le replicó: "Eso me cuesta creerlo".
Howell también señaló que es difícil aceptar el argumento de Arpaio de que se ha visto perjudicado por la reforma, pues la nueva ley tardará meses en ser implementada.
"Si el Congreso realmente está en desacuerdo, ¿acaso no tiene el poder de intervenir?", preguntó la jueza. Añadió que pronto emitirá un fallo.
Arpaio con frecuencia se ha enfrentado al gobierno en torno a las leyes de inmigración, y ha presentado demandas para obstruir la reforma. Asevera que 35% de los inmigrantes que están en el país ilegalmente y que fueron encarcelados en el condado de Maricopa en 2014 habían reincidido, lo según dice demuestra que el departamento ha fracasado en deportar a los delincuentes.
La reforma migratoria de Obama constituye la mayor reestructuración del sistema de inmigración del país en casi tres décadas, y desató un feroz enfrentamiento con los republicanos. Entre los cambios están el otorgamiento de permisos de trabajo y una prórroga de tres años en las órdenes de deportación para más de 4 millones de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente. Por lo general se aplica a quienes estén en el país más de cinco años o quienes tengan hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Bajo el programa, el Departamento de Seguridad Nacional dará prioridad a los inmigrantes que constituyan una amenaza para la seguridad, la seguridad pública o la protección fronteriza. Las autoridades podrán deportar a alguien si agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas determinan que sacar a la persona del país sirve al interés nacional.
La Casa Blanca insiste en que el presidente Obama actúa dentro de sus atribuciones para aplicar las leyes migratorias del país.
