Utah elimina partes de su ley de inmigración
Salt Lake City, AP
Utah derogará varias cláusulas de una controvertida ley de inmigración promulgada en 2011 e impondrá restricciones en otras normas, a fin de concluir un litigio con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se informó el martes.
Ambas partes aceptarán las órdenes contempladas en el fallo judicial emitido por un juez en junio.
Las cláusulas derogadas incluyen una que permite arrestos sin necesidad de orden judicial y solamente se basaba en la sospecha de ser inmigrantes sin permiso de residencia, y una que tipifica como delito estatal ocultar a una persona que se encuentra en el país ilegalmente.
El estado limitará la manera en que puede implementar una cláusula que exige que los policías revisen el estatus migratorio de personas arrestadas por ciertos delitos.
La ley fue aprobada en el 2011, cuando hubo varias redadas de inmigrantes en diversas partes del país. Entre las cláusulas que serán bloqueadas permanentemente están:
— Permitir arrestos sin orden de aprehensión con base sólo en sospechas sobre situación de inmigración.
— Convertir en delito estatal albergar a una persona que esté en el país sin permiso.
— Una medida que prohíbe a entidades locales poner restricciones a la policía que investigue ciertas faltas de inmigración.
El estado acepta limitar la manera en que los policías pueden implementar una cláusula crucial de la ley que se mantuvo.
La cláusula permite a la policía trabajar con autoridades federales para revisar la situación migratoria de personas arrestadas por delitos mayores y ciertos delitos menores. Esta parte de la ley otorga además a las autoridades facultades para revisar la ciudadanía de quienes sean detenidos por infracciones de vialidad y otras violaciones menores.
Una de las limitaciones es que los agentes no pueden retener a una persona más tiempo de lo usual sólo para esperar que funcionarios federales verifiquen su estatus de inmigración. Eso significa que si una persona es detenida por una violación de tráfico que no exige que se abra un expediente, ésta no puede ser detenida únicamente debido a cuestionamientos sobre su situación de inmigración.
Otra restricción es que se prohíbe a los agentes tratar de verificar la situación migratoria de una persona a menos que encuentren con ésta en una detención vial legítima o arresto. Los agentes no están obligados a ver ningún tipo de documentación específico, pero pueden solicitar una licencia de manejo de Utah u otro estado, una tarjeta de inscripción tribal o cualquier documento de identificación que incluya una fotografía e identificación biométrica, como una huella dactilar.
El acuerdo aclara que las personas no están obligadas a portar ningún documento migratorio.
Los parámetros están basados en detallados lineamientos emitidos en 2012 por la oficina del secretario de Justicia de Utah.
En su determinación emitida en junio, el juez federal de distrito Clark Waddoups dijo que siempre que los agentes sigan los lineamientos, la regla no viola los derechos constitucionales de nadie.
Una vez que el juez apruebe el acuerdo, el caso quedará cerrado.
Utah derogará varias cláusulas de una controvertida ley de inmigración promulgada en 2011 e impondrá restricciones en otras normas, a fin de concluir un litigio con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se informó el martes.
Ambas partes aceptarán las órdenes contempladas en el fallo judicial emitido por un juez en junio.
Las cláusulas derogadas incluyen una que permite arrestos sin necesidad de orden judicial y solamente se basaba en la sospecha de ser inmigrantes sin permiso de residencia, y una que tipifica como delito estatal ocultar a una persona que se encuentra en el país ilegalmente.
El estado limitará la manera en que puede implementar una cláusula que exige que los policías revisen el estatus migratorio de personas arrestadas por ciertos delitos.
La ley fue aprobada en el 2011, cuando hubo varias redadas de inmigrantes en diversas partes del país. Entre las cláusulas que serán bloqueadas permanentemente están:
— Permitir arrestos sin orden de aprehensión con base sólo en sospechas sobre situación de inmigración.
— Convertir en delito estatal albergar a una persona que esté en el país sin permiso.
— Una medida que prohíbe a entidades locales poner restricciones a la policía que investigue ciertas faltas de inmigración.
El estado acepta limitar la manera en que los policías pueden implementar una cláusula crucial de la ley que se mantuvo.
La cláusula permite a la policía trabajar con autoridades federales para revisar la situación migratoria de personas arrestadas por delitos mayores y ciertos delitos menores. Esta parte de la ley otorga además a las autoridades facultades para revisar la ciudadanía de quienes sean detenidos por infracciones de vialidad y otras violaciones menores.
Una de las limitaciones es que los agentes no pueden retener a una persona más tiempo de lo usual sólo para esperar que funcionarios federales verifiquen su estatus de inmigración. Eso significa que si una persona es detenida por una violación de tráfico que no exige que se abra un expediente, ésta no puede ser detenida únicamente debido a cuestionamientos sobre su situación de inmigración.
Otra restricción es que se prohíbe a los agentes tratar de verificar la situación migratoria de una persona a menos que encuentren con ésta en una detención vial legítima o arresto. Los agentes no están obligados a ver ningún tipo de documentación específico, pero pueden solicitar una licencia de manejo de Utah u otro estado, una tarjeta de inscripción tribal o cualquier documento de identificación que incluya una fotografía e identificación biométrica, como una huella dactilar.
El acuerdo aclara que las personas no están obligadas a portar ningún documento migratorio.
Los parámetros están basados en detallados lineamientos emitidos en 2012 por la oficina del secretario de Justicia de Utah.
En su determinación emitida en junio, el juez federal de distrito Clark Waddoups dijo que siempre que los agentes sigan los lineamientos, la regla no viola los derechos constitucionales de nadie.
Una vez que el juez apruebe el acuerdo, el caso quedará cerrado.