El último bastión de la resistencia en Egipto al general Al Sisi
El Gobierno endurece el control de la Universidad para acallar las protestas
Ricard González
El Cairo, El País
Una larga y caótica cola se forma frente a la puerta principal de la Universidad de El Cairo mientras los guardias de seguridad inspeccionan detenidamente a cada uno de los alumnos que entran al recinto de este centro público pasando bajo un detector de metales. El ambiente en el campus es tenso. Una decena de furgonetas de policía custodiadas por agentes antidisturbios rodean la entrada. “Esto parece un estado de excepción. Dicen que hay estudiantes terroristas, pero ellos son los verdaderos terroristas”, espeta Gaafar, un estudiante de Derecho. Apenas un minuto después, la conversación se interrumpe en seco por la llegada de un malhumorado policía de paisano.
Las autoridades egipcias han decidido dar una vuelta de tuerca a la represión para evitar que este curso las universidades vuelvan a ser bastión de las protestas contra el golpe de Estado. Desde que se iniciaron las clases el pasado sábado, al menos 210 estudiantes han sido detenidos, casi la mitad en manifestaciones dispersadas por la policía con gases lacrimógenos y disparos de balines. El resto fueron arrestados en sus casas de madrugada, en algún caso con la participación de miembros de las fuerzas especiales.
El Gobierno teme que se repita el escenario del año pasado. A medida que la brutalidad policial vaciaba las calles de manifestaciones, las universidades se fueron convirtiendo en el principal foco de las protestas contra el régimen surgido del golpe de Estado de julio de 2013 contra el islamista Mohamed Morsi, el primer presidente electo en unos comicios limpios. Las movilizaciones estudiantiles fueron organizadas por el grupo Estudiantes contra el Golpe, liderado por simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, el movimiento al que pertenece Morsi. Al menos 14 alumnos murieron en el transcurso de las protestas y varios centenares fueron arrestados. Unos 900 aún languidecen en prisión, muchos de ellos a la espera que se presenten cargos en su contra, según la Asociación para la Defensa de la Libertad de Expresión y Conciencia.
Durante el verano, las autoridades han aprobado varias normas controvertidas que limitan la libertad de expresión y de asociación dentro de los campus. Entre ellas, destaca la prohibición de organizar cualquier actividad política, de exhibir eslóganes políticos en camisetas o libretas, y de corear cánticos contra el presidente del país, Abdelfatá al Sisi, el general que ejecutó el golpe. Además, se ha simplificado el procedimiento de expulsión de los alumnos que violen el nuevo código, y se ha retomado la práctica de que sea el presidente quien nombre a dedo a los rectores en lugar de ser elegidos por los catedráticos. El Estado policial de Hosni Mubarak ha vuelto en toda su crudeza.
En este inicio de curso, retrasado para reforzar el dispositivo de seguridad, el malestar se ha extendido entre los alumnos. Las tácticas draconianas de las autoridades, como la contratación de la agencia de seguridad privada Falcon, conocida por sus métodos expeditivos, amenazan con enfadar incluso a los universitarios no islamistas. “Al principio solo protestaban estudiantes de la Hermandad, pero ahora se les han sumado otros que están hartos de los excesos de los guardias o que tienen algún amigo arrestado”, explica Mahmud, un estudiante de segundo de Empresariales sentado a unos metros de la puerta de entrada a la Universidad de El Cairo. “Creo que hoy no entraré, tengo miedo de que haya nuevos disturbios”, confiesa este joven que se declara “apolítico”.
El ministro de la Enseñanza Superior, Sayed Abdel Jaleq, ha justificado las nuevas medidas asegurando que estaban solo dirigidas “a unos pocos individuos con unas opiniones cerradas y partidistas”, en referencia a los estudiantes de la Hermandad. “Era necesario adoptar medidas más estrictas hacia ellos. Contratamos a Falcon para evitar la intrusión de matones”, ha afirmado en una entrevista al diario Al Masry al Youm y ha asegurado que los guardias de seguridad han confiscado diversas armas en los accesos a los campus.
Una coalición de ONG egipcias especializadas en la promoción de los derechos humanos ha exigido la liberación de todos los universitarios detenidos y ha advertido que la mano dura de las autoridades “solo empeorará las cosas, soliviantando a los estudiantes”. En el texto, los firmantes denuncian que la actual campaña “reduce las libertades ganadas durante los últimos tres años”.
Muertes y arrestos
2011. En febrero, el presidente Hosni Mubarak renuncia al poder, acosado por la gran movilización. En noviembre se celebran elecciones legislativas, en las que el brazo político de los Hermanos Musulmanes logra mayoría parlamentaria.
2013. El 3 de julio, el Ejército da un golpe de Estado y depone al presidente islamista, Mohamed
2014. En mayo, el general Abdelfatá al Sisi, líder del golpe, arrasa (93% de los votos) en las elecciones. El Gobierno emprendió una dura represión que ha causado unos 2.000 muertos y 20.000 detenidos.
Ricard González
El Cairo, El País
Una larga y caótica cola se forma frente a la puerta principal de la Universidad de El Cairo mientras los guardias de seguridad inspeccionan detenidamente a cada uno de los alumnos que entran al recinto de este centro público pasando bajo un detector de metales. El ambiente en el campus es tenso. Una decena de furgonetas de policía custodiadas por agentes antidisturbios rodean la entrada. “Esto parece un estado de excepción. Dicen que hay estudiantes terroristas, pero ellos son los verdaderos terroristas”, espeta Gaafar, un estudiante de Derecho. Apenas un minuto después, la conversación se interrumpe en seco por la llegada de un malhumorado policía de paisano.
Las autoridades egipcias han decidido dar una vuelta de tuerca a la represión para evitar que este curso las universidades vuelvan a ser bastión de las protestas contra el golpe de Estado. Desde que se iniciaron las clases el pasado sábado, al menos 210 estudiantes han sido detenidos, casi la mitad en manifestaciones dispersadas por la policía con gases lacrimógenos y disparos de balines. El resto fueron arrestados en sus casas de madrugada, en algún caso con la participación de miembros de las fuerzas especiales.
El Gobierno teme que se repita el escenario del año pasado. A medida que la brutalidad policial vaciaba las calles de manifestaciones, las universidades se fueron convirtiendo en el principal foco de las protestas contra el régimen surgido del golpe de Estado de julio de 2013 contra el islamista Mohamed Morsi, el primer presidente electo en unos comicios limpios. Las movilizaciones estudiantiles fueron organizadas por el grupo Estudiantes contra el Golpe, liderado por simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, el movimiento al que pertenece Morsi. Al menos 14 alumnos murieron en el transcurso de las protestas y varios centenares fueron arrestados. Unos 900 aún languidecen en prisión, muchos de ellos a la espera que se presenten cargos en su contra, según la Asociación para la Defensa de la Libertad de Expresión y Conciencia.
Durante el verano, las autoridades han aprobado varias normas controvertidas que limitan la libertad de expresión y de asociación dentro de los campus. Entre ellas, destaca la prohibición de organizar cualquier actividad política, de exhibir eslóganes políticos en camisetas o libretas, y de corear cánticos contra el presidente del país, Abdelfatá al Sisi, el general que ejecutó el golpe. Además, se ha simplificado el procedimiento de expulsión de los alumnos que violen el nuevo código, y se ha retomado la práctica de que sea el presidente quien nombre a dedo a los rectores en lugar de ser elegidos por los catedráticos. El Estado policial de Hosni Mubarak ha vuelto en toda su crudeza.
En este inicio de curso, retrasado para reforzar el dispositivo de seguridad, el malestar se ha extendido entre los alumnos. Las tácticas draconianas de las autoridades, como la contratación de la agencia de seguridad privada Falcon, conocida por sus métodos expeditivos, amenazan con enfadar incluso a los universitarios no islamistas. “Al principio solo protestaban estudiantes de la Hermandad, pero ahora se les han sumado otros que están hartos de los excesos de los guardias o que tienen algún amigo arrestado”, explica Mahmud, un estudiante de segundo de Empresariales sentado a unos metros de la puerta de entrada a la Universidad de El Cairo. “Creo que hoy no entraré, tengo miedo de que haya nuevos disturbios”, confiesa este joven que se declara “apolítico”.
El ministro de la Enseñanza Superior, Sayed Abdel Jaleq, ha justificado las nuevas medidas asegurando que estaban solo dirigidas “a unos pocos individuos con unas opiniones cerradas y partidistas”, en referencia a los estudiantes de la Hermandad. “Era necesario adoptar medidas más estrictas hacia ellos. Contratamos a Falcon para evitar la intrusión de matones”, ha afirmado en una entrevista al diario Al Masry al Youm y ha asegurado que los guardias de seguridad han confiscado diversas armas en los accesos a los campus.
Una coalición de ONG egipcias especializadas en la promoción de los derechos humanos ha exigido la liberación de todos los universitarios detenidos y ha advertido que la mano dura de las autoridades “solo empeorará las cosas, soliviantando a los estudiantes”. En el texto, los firmantes denuncian que la actual campaña “reduce las libertades ganadas durante los últimos tres años”.
Muertes y arrestos
2011. En febrero, el presidente Hosni Mubarak renuncia al poder, acosado por la gran movilización. En noviembre se celebran elecciones legislativas, en las que el brazo político de los Hermanos Musulmanes logra mayoría parlamentaria.
2013. El 3 de julio, el Ejército da un golpe de Estado y depone al presidente islamista, Mohamed
2014. En mayo, el general Abdelfatá al Sisi, líder del golpe, arrasa (93% de los votos) en las elecciones. El Gobierno emprendió una dura represión que ha causado unos 2.000 muertos y 20.000 detenidos.