Los ‘tories’ proponen endurecer las leyes contra el extremismo islámico
Interior anuncia que recortarán libertades a los que pretendan "socavar la democracia"
Pablo Guimón
Birmingham, El País
Ni un amago de sonrisa se permitió la ministra del Interior británico, Theresa May, en todo su discurso en el congreso anual del Partido Conservador, donde subrayó este martes la gravedad de la amenaza lanzada a Reino Unido por el autodenominado Estado Islámico. Es de tal envergadura, dijo, que obliga a “derrotar a la ideología que subyace detrás de esa amenaza”. Tampoco tiró de medias tintas a la hora de arremeter contra sus propios socios de Gobierno, los liberal demócratas, que demostraron una “indignante irresponsabilidad” al “torpedear”, hace dos años, la legislación que hubiera permitido a la policía rastrear el uso de internet y los correos electrónicos de los ciudadanos. Una legislación que, prometió May, los conservadores retomarán si ganan las elecciones de mayo.
La ministra anunció la intención de los tories de perseguir incluso a los extremistas no violentos. “Quiero nuevos poderes para actuar contra los extremistas que permanecen dentro de la ley pero aún así difunden un odio venenoso”, dijo, “y eso estará en el nuevo programa de los Conservadores”.
Estas medidas, que incluirían la prohibición de difundir su mensaje en la televisión o en Internet, forman parte de una ampliación de la estrategia antiterrorista -ahora llamada antiextremista- del Gobierno británico. “El Ministerio del Interior”, anunció May, “asumirá pronto, y por primera vez, la responsabilidad de una nueva estrategia antiextremista que va más allá del terrorismo”. Las prohibiciones afectarán, según una nota publicada el mismo martes por los tories, a aquellos que persigan “perturbar el proceso democrático” o “socavar la democracia”. Una definición muy difusa, según grupos pro derechos civiles como Big Brother Watch, que señalan que las actuales bases de datos de extremistas incluyen personas que simplemente han organizado manifestaciones por el medio ambiente.
En la práctica, la normativa anunciada significa que la policía podría solicitar al alto tribunal una orden para limitar las actividades de un individuo “que supongan una amenaza al funcionamiento de la democracia”. Estas limitaciones podrían incluir la prohibición de hablar en televisión o la obligación de enviar a la policía, para su visto bueno previo, cualquier publicación en redes sociales y en medios digitales o impresos. También se podría prohibir a los extremistas la participación en manifestaciones o los discursos en actos públicos.
Existe un precedente histórico: en 1988 Margaret Thatcher prohibió a los líderes del Sinn Fein Gerry Adams y Martin McGuinness hablar en televisión “para negarles el oxígeno de la publicidad”. Las cadenas de televisión reaccionaron contratando a actores para poner su voz a las declaraciones de los dos líderes vetados y, finalmente, John Major derogó la prohibición en 1994.
En un discurso que trascendió las dependencias de su ministerio, May insistió en la urgencia de hacer frente a la amenaza del Estado Islámico. Una amenaza que, dijo, “es aún mayor si tenemos en cuenta el hecho de que al menos 500 ciudadanos británicos han viajado a Siria y a Irak, muchos de ellos para luchar”. Con la actual legislación, explicó May, “ya se ha retirado el pasaporte a 25 personas y se seguirá utilizando ese poder”. Pero este, anunció la ministra, será aún mayor después de una nueva legislación que entrará en vigor a finales noviembre. “Cuando la policía sospeche de alguien que encuentre en la frontera”, explicó May, “podrá confiscarle el pasaporte, evitar que viaje y tomarse un tiempo para investigar al sospechoso”.
May aseguró que la legislación que “irresponsablemente torpedearon” hace dos años sus socios liberal demócratas se quiso introducir por una “crisis en la seguridad nacional”. “Debido a que nuestra comunicación se produce cada vez más en Internet”, explicó la ministra, “nuestra capacidad para obtener los datos que necesitamos decrece rápida y peligrosamente”. “Si no actuamos”, advirtió, “corremos el riesgo de caminar sonámbulos hacia una sociedad en el que el crimen no puede ser investigado y los terroristas pueden tramar sus maquinaciones criminales sin freno. Debemos dar a la policía los poderes que necesitan para mantenernos a salvo. Y eso es lo que hará el próximo Gobierno conservador”.
Birmingham, El País
Ni un amago de sonrisa se permitió la ministra del Interior británico, Theresa May, en todo su discurso en el congreso anual del Partido Conservador, donde subrayó este martes la gravedad de la amenaza lanzada a Reino Unido por el autodenominado Estado Islámico. Es de tal envergadura, dijo, que obliga a “derrotar a la ideología que subyace detrás de esa amenaza”. Tampoco tiró de medias tintas a la hora de arremeter contra sus propios socios de Gobierno, los liberal demócratas, que demostraron una “indignante irresponsabilidad” al “torpedear”, hace dos años, la legislación que hubiera permitido a la policía rastrear el uso de internet y los correos electrónicos de los ciudadanos. Una legislación que, prometió May, los conservadores retomarán si ganan las elecciones de mayo.
La ministra anunció la intención de los tories de perseguir incluso a los extremistas no violentos. “Quiero nuevos poderes para actuar contra los extremistas que permanecen dentro de la ley pero aún así difunden un odio venenoso”, dijo, “y eso estará en el nuevo programa de los Conservadores”.
Estas medidas, que incluirían la prohibición de difundir su mensaje en la televisión o en Internet, forman parte de una ampliación de la estrategia antiterrorista -ahora llamada antiextremista- del Gobierno británico. “El Ministerio del Interior”, anunció May, “asumirá pronto, y por primera vez, la responsabilidad de una nueva estrategia antiextremista que va más allá del terrorismo”. Las prohibiciones afectarán, según una nota publicada el mismo martes por los tories, a aquellos que persigan “perturbar el proceso democrático” o “socavar la democracia”. Una definición muy difusa, según grupos pro derechos civiles como Big Brother Watch, que señalan que las actuales bases de datos de extremistas incluyen personas que simplemente han organizado manifestaciones por el medio ambiente.
En la práctica, la normativa anunciada significa que la policía podría solicitar al alto tribunal una orden para limitar las actividades de un individuo “que supongan una amenaza al funcionamiento de la democracia”. Estas limitaciones podrían incluir la prohibición de hablar en televisión o la obligación de enviar a la policía, para su visto bueno previo, cualquier publicación en redes sociales y en medios digitales o impresos. También se podría prohibir a los extremistas la participación en manifestaciones o los discursos en actos públicos.
Existe un precedente histórico: en 1988 Margaret Thatcher prohibió a los líderes del Sinn Fein Gerry Adams y Martin McGuinness hablar en televisión “para negarles el oxígeno de la publicidad”. Las cadenas de televisión reaccionaron contratando a actores para poner su voz a las declaraciones de los dos líderes vetados y, finalmente, John Major derogó la prohibición en 1994.
En un discurso que trascendió las dependencias de su ministerio, May insistió en la urgencia de hacer frente a la amenaza del Estado Islámico. Una amenaza que, dijo, “es aún mayor si tenemos en cuenta el hecho de que al menos 500 ciudadanos británicos han viajado a Siria y a Irak, muchos de ellos para luchar”. Con la actual legislación, explicó May, “ya se ha retirado el pasaporte a 25 personas y se seguirá utilizando ese poder”. Pero este, anunció la ministra, será aún mayor después de una nueva legislación que entrará en vigor a finales noviembre. “Cuando la policía sospeche de alguien que encuentre en la frontera”, explicó May, “podrá confiscarle el pasaporte, evitar que viaje y tomarse un tiempo para investigar al sospechoso”.
May aseguró que la legislación que “irresponsablemente torpedearon” hace dos años sus socios liberal demócratas se quiso introducir por una “crisis en la seguridad nacional”. “Debido a que nuestra comunicación se produce cada vez más en Internet”, explicó la ministra, “nuestra capacidad para obtener los datos que necesitamos decrece rápida y peligrosamente”. “Si no actuamos”, advirtió, “corremos el riesgo de caminar sonámbulos hacia una sociedad en el que el crimen no puede ser investigado y los terroristas pueden tramar sus maquinaciones criminales sin freno. Debemos dar a la policía los poderes que necesitan para mantenernos a salvo. Y eso es lo que hará el próximo Gobierno conservador”.
