La corrupción de Petrobras sacude Brasil
Los arrepentidos revelan a la justicia el rastro de sobornos de la mayor empresa pública latinoamericana
Antonio Jiménez Barca
São Paulo, El País
El sistema es simple, diabólico y eficaz: un acusado de corrupción ve rebajada su pena si delata a otros implicados que, a su vez, se pueden acoger al mismo trato, con lo que el caso se ramifica hasta el infinito. Es la manera que tiene el juez brasileño Sérgio Moro de remontar el rastro de la millonaria corrupción que atraviesa de arriba abajo la mayor empresa pública de Latinoamérica, la petrolera Petrobras, y que sacude el país.
Los ingredientes del caso son infinitos: contratos de millones de reales amañados, obras de construcción de refinerías sobrefacturadas, cuentas bancarias repentinamente vaciadas para que no sean embargadas, arrepentidos que se avienen tras pagar 30 millones de euros, maletines con billetes que vienen y van, aviones privados llevando para acá y para allá sumas mareantes de dinero, un tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) implicado en la trama e intermediarios que se entregan tras pasar días ocultos de la policía. Y, además, varios de los mayores empresarios del país, presos en el mismo penal acusados de soborno, compartiendo cárcel y destino con el delator, Alberto Youssef, que todo lo sabe y todo lo cuenta…
El sonoro sobrenombre que la Policía Federal de Brasil puso a la última fase de la operación, el Juicio Final, es sintomático. Todo gira ahora en Brasil en torno a esta gigantesca empresa pública y a las revelaciones ponzoñosas que llegan cada mañana.
Hay, por el momento, 16 detenidos. El exdirector de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y dos directivos de una empresa suministradora, adscritos todos al programa de “delación premiada” (rebaja de pena a cambio de delatar al resto), cumplen condena en su casa. Los otros 13 (empresarios, directivos, altos ejecutivos, otro exdirector de Petrobras y el cuarto delator, el cambista Alberto Youssef) habitan juntos un penal de Curitiba. Youssef, eso sí, en celda aparte: su abogado no las tiene todas consigo sobre su integridad física, dado que se ha convertido en el blanco a abatir.
Todos están acusados de alimentar un esquema archiconocido: los altos cargos de Petrobras recibían sobornos por parte de las empresas a fin de asegurarse los contratos. Figuras marginales se movían de un lado a otro con maletines para engrasar una máquina que llegó a mover más de 10.000 millones de reales (más de 3.300 millones de euros). Nadie sabe la suma real. Las empresas implicadas tenían (y tienen) contratos por valor de 60.000 millones de reales (20.000 millones de euros). ¿Pero cuánto se queda por el camino? ¿El 10%?, ¿el 20%?, ¿el 50%? El exdirector Costa y el cambista Youssef aseguran que los partidos políticos, entre ellos el PSDB y el PT de Lula y Dilma Rousseff, se llevaban su parte, que ascendía al 3%.
Petrobras, con sus 86.000 empleados, no es una empresa cualquiera: refina el 98% de la gasolina que se consume en Brasil, comercia con cerca de 20.000 empresas que le surten de todo tipo de productos y ella misma es responsable de un décimo de todas las inversiones que se acometen en Brasil. De ahí que al Gobierno, noqueado por la crisis, además de la repercusión política del caso le preocupe la resaca económica e, incluso, la social. De las diez mayores empresas de ingeniería y construcción del país, sólo dos no están envueltas en el escándalo Petrobras. De ahí que haya quien asegure que existe un riesgo cierto de que se paralicen las principales obras públicas en marcha; en una palabra: que el país se pare. Así lo aseguró el jueves José Costa Neto, el presidente de la principal empresa eléctrica brasileña, Eletrobras, controlada por el Gobierno. Ese mismo día, el gobernador de Paraíba, Ricardo Coutinho, tras una entrevista con la recientemente reelegida Dilma Rousseff, añadía: “La presidenta está preocupada sobre qué va a pasar con las obras. Y yo, como gobernador, también. Imagínese lo que significaría ahora paralizar, por ejemplo, la construcción de los canales de São Francisco”.
Uno de los abogados de los detenidos aseguraba esta semana, después de visitar a su cliente, que el soborno era inevitable: “Si no, no salía la obra. Si alguien desconoce esto, desconoce la historia de este país”. El empresario Ricardo Semler, de 55 años, en una reciente columna en Folha de São Paulo titulada Nunca se roubou tão pouco (Nunca se robó tan poco) escribe: “No siendo del PT y sí tucano [del PSDB, partido del liberal Aécio Neves, que perdió las últimas elecciones ante Rousseff] quiero dejar claro que esta ola de encarcelamiento de ejecutivos es un paso histórico para este país. Nuestra empresa dejó de vender equipamientos a Petrobras en los años setenta. Era imposible vender directamente sin soborno. Lo intentamos de nuevo en los años ochenta, noventa e incluso recientemente. En 40 años de persistentes tentativas, no hicimos nada”.
Otro abogado de los detenidos, al ser preguntado sobre las consecuencias últimas del caso, respondió: “No sé dónde va a acabar esto”. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, en una reciente entrevista a Folha de São Paulo, añadió: “Esto es como un reguero de pólvora. Cuando uno comienza a hablar, el otro dice: ‘¿Qué pasa: que todo va a ser para mí?’. Y ahí mismo comienza a hablar a su vez”.
Las ramificaciones políticas son imprevisibles: Costa y Youssef acusan directamente al tesorero del PT, João Vaccari, de llevarse sobornos para sufragar las campañas políticas de su partido. También han señalado a otros intermediarios de otros partidos. Mientras, la presidenta Rousseff, en Brasilia, capea el temporal como puede, sin dejarse ver mucho, abrazándose a la tesis que ya defendió durante la campaña, consistente en asegurar que bajo su mandato se investiga y se persigue la corrupción. A su favor está el hecho incontrovertible de ver en prisión a empresarios hasta hace poco intocables. El fiscal general lo dijo de forma clara en la entrevista citada: “Antes, aquí en Brasil existía la justicia de las tres pes: puta, preto [negro, en portugués] y pobre. Desde hace unos años ya no es así”. El expresidente Lula, mientras tanto, según O Globo, ha recomendado a la presidenta esperar antes de designar el nuevo y largo equipo ministerial al completo a fin de asegurarse de que ninguno de los elegidos está implicado en el caso.
São Paulo, El País
El sistema es simple, diabólico y eficaz: un acusado de corrupción ve rebajada su pena si delata a otros implicados que, a su vez, se pueden acoger al mismo trato, con lo que el caso se ramifica hasta el infinito. Es la manera que tiene el juez brasileño Sérgio Moro de remontar el rastro de la millonaria corrupción que atraviesa de arriba abajo la mayor empresa pública de Latinoamérica, la petrolera Petrobras, y que sacude el país.
Los ingredientes del caso son infinitos: contratos de millones de reales amañados, obras de construcción de refinerías sobrefacturadas, cuentas bancarias repentinamente vaciadas para que no sean embargadas, arrepentidos que se avienen tras pagar 30 millones de euros, maletines con billetes que vienen y van, aviones privados llevando para acá y para allá sumas mareantes de dinero, un tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) implicado en la trama e intermediarios que se entregan tras pasar días ocultos de la policía. Y, además, varios de los mayores empresarios del país, presos en el mismo penal acusados de soborno, compartiendo cárcel y destino con el delator, Alberto Youssef, que todo lo sabe y todo lo cuenta…
El sonoro sobrenombre que la Policía Federal de Brasil puso a la última fase de la operación, el Juicio Final, es sintomático. Todo gira ahora en Brasil en torno a esta gigantesca empresa pública y a las revelaciones ponzoñosas que llegan cada mañana.
Hay, por el momento, 16 detenidos. El exdirector de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y dos directivos de una empresa suministradora, adscritos todos al programa de “delación premiada” (rebaja de pena a cambio de delatar al resto), cumplen condena en su casa. Los otros 13 (empresarios, directivos, altos ejecutivos, otro exdirector de Petrobras y el cuarto delator, el cambista Alberto Youssef) habitan juntos un penal de Curitiba. Youssef, eso sí, en celda aparte: su abogado no las tiene todas consigo sobre su integridad física, dado que se ha convertido en el blanco a abatir.
Todos están acusados de alimentar un esquema archiconocido: los altos cargos de Petrobras recibían sobornos por parte de las empresas a fin de asegurarse los contratos. Figuras marginales se movían de un lado a otro con maletines para engrasar una máquina que llegó a mover más de 10.000 millones de reales (más de 3.300 millones de euros). Nadie sabe la suma real. Las empresas implicadas tenían (y tienen) contratos por valor de 60.000 millones de reales (20.000 millones de euros). ¿Pero cuánto se queda por el camino? ¿El 10%?, ¿el 20%?, ¿el 50%? El exdirector Costa y el cambista Youssef aseguran que los partidos políticos, entre ellos el PSDB y el PT de Lula y Dilma Rousseff, se llevaban su parte, que ascendía al 3%.
Petrobras, con sus 86.000 empleados, no es una empresa cualquiera: refina el 98% de la gasolina que se consume en Brasil, comercia con cerca de 20.000 empresas que le surten de todo tipo de productos y ella misma es responsable de un décimo de todas las inversiones que se acometen en Brasil. De ahí que al Gobierno, noqueado por la crisis, además de la repercusión política del caso le preocupe la resaca económica e, incluso, la social. De las diez mayores empresas de ingeniería y construcción del país, sólo dos no están envueltas en el escándalo Petrobras. De ahí que haya quien asegure que existe un riesgo cierto de que se paralicen las principales obras públicas en marcha; en una palabra: que el país se pare. Así lo aseguró el jueves José Costa Neto, el presidente de la principal empresa eléctrica brasileña, Eletrobras, controlada por el Gobierno. Ese mismo día, el gobernador de Paraíba, Ricardo Coutinho, tras una entrevista con la recientemente reelegida Dilma Rousseff, añadía: “La presidenta está preocupada sobre qué va a pasar con las obras. Y yo, como gobernador, también. Imagínese lo que significaría ahora paralizar, por ejemplo, la construcción de los canales de São Francisco”.
Uno de los abogados de los detenidos aseguraba esta semana, después de visitar a su cliente, que el soborno era inevitable: “Si no, no salía la obra. Si alguien desconoce esto, desconoce la historia de este país”. El empresario Ricardo Semler, de 55 años, en una reciente columna en Folha de São Paulo titulada Nunca se roubou tão pouco (Nunca se robó tan poco) escribe: “No siendo del PT y sí tucano [del PSDB, partido del liberal Aécio Neves, que perdió las últimas elecciones ante Rousseff] quiero dejar claro que esta ola de encarcelamiento de ejecutivos es un paso histórico para este país. Nuestra empresa dejó de vender equipamientos a Petrobras en los años setenta. Era imposible vender directamente sin soborno. Lo intentamos de nuevo en los años ochenta, noventa e incluso recientemente. En 40 años de persistentes tentativas, no hicimos nada”.
Otro abogado de los detenidos, al ser preguntado sobre las consecuencias últimas del caso, respondió: “No sé dónde va a acabar esto”. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, en una reciente entrevista a Folha de São Paulo, añadió: “Esto es como un reguero de pólvora. Cuando uno comienza a hablar, el otro dice: ‘¿Qué pasa: que todo va a ser para mí?’. Y ahí mismo comienza a hablar a su vez”.
Las ramificaciones políticas son imprevisibles: Costa y Youssef acusan directamente al tesorero del PT, João Vaccari, de llevarse sobornos para sufragar las campañas políticas de su partido. También han señalado a otros intermediarios de otros partidos. Mientras, la presidenta Rousseff, en Brasilia, capea el temporal como puede, sin dejarse ver mucho, abrazándose a la tesis que ya defendió durante la campaña, consistente en asegurar que bajo su mandato se investiga y se persigue la corrupción. A su favor está el hecho incontrovertible de ver en prisión a empresarios hasta hace poco intocables. El fiscal general lo dijo de forma clara en la entrevista citada: “Antes, aquí en Brasil existía la justicia de las tres pes: puta, preto [negro, en portugués] y pobre. Desde hace unos años ya no es así”. El expresidente Lula, mientras tanto, según O Globo, ha recomendado a la presidenta esperar antes de designar el nuevo y largo equipo ministerial al completo a fin de asegurarse de que ninguno de los elegidos está implicado en el caso.
