Egipto institucionaliza la injusticia
FRANCISCO CARRIÓN
El Cairo, El Mundo
Ibrahim Reda tenía 14 años. El 28 de enero de 2011, sin mediar palabra, un escuadrón de la policía le descerrajó cinco balas en una calle del humilde barrio cairota donde reside su familia. Ayer su padre, al observar por televisión la mueca de felicidad del dictador, entró en shock. "¿Quién pagará por haber derramado la sangre de los mártires? Él es el responsable de la muerte de cientos de personas. No existe la justicia. No hay futuro", relató compungido el progenitor a EL MUNDO. Los hogares donde tres años y medio de agitación política han arrancando la vida a alguno de sus habitantes lloraron la desgracia de un sistema judicial incapaz de reparar a las víctimas y castigar a los verdugos.
"En la época de Mubarak vivíamos en la injusticia y aún hoy seguimos instalados en ella", lamentó ayer la madre de Mustafa al Aqad, un joven asesinado también el 28 de enero, la más trágica de las 18 jornadas que forzaron el ocaso de Hosni Mubarak. "Estoy enfadada y muy triste. Mi hijo murió para nada", murmuró con la desgarradora sensación de vacío que anoche congregó a varios cientos de activistas en los aledaños de la simbólica plaza Tahrir de El Cairo, tomada por blindados y uniformados. Al grito de "el pueblo quiere la caída del régimen" -el mismo clamor que torció el destino del autócrata-, la menguada comitiva desafió las severas penas de cárcel que establece la draconiana ley antiprotestas promulgada tras el golpe de Estado del pasado año.
Impunidad del aparato de seguridad
"El veredicto fortifica la impunidad del aparato de seguridad y es un reflejo de la actual atmósfera política", apuntó Hoda Nasrala, investigadora de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. La absolución de Mubarak es el colofón a una ruinosa transición política marcada por la ausencia de ajuste de cuentas. La mayoría de los agentes juzgados por el asesinato de manifestantes ha corrido la misma suerte que su ex jefe o ha recibido condenadas suspendidas y la reforma de la policía -con un infame y vasto historial de tropelías a sus espaldas- ha sido borrada del discurso público desde la asonada que aupó a la presidencia del país al ex líder del ejército Abdelfatah al Sisi.
La justicia transicional -que en Sudáfrica sirvió para curar, en parte, las heridas del Apartheid- ha brillado por su ausencia en el país más poblado del mundo árabe. "Se han celebrado muy pocos juicios serios, por no decir ninguno, contra policías, soldados y civiles acusados de detenciones ilegales, asesinato de manifestantes y otras formas de violencia. Cuando se ha intentado, ha estado impulsada por un sentimiento de insana revancha, como ha sucedido en las causas abiertas contra los Hermanos Musulmanes", explicó la abogada de derechos humanos Mai el Sadani.
Torpedeados por la falta de colaboración de la seguridad nacional, los tribunales han vendido su alma al poder político. Ha triunfado, en opinión de organizaciones de derechos humanos locales e internacional, la "justicia selectiva". "La judicatura parece más empeñada en ajustar cuentas políticas y castigar a la disidencia que en impartir justicia. Mientras miles de opositores políticos son acusados e incluso condenados en base a pruebas muy débiles, las investigaciones sobre los abusos de la policía rara vez se llevan a cabo", denunció ayer la ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales.
Esperanza marchita
Entretanto, la esperanza se marchita en familias como la de Ahmed Sayed Surur, un universitario de 19 años arrollado y baleado por la policía en una protesta celebrada a finales de 2011 bajo el yugo de la junta militar que por aquel entonces administraba el país. "El ritmo del juicio por el asesinato de mi hijo es desesperadamente lento. Están intentado que nunca se dicte sentencia", se quejó su madre Zeinab Ali, cuyos vestidos elaboran aún el duelo. Como ha sucedido en repetidas ocasiones, las autoridades la obligaron a aceptar un informe de autopsia falseado para enmarañar cualquier futuro proceso judicial. Al veinteañero Hasan Shehab se lo llevó, en cambio, un francotirador de la policía en uno de los accesos a Tahrir el 28 de enero de 2011. Su padre todavía litiga en busca de unos culpables que continúan libres. "Se debían haber establecido cortes revolucionarias. ¿Cómo se llegará a la verdad con unos tribunales que pertenecen al mismo régimen cuyos policías asesinaron a nuestros hijos?", se interroga a menudo. "El sueño de Hasan eran las demandas de la revolución: pan, libertad y justicia social. Cuando se cumplan, dormiré tranquilo. Mi hijo no fue a Tahrir a morir sino a salvar Egipto".
El Cairo, El Mundo
Ibrahim Reda tenía 14 años. El 28 de enero de 2011, sin mediar palabra, un escuadrón de la policía le descerrajó cinco balas en una calle del humilde barrio cairota donde reside su familia. Ayer su padre, al observar por televisión la mueca de felicidad del dictador, entró en shock. "¿Quién pagará por haber derramado la sangre de los mártires? Él es el responsable de la muerte de cientos de personas. No existe la justicia. No hay futuro", relató compungido el progenitor a EL MUNDO. Los hogares donde tres años y medio de agitación política han arrancando la vida a alguno de sus habitantes lloraron la desgracia de un sistema judicial incapaz de reparar a las víctimas y castigar a los verdugos.
"En la época de Mubarak vivíamos en la injusticia y aún hoy seguimos instalados en ella", lamentó ayer la madre de Mustafa al Aqad, un joven asesinado también el 28 de enero, la más trágica de las 18 jornadas que forzaron el ocaso de Hosni Mubarak. "Estoy enfadada y muy triste. Mi hijo murió para nada", murmuró con la desgarradora sensación de vacío que anoche congregó a varios cientos de activistas en los aledaños de la simbólica plaza Tahrir de El Cairo, tomada por blindados y uniformados. Al grito de "el pueblo quiere la caída del régimen" -el mismo clamor que torció el destino del autócrata-, la menguada comitiva desafió las severas penas de cárcel que establece la draconiana ley antiprotestas promulgada tras el golpe de Estado del pasado año.
Impunidad del aparato de seguridad
"El veredicto fortifica la impunidad del aparato de seguridad y es un reflejo de la actual atmósfera política", apuntó Hoda Nasrala, investigadora de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. La absolución de Mubarak es el colofón a una ruinosa transición política marcada por la ausencia de ajuste de cuentas. La mayoría de los agentes juzgados por el asesinato de manifestantes ha corrido la misma suerte que su ex jefe o ha recibido condenadas suspendidas y la reforma de la policía -con un infame y vasto historial de tropelías a sus espaldas- ha sido borrada del discurso público desde la asonada que aupó a la presidencia del país al ex líder del ejército Abdelfatah al Sisi.
La justicia transicional -que en Sudáfrica sirvió para curar, en parte, las heridas del Apartheid- ha brillado por su ausencia en el país más poblado del mundo árabe. "Se han celebrado muy pocos juicios serios, por no decir ninguno, contra policías, soldados y civiles acusados de detenciones ilegales, asesinato de manifestantes y otras formas de violencia. Cuando se ha intentado, ha estado impulsada por un sentimiento de insana revancha, como ha sucedido en las causas abiertas contra los Hermanos Musulmanes", explicó la abogada de derechos humanos Mai el Sadani.
Torpedeados por la falta de colaboración de la seguridad nacional, los tribunales han vendido su alma al poder político. Ha triunfado, en opinión de organizaciones de derechos humanos locales e internacional, la "justicia selectiva". "La judicatura parece más empeñada en ajustar cuentas políticas y castigar a la disidencia que en impartir justicia. Mientras miles de opositores políticos son acusados e incluso condenados en base a pruebas muy débiles, las investigaciones sobre los abusos de la policía rara vez se llevan a cabo", denunció ayer la ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales.
Esperanza marchita
Entretanto, la esperanza se marchita en familias como la de Ahmed Sayed Surur, un universitario de 19 años arrollado y baleado por la policía en una protesta celebrada a finales de 2011 bajo el yugo de la junta militar que por aquel entonces administraba el país. "El ritmo del juicio por el asesinato de mi hijo es desesperadamente lento. Están intentado que nunca se dicte sentencia", se quejó su madre Zeinab Ali, cuyos vestidos elaboran aún el duelo. Como ha sucedido en repetidas ocasiones, las autoridades la obligaron a aceptar un informe de autopsia falseado para enmarañar cualquier futuro proceso judicial. Al veinteañero Hasan Shehab se lo llevó, en cambio, un francotirador de la policía en uno de los accesos a Tahrir el 28 de enero de 2011. Su padre todavía litiga en busca de unos culpables que continúan libres. "Se debían haber establecido cortes revolucionarias. ¿Cómo se llegará a la verdad con unos tribunales que pertenecen al mismo régimen cuyos policías asesinaron a nuestros hijos?", se interroga a menudo. "El sueño de Hasan eran las demandas de la revolución: pan, libertad y justicia social. Cuando se cumplan, dormiré tranquilo. Mi hijo no fue a Tahrir a morir sino a salvar Egipto".